lunes, 15 de febrero de 2010

El diferendo territorial Guatemala-Belice

 
EL DIFERENDO TERRITORIAL GUATEMALA-BELICE:
Origen, evolución y perspectivas.

Sara Solís Castañeda[1]

Resumen
Esta investigación se refiere al diferendo sobre el territorio beliceño, que data del Siglo XVIII y sigue vigente hasta nuestros días.   El conflicto se desarrolla en torno a un añejo problema territorial que tiene su génesis en antiguas disputas entre los Reinos de España y Gran Bretaña por la soberanía en el continente americano.    Es decir, pues, que es uno de los conflictos más largos de América y la complejidad del mismo radica en que no solamente es muy antiguo sino que es multidisciplinario, ya que abarca diferentes disciplinas:   la legal, política, económica e internacional. 
Guatemala ha reclamado y sostiene, desde su independencia, en 1821, ser la heredera de los derechos del Reino de España sobre el territorio beliceño, amparada en el derecho de sucesión y en el principio jurídico del uti possidetis juris.   La Gran Bretaña, por su parte, sostiene que Guatemala nunca ejerció jurisdicción sobre el territorio de Belice, ni durante la colonia y tampoco después de independizarse de España.
No obstante lo anterior y en un período crítico en la historia centroamericana, en 1859 Guatemala e Inglaterra suscribieron un polémico Convenio de Límites, de diferente interpretación para ambos:  Para Guatemala fue un instrumento de Cesión Territorial, en tanto que para Inglaterra fue un Convenio  de Límites.    Ese convenio incluye una cláusula compensatoria, que Inglaterra nunca llegó a cumplir, obligando a Guatemala, en 1884 a plantear la caducidad del Tratado y la consiguiente reincorporación territorial.
El Siglo XX transcurre por completo sin ver la solución a este añejo diferendo.   Pese a la permanente oposición guatemalteca, Belice obtiene su autogobierno y, en 1981, la independencia de Inglaterra.  Sin embargo, como Estado sucesor del Reino Unido, Belice también heredó la controversia territorial cuando cobró su vida independiente.   
En 1991 Guatemala reconoce jurídicamente a Belice y entabla relaciones diplomáticas con ese país, pero deja pendiente la solución del diferendo con base en el principio de integridad territorial.    Tras lograrse la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, tanto el gobierno beliceño como el guatemalteco han realizado innumerables esfuerzos por encontrarle una solución negociada al conflicto.  En diciembre de 2008, Belice y Guatemala suscribieron un Acuerdo Especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia.   El fallo de dicha Corte será definitivo, inapelable y obligatorio.

Introducción


El diferendo sobre el territorio beliceño es uno de los que más tiempo ha durado en la historia de nuestro Continente.  Data del Siglo XVIII y sigue vigente aún, en pleno Siglo XXI, a pesar de incontables esfuerzos para superarlo.    En este diferendo, Guatemala reclama, al momento de independizarse, en 1821, ser la heredera de los derechos de España sobre el territorio beliceño, al tenor del derecho de sucesión y del uti possidetis juris.   Por su parte, la posición inglesa ha sido que Guatemala nunca ejerció jurisdicción sobre el territorio de Belice, ni durante la colonia y tampoco después de independizarse de España.
La investigación gira, por tanto, en torno a un añejo problema territorial, cuyos orígenes se remontan a viejas disputas entre los Reinos de España y Gran Bretaña por la soberanía en América, donde España había logrado un predominio,  que paulatinamente iría  perdiendo, al manifestarse –especialmente en Centro América-, las ocupaciones inglesas y la expansión económica norteamericana.  
La presente investigación pretende explicar las causas del conflicto, los factores internos y externos, de orden político y económico, que han influenciado la contienda, así como las dificultades que las Partes han enfrentado para finalizar una disputa tan prolongada, cuya duración no ha hecho más que retrasar el desarrollo y fortalecimiento no sólo de dos países hermanos, sino la integración y unión centroamericana, caro ideal de nuestros próceres independentistas.  O sea, este trabajo investigativo aspira aportar, de manera integral, una interpretación del proceso formativo y desarrollo del diferendo territorial entre Belice y Guatemala, constituyéndose en un estudio útil porque pretende abarcar todas sus fases, desde su génesis hasta la actualidad.
Es así como esta investigación presenta las perspectivas para una solución permanente, la única y evidente manera, después de agotados innumerables esfuerzos bilaterales y multilaterales, de dar continuidad a la deseada fase de genuina cooperación y amistad entre Belice y Guatemala, dos países hermanos que están unidos por la misma razón que se han separado:   una frontera, así como por una milenaria y grandiosa cultura Maya, y por dos pueblos deseosos de convivir en paz.
La investigación evidencia, de manera clara, cómo la asimetría entre las Partes, durante la primera fase del conflicto, retrasó su solución; de igual manera que expresa, cómo la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el surgimiento del movimiento descolonizador en el orden internacional, permitieron a Belice alcanzar su autogobierno e independencia y, entonces sí, negociar directamente con Guatemala las posibles soluciones a su disputa territorial, cuyas diferencias abarcan el orden territorial, insular y marítimo.
Históricamente, el diferendo se divide en dos fases, la primera etapa, evidentemente asimétrica, se desarrolla entre la entonces potencia imperial colonial de Inglaterra y la Federación Centroamericana/Guatemala y, luego, se inicia la segunda fase, donde el conflicto se desenvuelve directamente entre las  Partes contendientes, Guatemala y Belice, cuando este último país logra su independencia e incorporación a la ONU en 1981, iniciándose, a partir de entonces, una valiosa y amplia comunicación bilateral entre esos dos Estados.
Este conflicto evoluciona cuando Centro América vivía la peor crisis de su historia.  La Federación Centroamericana se desintegraba y los países aislados acentuaban su debilitamiento a lo externo, frente al filibusterismo y William Walker…  Contrario sensu, contrastan hoy día los esfuerzos de los países centroamericanos por integrarse política y económicamente.   Este deseo de integración representa, en la actualidad, una cierta presión moral en ambos países para solucionar su contienda.  Pero en aquella época, cada Estado se convertía en una nación independiente y, mientras los gobiernos centroamericanos desarrollaban rencillas internas, Inglaterra aprovechaba esa situación adueñándose de casi todo el litoral atlántico de Centro América y disputándose los derechos del futuro canal interoceánico con la emergente potencia hegemónica, Estados Unidos, que pronto habría de iniciar las intervenciones en Centro América y en  el Caribe.
De igual forma, la investigación pone en evidencia cómo las huellas de ese colonialismo nos sigue afectando y repercutiendo en las relaciones interestatales centroamericanas.
Un aporte importante de la presente investigación radica en que el tema del diferendo territorial Belice-Guatemala aún no ha sido abordado con profundidad y rigor científico, como tampoco de forma ordenada y sistemática en toda su extensión.    Previo al desarrollo de este trabajo, la bibliografía disponible  se circunscribe a enfoques muy breves y personales, la mayoría referidos a períodos limitados e incluso parcializados, en el momento en cuestión, al interés de los autores. 

Problemas científicos:
1.   ¿Cuáles han sido las causas por las que el diferendo territorial de Guatemala en torno al territorio beliceño se ha prolongado por casi dos siglos?
2.   ¿De qué manera la reconfiguración del orden internacional en la segunda posguerra ha influido en el curso de las negociaciones con los Estados Partes y cómo puede ese mismo orden internacional incidir en la solución definitiva del diferendo?

Hipótesis
La asimetría en el poderío entre Inglaterra y Guatemala para negociar durante más de 100 años; el surgimiento de un prolongado conflicto armado interno en Guatemala y la utilización política del diferendo para exhortar al patriotismo y al nacionalismo, tanto en Belice como en Guatemala, son los factores primordiales que han contribuido  a retrasar la solución de la disputa territorial entre Guatemala e Inglaterra y Belice, como Estado sucesor. 
La creación de la Organización de las Naciones Unidas y el surgimiento del proceso de descolonización, permitieron que entre 1945 y 1980 los principios internacionales cambiaran,  prevaleciendo el derecho de autodeterminación de los pueblos sobre las disputas territoriales entre los Estados, beneficiando a Belice con su autogobierno (1964) y posteriormente con la independencia (1981), permitiendo, a su vez, diez años más tarde, en 1991, que Guatemala reconociera a Belice y estableciera relaciones diplomáticas con ese país, dejando pendiente la solución de su diferendo, el cual piensan resolver a través de medios pacíficos establecidos por el Derecho Internacional.
Ambas hipótesis serán demostradas por medio de un estudio y análisis histórico desde la génesis del conflicto territorial, ocupándonos también de la evolución del problema a través de las negociaciones realizadas a lo largo de los Siglos XIX y XX, sin dejar de señalar las contradicciones y aciertos en las posturas de las Partes contendientes, principalmente a partir de 1981, cuando da inicio la segunda fase del conflicto, período en que Belice y Guatemala entablan un diálogo directo para la solución de su conflicto.
Los objetivos específicos propuestos son los siguientes:
1.    Interpretar el proceso formativo y evolución histórica del diferendo entre
Belice y Guatemala, desde el Siglo XVIII a la fecha.
2.   Comparar las posiciones negociadoras Inglaterra/Guatemala y Belice/Guatemala, así como sus respectivos alcances.
3.   Presentar y analizar perspectivas para una solución definitiva.
Por las características del tema estudiado, nuestro trabajo no solamente utilizó el instrumental que aportan las ciencias históricas, sino también el que proporcionan las ciencias políticas y las ciencias jurídicas, en particular la rama del derecho internacional público.   Ello le confiere a la investigación un carácter multidisciplinario, si bien predominó el enfoque histórico en los análisis y resultados.
La investigación utilizó un aparato teórico conceptual  que fue de gran ayuda para el análisis realizado.  Con el objeto de demostrar las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos, en la presentación de los resultados del trabajo se tomaron en cuenta varios conceptos, que a continuación se describen:
·         Un Diferendo es una diferencia, desacuerdo, discrepancia entre Estados o instituciones.  También se aplica, pero en menor medida, en el caso de personas.
·         Sobre Derecho Internacional, asumiremos el espíritu de la teoría del ius gentium de Francisco de Vitoria, relacionada a que  el ámbito internacional debe regirse por normas justas y respetuosas con los derechos de todos y a que, el bien común del orbe es de categoría superior al bien de cada estado.   Consecuentemente, entenderemos como Derecho Internacional al conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los Estados  y otros  sujetos de derechos internacional.     En el área  multilateral, éste se nutre de los acuerdos a los que lleguen los Estados en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan.   En ambos casos, bilateral o multilateral, la regulación internacional acordada prevalecerá en su propio territorio y debe ser aplicada por encima de las normas nacionales.
·         Por Relaciones Internacionales utilizaremos la presentada en el libro de Esther Barbé (Relaciones Internacionales) donde aparece la definición de Rosenau, que señala que es un concepto genérico para una amplia gama de actividades, ideas y bienes que cruzan las fronteras nacionales; es decir, las relaciones internacionales comprenden intercambios sociales, culturales, económicos y políticos, que se dan tanto en situaciones ad hoc como en contextos institucionalizados.   Asimismo, asumimos que la sociedad internacional es el objeto de estudio de las relaciones internacionales.
·         En geografía, un límite es una línea o término imaginario que se utiliza para dividir dos o más espacios.  Existen dos tipos de límites: a) Geodésico: Son aquellos que se apoyan en un meridiano o paralelo.  b) Natural: Son aquellos que se dan a través de accidentes geográficos, como un río o una montaña.
·         La frontera es una franja del territorio situada en torno a los límites internacionales.  Las fronteras son las que demarcan la soberanía y el territorio de un Estado, donde este último tiene la facultad de implantar y ejercer su autoridad de la manera en la que lo estime conveniente.    
·         Por Prescripción Adquisitiva utilizaremos la señalada por Oppenheim en el sentido de adquisición de soberanía sobre un territorio mediante el ejercicio continuo y sin oposición de la soberanía sobre ese territorio, durante un periodo de tiempo tal que haya creado la convicción, bajo el desarrollo histórico, de que el estado actual de las cosas está en conformidad con el orden internacional.      
·         Por Descolonización asumiremos la adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1960, relacionada con la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (Resolución 1514 - XV), ya que el movimiento de descolonización, iniciado como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las nuevas condiciones sociales y políticas, tuvo su momentum y fue impulsado en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el XV Período de Sesiones, cuando se emitió dicha resolución el 14 de diciembre de 1960, llamada por los internacionalistas Carta Magna de la Descolonización.  
·         Por No Alineación entenderemos a la política emanada de un movimiento o grupo de países, iniciada en la Conferencia de Bandung de 1955, cuyos principales fines y objetivos fueron recogidos en  “Los Diez Principios de Bandung”.   Dicho Movimiento formula sus propias posiciones independientes, reflejando así sus intereses y condición de países económicamente subdesarrollados y militarmente débiles, cuyos objetivos se han enfocado en el apoyo a la autodeterminación, la oposición al Apartheid, la no-adhesión a pactos multilaterales militares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas y manifestaciones, el desarme, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el fortalecimiento de las Naciones Unidas, la democratización de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconómico y la reestructuración del sistema económico internacional. 
·         Por Autodeterminación recogemos el sentido de la Carta de las Naciones Unidas,   donde se  reconoce, en su primer artículo, el principio de libre determinación de los pueblos, junto al de la igualdad de derechos,  como base del orden internacional.   Así, la autodeterminación es la decisión de los pobladores de una unidad territorial acerca de su futuro estatuto político. 
·         Los Buenos Oficios son una técnica de origen consuetudinario que fueron codificados en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, convocadas para tratar cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz mundial y legislar los comportamientos de las naciones en conflicto.  Entenderemos entonces que los Buenos Oficios son la acción amistosa o técnica de resolución pacífica de conflictos, a través de la cual un tercer Estado, utilizando su influencia política y moral, lleva a las Partes adversarias al terreno de la negociación.   Este tercer Estado no toma parte directa en las conversaciones, aunque puede haber una “discreta injerencia”, a fin de facilitar los medios para que las negociaciones se lleven a cabo, pero no puede hacer proposiciones sobre el asunto.  En ocasiones esta función la desempeñan también representantes de Organizaciones Internacionales, fundamentalmente la ONU.
·         Mediación:   Es la acción amistosa de un tercer Estado o de una organización internacional, pero no se limita simplemente a abrir el camino a la negociación en la forma discreta de los buenos oficios, sino mediante proposiciones encaminadas a darle fin al conflicto, proposiciones que, desde luego, pueden o no ser aceptadas por las Partes.
·         La Conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, el cual se lleva a cabo a través de procedimientos con una serie de etapas, mediante las cuales las Partes que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, hallan la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes.  De igual manera, es un acuerdo de las Partes para evitar una contienda o desistir de la ya iniciada.
·         El Arbitraje es un medio jurisdiccional de resolver las controversias.  Tal como lo define el Convenio de La Haya en su artículo XXXVII “tiene por objeto el arreglo de las diferencias entre los Estados por medio de Jueces de su elección y sobre la base del respeto al derecho.”   Recurrir a un arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia.    
·         La Zona de Adyacencia es una línea a la que se refieren las Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala y consiste en una línea que corre de sur a norte, desde la marca de referencia en el Salto Garbutt y de ahí hasta la marca de referencia en Aguas Turbias, en el norte.  Hay un acuerdo mutuo de que la Línea de Adyacencia no constituye una frontera internacional entre ambos países.   El territorio ubicado a menos de un kilómetro de la Línea de Adyacencia en cualquier dirección (hacia el este o el oeste), es considerado la Zona de Adyacencia.   Línea y Zona de Adyacencia se crearon con el objeto de ubicar monumentos, marcas, mojoneras, piedras o demás instrumentos de referencia para la ubicación de la línea fronteriza.  
·         Referéndum:   También conocido como “Consulta Popular” es un procedimiento político-jurídico,  de participación ciudadana,  por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos que se pretenden ratificar por el pueblo.   A través de éste se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia.
                                        
Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo acceso a una vasta gama de fuentes, que incluye las documentales, bibliográficas, publicísticas y electrónicas.  Sin embargo, debe señalarse  que, a pesar de ser un diferendo surgido en el Siglo XVIII, las fuentes de esa época relacionadas con dicho conflicto son muy escasas y, en la mayoría de ocasiones, las ediciones son parcializadas, principalmente si provienen de una de las Partes contendientes.   La información relacionada a los Siglos XIX y XX es más abundante, comparada a la disponible del Siglo XVIII.  
De otra parte, en el caso de las fuentes relacionadas al tema de la intervención de Estados Unidos en Guatemala y el derrocamiento, en 1954, del Presidente Jacobo Árbenz Guzmán, sí existe y se ha producido una amplia bibliografía, cuya mayor parte se encuentra en idioma  inglés y no traducida toda aún al español. Para la presente investigación se utilizaron fuentes en ambos idiomas, incluyendo material editado en Guatemala, entre ellos el libro reeditado (2004) del connotado escritor y diplomático guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, intitulado “La Revolución Guatemalteca”, cuya primera edición (1955) se realizó apenas un año después de la intervención norteamericana y constituye una obra enriquecida, seria y fundamentada en verdades históricas.    Para este tema también fueron de extraordinario valor los libros La Esperanza Destrozada” y “Guatemala, Más de 20 años de Traición” de Piero Gleijeses y Guillermo Toriello, respectivamente.  El primero aporta abundante información, rigurosamente documentada, sobre la dinámica del proceso guatemalteco y sobre la conjura de Washington contra el gobierno de Árbenz; mientras el segundo se basa en la experiencia personal del autor, que fue uno de los principales dirigentes del último período de la revolución, lo que le confiere un inestimable carácter testimonial.
Las actas, informes, discursos  y resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido muy valiosos, principalmente porque contienen las  consideraciones y expresiones formales de la  voluntad de los países miembros o de los organismos internacionales. 
El libro intitulado “La Historia Diplomática de Honduras Británica 1638-1901” del Profesor de Historia de América Latina de la Universidad de London, R. A. Humphreys, se constituyó en un material de alto valor para este trabajo, principalmente por el período que abarca dicha publicación y porque permite comparar las posiciones históricas de las Partes.
De la documentación oficial beliceña, una fuente sumamente útil fue la reciente “Opinión Legal sobre el Reclamo Territorial de Guatemala a Belice”, editada en 2002, que nos fue facilitada por la Embajada de Belice en Cuba. Sus autores son prestigiosos académicos y jurisconsultos a nivel internacional.  Dicho estudio-informe fue presentado a la comunidad de naciones y organismos internacionales  y constituye un análisis jurídico amplio y exhaustivo sobre el reclamo de soberanía guatemalteca al territorio beliceño. Esta información fue de mucho valor en tanto que aporta, no solamente una visión jurídica  sustentada en la consolidación histórica, que incluye la prescripción adquisitiva, sino proporciona, además,  datos históricos relevantes del área en cuestión; incluye también ejemplos de casos similares presentados ante la CIJ.  
Con un detallado resumen de la campaña de internacionalización de la posición beliceña, que tuvo por objeto ganar el apoyo de la mayoría de naciones del mundo hacia la causa de ese país, se encuentra “El Costo del Conflicto” de Janine Sylvestre, que también aborda  las negociaciones post independentistas, para la incorporación de Belice a los diferentes organismos internacionales, entre ellos la OEA y las avenidas de una futura cooperación entre las Partes.   Necesaria identificación merece, sin embargo, la inexactitud en la fecha de rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Guatemala, misma que se realizó en 1963 y no en la fecha que aparece en el trabajo de Sylvestre.    Ha existido confusión general en dicha fecha, principalmente porque el rompimiento de relaciones diplomáticas, por parte de Guatemala, se llevó a cabo antes (1963) de la Conferencia Constitucional sobre Belice (1964), y no después, como la mayoría de personas lo cree.
No se puede dejar de mencionar la amplia literatura que sobre el diferendo publicó el  distinguido jurista, Dr. Alberto Herrarte, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, que fue muy valiosa para el desarrollo del presente trabajo, dentro de las mismas se cuentan, entre las más recientes:  “La Cuestión de Belice:  Estudio Histórico-Jurídico de la Controversia” editada en 2000 y su último libro intitulado “La Conducta de Gran Bretaña ante el Diferendo sobre Belice”, editada en 2006, que analiza y comenta científicamente, fundamentado en normas y prácticas jurisprudenciales de Derecho Internacional, Clásico, Público y Privado, la posición beliceña presentada en la supra “Opinión Legal sobre el Reclamo Territorial de Guatemala a Belice”, lo que facilitó un excelente instrumento para comprender y realizar un análisis de las posiciones jurídicas de ambas Partes.
Los “Elementos para el Análisis del Caso de Belice” presentados por el Dr. Francisco Villagrán Kramer, ex Vicepresidente de Guatemala (1978-1980) y ex Miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, fueron de inmensa valía para esta tesis, especialmente lo relacionado a la descolonización y la emergencia de Belice como Estado independiente.
Los libros “Hacia dónde va Belice” y “Belice, punto y aparte” de otro ex Vicepresidente de Guatemala (1986-1990), Roberto Carpio Nicolle, también fueron de beneficio en esta investigación, especialmente por la objetividad de sus análisis y porque, además, explican lo que consideran ser una confrontación de poder y su influencia en la política interna de Guatemala.  Son obras que informan con claridad la realidad del problema, sus ángulos y perspectivas.   Igualmente útiles fueron los abundantes anexos presentados.
Nuestros Primeros Padres” del intelectual guatemalteco de orientación marxista Manuel Galich, presenta un  recorrido, respaldado en una amplia como autorizada bibliografía y, a su vez, en un riguroso estudio, de los orígenes de las culturas americanas y los pueblos precolombinos.  Especialmente útil en esta investigación fueron los relatos de hallazgos arqueológicos y las descripciones de los valiosos aportes mayenses a la humanidad, que hicieron que Sylvanus G. Morley declarara al Mundo Maya como “el pueblo más brillante del planeta”, dados sus avances intelectuales y el alto grado de desarrollo cultural.
La recopilación histórica más importante utilizada en esta investigación fue la amplia obra, presentada en seis tomos y editada por la Asociación de Amigos del País en Guatemala, denominada “Historia General de Guatemala”; su utilización fue de alto valor, no sólo porque para la culminación de dicha obra fueron necesarios más de diez años de trabajo, lo que evidencia la seriedad y profundidad de ella, sino porque participaron los más connotados historiadores y especialistas relacionados con temas guatemaltecos, sin limitaciones de nacionalidad, ideologías, campos profesionales y donde se tomó como base exclusivamente la evidencia de sus aportes y su competencia académica.  
Para conocer el contexto histórico latinoamericano en que se desenvuelve el diferendo, fue de mucha utilidad el libro “Historia Mínima de América Latina”, del Dr. Sergio Guerra Vilaboy, que no obstante su nombre, brinda abundante información y, sobre todo, un análisis, a mi juicio muy equilibrado de la compleja dinámica histórica de la región.   Del mismo autor utilizamos también la obra “El Dilema de la Independencia”, que igualmente resultó de gran valor.   Las obras de otro latinoamericanista marxista cubano, el Dr. Alberto Prieto, fueron asimismo de mucha importancia, particularmente el libro “Historia Contemporánea de América Latina.  De la Revolución Cubana a la Actualidad”, que aún se encuentra en proceso de edición, y cuya versión digital me fue amablemente facilitada por mi tutor.
De igual manera, en la presente tesis se utilizaron documentos públicos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Belice y Guatemala, así como folletos editados para informar a la opinión pública sobre el estado de la controversia.   
Se utilizaron tres materiales de video, a saber:    una entrevista realizada al Primer Ministro de Belice, Said Mussa, relacionada con el proceso para resolver el diferendo entre Guatemala y Belice; y dos documentales fílmicos editados por la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres” de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), intitulados:  “Revolución del 20 de Octubre de 1944”; y  “La Caída de Árbenz”.
Uno de los factores de dificultad enfrentados para accesar a la información más  actualizada, es el hecho de que, por tratarse de un asunto vigente, muy sensible y de primer orden en ambos Estados, la negociación aún está en curso y no toda la información reciente es pública, por lo que  se debe trabajar con base en boletines oficiales emitidos de manera ocasional por ambos Estados, así como también con fuentes periodísticas provenientes tanto de Guatemala, Belice y de diferentes países.     Para conocer de inmediato  las noticias y los comunicados oficiales más recientes, la facilidad de uso del internet ha sido primordial y de inestimable valía; el acceso electrónico que se hizo a páginas oficiales de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Belice y de Guatemala fue frecuente y de gran ayuda, como también el que se hizo a las páginas electrónicas de Naciones Unidas y la OEA, donde se localizaron con gran facilidad documentos antiguos, i.e. resoluciones de 1960 y 1980 y comunicados oficiales.
La exposición de la investigación se presenta en una estructura que comprende Introducción, tres Capítulos y Conclusiones.  Asimismo, contiene, además de la bibliografía, varios anexos de apoyo.  Consideramos que los anexos son de mucho valor e incluyen recursos para ilustrar al lector, como son varios mapas y un grupo de documentos de difícil obtención.
En el primer capítulo se destacan los antecedentes históricos del conflicto:  La época colonial; el origen de Belice; los Tratados anglo-españoles de 1763 y 1783; la formación y disolución de la Federación de Centro América; los Tratados Clayton-Bulwer de 1850 y Dallas-Clarendon de 1856; y por último el Tratado de Límites entre Guatemala e Inglaterra de 1859, que representa la base de la reclamación territorial guatemalteca.
Seguidamente, en el segundo capítulo se destacan las negociaciones anglo-guatemaltecas que se realizaron a lo largo del Siglo XX, hasta llegar a la independencia de Belice.   Un aspecto novedoso y sobresaliente en este capítulo es el desarrollo, en torno a la reclamación territorial, de la posición de los gobiernos revolucionarios de los Presidentes  Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954);   destaca en el contexto histórico de la época que, en 1945, al inicio de la Guerra Fría, Gran Bretaña y Guatemala se habían disputado Belice por más de un siglo cuando se instaura el primer gobierno revolucionario guatemalteco, quien le imprimió nuevo vigor al reclamo sobre Belice.  Las reclamaciones guatemaltecas sobre ese territorio fueron entonces mayores, Belice fue el blanco principal del nacionalismo guatemalteco e inclusive se promulgó una nueva Constitución Política, en 1945, en la que se estableció que Belice era parte del territorio guatemalteco y, en 1946 se declaró caduco el Tratado de Límites de 1859.   A partir de entonces, se reinició el litigio que Guatemala había suspendido durante la II Guerra Mundial y se acentúa la controversia territorial, que dura hasta nuestros días.   En 1950 se eligió en Guatemala al segundo gobierno revolucionario, que llegó al poder con la heredada y creciente antipatía del gobierno estadounidense hacia el proceso revolucionario;  dados los graves y prolongados problemas políticos enfrentados por el Gobierno de Árbenz que culminaron con la intervención norteamericana en 1954, el caso de la reclamación de Belice pasó a un segundo plano.  
De igual forma, en este segundo capítulo se explican las razones para el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y el Reino Unido en 1963 y la fallida mediación de los Estados Unidos en el caso del reclamo; finaliza el mismo, brindando información acerca del  momentum que la descolonización jugó en la independencia de Belice, lograda en 1981, así  como también la autodeterminación de los pueblos.
El tercer y último capítulo está dedicado a la fase más contemporánea del conflicto bilateral, especialmente después de alcanzada la independencia de Belice; se explica lo relacionado al reconocimiento de Belice por parte de Guatemala y su respectivo establecimiento de relaciones diplomáticas, que permitió un mejor y amplio camino para la comunicación bilateral.  De igual forma, presenta el rol que juega la comunidad internacional en el apoyo a la solución negociada del conflicto territorial y explica las razones por las que previamente fue decidido someter la reclamación territorial a un procedimiento conciliatorio bajo los auspicios de la OEA y, finalmente, brinda las perspectivas de la decisión conjunta de someter su disputa ante la Corte Internacional de Justicia.
Finalmente, se presentan las Conclusiones de la investigación, se detalla también toda la bibliografía utilizada y se brindan, para mejor comprensión del diferendo y apoyo al lector, varios anexos como información adicional sobre el objeto de estudio.
Dijo Miguel de Cervantes que quien imprime un libro se pone en “gravísimo riesgo, porque es imposible de toda imposibilidad componerlo tal que satisfaga a todos.”  En ese sentido, es preciso mencionar que sería muy ambicioso pretender que la investigación abarque todos los aspectos relacionados al diferendo bilateral; sin embargo, la tesis sí brinda los aspectos más sobresalientes de su génesis, desarrollo y perspectivas.   A nivel personal, la autora se siente muy motivada para continuar el trabajo investigativo y en un futuro seguir profundizando en esta temática y completar la presente investigación y con ello hacer un modesto aporte para aquellos lectores que se interesen en  el conflicto, especialmente en la solución pronta que ambos Estados puedan darle al mismo.

CAPITULO UNO
               ANTECEDENTES E INICIOS DEL CONFLICTO


El escenario:   De la Civilización Maya a la etapa colonial.

Los Mayas ocuparon en la antigüedad el territorio que ahora comprende la Península de Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, hasta Honduras y El Salvador.    Los períodos del desarrollo cultural maya precolombino los podemos dividir en tres:   Preclásico:   2,000 a.C – 250 d.C.; Clásico:  250 d.C.   – 900 d.C.; y Postclásico:  900 d.C. – 1,500 d.C.    La sede de los Mayas en el Reino de Guatemala abarcó en el pasado precisamente todo ese territorio.   De ancho, el Reino de Guatemala abrazaba “desde las tierras más australes de Costa Rica, hasta las más boreales de la Provincia de Chiapa.”[2]    Cambios geopolíticos posteriores causaron que los países centroamericanos trazaran sus fronteras como permanecen hasta hoy. 

El término “Mayab” se utiliza para referirse a los territorios que habitaran los Mayas.   Aunque sus ciudades heredaron a la humanidad portentosas y admirables edificaciones a lo largo y ancho de la República de Guatemala, los centros con mayor densidad poblacional e importancia se circunscriben a ciertas áreas.  El Petén, en la parte norte del país, alberga a los sitios más famosos y admirables por la magnitud de sus construcciones, tales como Tikal y el Mirador, el complejo más grande conocido, y el área de Petexbatún, también en Petén, es una región arqueológica llena de la historia de las ciudades que ostentaron el poder del área.   Referirse a los Mayas es hablar de la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, ya que su rico legado científico y astronómico es universalmente conocido y altamente valorado.    Así era el mundo maya, al cual el arqueólogo norteamericano Sylvanus G. Morley, después de estudiar sus conquistas materiales y sus progresos intelectuales de orden abstracto, lo llama “el pueblo más brillante del planeta”[3].

Manuel Galich en su libro “Nuestros Primeros Padres”, refiriéndose a la milenaria cultura Maya señala que “el desbordante entusiasmo de Morley es compartido, aunque mesuradamente, por arqueólogos y etnólogos contemporáneos como Henry Lehmann (“la más prestigiosa de todas las civilizaciones de la América media”), Frans Blom (“la civilización más grande de la América antigua”), Charles Gallenkamp (“la más elocuente expresión de civilización conocida en la América antigua”)”[4].

De los pocos textos que aún permanecen como testimonios indígenas fidedignos anteriores a la época colonial se encuentran los códices mayas, que son libros escritos antes de la Conquista y que muestran algunos rasgos de la grandiosa civilización maya.  Juntos, los códices, constituyen  una fuente historiográfica de la cultura maya, conjuntamente con las inscripciones  en monumentos, estelas y  piedras que sobrevivieron hasta nuestros días, así como también los frescos de algunos templos.  Únicamente tres códices y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos, a saber:    El Códice de Madrid, también conocido como el Códice Tro-Cortesiano; El Códice de Dresde; El Códice de París, también conocido como el Códice Peresiano; El Códice de Grolier, también conocido como el Fragmento de Grolier.

Por otro lado, de los pocos documentos  mayas que aún se conservan porque sobrevivieron a su destrucción  y que fueron escritos después de la llegada de los españoles se encuentran el Popol Vuh o libro sagrado de los quichés.  Este importante texto prehispánico, que se supone fuera redactado en 1544, está dedicado casi en su totalidad a cosmogonías y teogonías, fue encontrado a fines del siglo XVII en Guatemala.   Otro importante documento con valor historiográfico son Los Anales de los Cakchiqueles, que apareció en 1844; se le conoce también como Memorial de Sololá.  Los Anales relatan, año por año, la historia de los cakquiqueles desde sus orígenes legendarios hasta los tiempos históricos, varias décadas antes de la llegada de los españoles.  Este libro se considera más claro y preciso que el Popol Vuh, tiene más utilidad como texto de historia antigua de Mesoamérica y es en realidad una verdadera crónica aborigen de lo sucedido en la región varias décadas antes de la llegada de los europeos.[5]
 
Los Mayas construyeron impresionantes edificaciones, así como importantes ciudades, dentro de las cuales se cuentan a Nakbé, El Mirador, San Bartolo, Cival, localizadas en la Cuenca del Mirador, en el norte del Petén; durante el período Clásico se construyeron las ciudades conocidas de Tikal  y Quiriguá  (ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y 1981, respectivamente)[6],  Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, así como Ceibal, Cancuén, Machaquilá, Dos Pilas Uaxactún, Altún Ha, Piedras Negras y muchos otros sitios en el área. 

Los monumentos  más notables son las impresionantes pirámides que edificaron en sus centros religiosos, junto a los palacios de sus gobernantes, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén, en el sur del Petén.   Todo Mayab o territorio que ocuparan los Mayas, con sus distintas características, se pueden conocer a través de la Ruta Maya. 

La importancia mundial del área es tal, que alberga, a su vez, la Reserva de la Biosfera Maya, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), como una Reserva de la Biosfera, dentro de la cual se encuentra el  Parque Nacional Tikal, Patrimonio de la Humanidad. 

Dicha Reserva de la Biosfera Maya quedó establecida en 1990, es parte de la Selva Maya y tiene una superficie de más de 2,1 millones de hectáreas.   La administración legal está a cargo del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) de Guatemala.   Sus humedales están reconocidos entre los más importantes del mundo y su riqueza biológica está caracterizada por un complejo ecosistema de selva, con gran abundancia de especies de flora y fauna, siendo algunas de ellas endémicas.   La Reserva contiene un área de bosque tropical entre las más grandes que aún quedan en Mesoamérica.   La combinación de grandes extensiones de bosque con cientos de sitios arqueológicos (algunos de ellos datan de 2000 AC), hacen que la Reserva sea única en el mundo. 

En una parte de esa importante área es donde surge y se desarrollan las principales diferencias entre Guatemala y Gran Bretaña respecto al área de lo que hoy es Belice, que constituye la base del actual conflicto territorial, que tuvo su origen en la época colonial.   

En su cuarto y último viaje trasatlántico (9  de  mayo  de 1502 – 7 de noviembre de 1504), Cristóbal Colón navegó por primera vez en un área muy cercana a lo que hoy es Belice y exploró las costas de Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la región panameña de Veragua; veinte años después, en 1524, Guatemala fue conquistada y colonizada por España, bajo el mando de Pedro de Alvarado.   Un año más tarde, Alvarado fundó, en el emplazamiento de la antigua Iximché, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, misma que, en 1527, se trasladó a un paraje conocido como Almolonga (Ciudad Vieja), al pie del volcán Agua, próximo al lugar donde se alza la actual ciudad de Guatemala.  Sin embargo, debido a su destrucción, ocasionada por la erupción del volcán, la capital fue trasladada a una nueva ciudad, posteriormente conocida por Antigua Guatemala (Valle de Panchoy), cuya fecha oficial de fundación es el 10 de marzo de 1543.

En el Valle de Panchoy la ciudad de Guatemala llegó a su gran esplendor, erigiéndose como una de las más bellas y grandes del Nuevo Mundo.  Por más de dos siglos y medio creció, se embelleció y se hizo famosa por su arte.  La Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala fue la capital del Reino de Guatemala.   El Rey Felipe II le concedió la merced de otorgarle el título de Muy Notable y Muy Leal Ciudad el 10 de marzo de 1566.   Fue la tercera ciudad en contar con imprenta en América, introducida en 1660 por el obispo Fray Payo Enríquez de Rivera.  Asimismo, fue la cuna del periodismo centroamericano, como también se fundó por cédula Real en 1676 y comenzó a funcionar en 1681 la Real y Pontificia Universidad de San Carlos[7].  

Desde 1543 Guatemala formó parte de la Audiencia de los Confines; en 1565 pasó a depender de la Audiencia de Nueva España y en 1570 se estableció la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España, cuyo ámbito de actuación se extendía por toda Centroamérica desde Chiapas hasta Costa Rica.  En 1742 se estableció el primer arzobispado de Centroamérica.   En 1773 la ciudad de Antigua Guatemala, sede de la Capitanía General, fue destruida por la erupción del volcán Fuego y por Real Cédula expedida en San Ildefonso por el Rey de España, el 21 de julio de 1775, se autorizó el traslado de la ciudad de Guatemala al valle de La Virgen o de la Ermita.  El 1 de enero de 1776 el ayuntamiento se traslada al Establecimiento Provisional de La Ermita, como inicialmente se le llamó a la ciudad.  Por orden real del 23 de mayo de 1776, la nueva capital recibió el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. 

Como se colige de lo anterior, lo que es hoy el norte de Guatemala y México, Belice incluido, fue primeramente habitado por los Mayas y luego por sus descendientes, hasta que llegaron los conquistadores españoles. Siglos antes de la llegada de éstos, los Mayas vivían en la región conocida como Belice.  Los españoles penetraron esa área en los Siglos XVII y XVIII y trataron, infructuosamente, de convertir al Cristianismo a los Mayas.  Fueron los bucaneros y leñadores ingleses los que finalmente se establecerían en la entonces inhóspita costa a mediados del Siglo XVII. 

Belice se funda, en primer lugar, sobre la base de una prescripción adquisitiva.  La soberanía británica sobre el territorio se logró sobre la base del proceso de la prescripción adquisitiva, la cual es un medio reconocido por la ley internacional para adquirir soberanía sobre un territorio.   España consideró a los ingleses como intrusos en su territorio.  Inglaterra primero y Belice después, han aseverado que España nunca se estableció en dicho territorio; sin embargo, los españoles continuaron reclamando soberanía sobre el mismo y en varias ocasiones fueron forzados a salir.

R. A. Humphreys señala, al referirse al avance inglés cercano al río Sarstún, en su libro “La Historia Diplomática de Honduras Británica”[8] que  “este avance tuvo lugar en un territorio que estaba exclusivamente ocupado por indios y donde jamás se había ejercido el mandato de España”.   De igual forma,  un Memorándum de la Oficina Colonial del 20 de enero de 1835, expresa lo siguiente:  “La distancia desde el norte del Sarstún hasta donde ese río está realmente ocupado por los colonizadores británicos no se puede determinar con mucha exactitud … pero parece bastante seguro que donde no está ocupado por británicos, no está ocupado por nadie.”[9]

En esa misma área, los primeros misioneros aparecieron en 1550 (Siglo XVI) y evangelizaron la región del chol (grupo lingüístico K’ekchi), desde el sur de Belice hasta la Bahía de Amatique, región que posteriormente se conoció como la Provincia de la Verapaz (Vera-Paz).  “Por lo Civil se divide al Reino de Guatemala en 15 Provincias, de éstas 8 son Alcaldías mayores, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Sonsonate, Verapaz, Escuintla y Suchitepéquez; 2 tienen título de Corregimiento, Quetzaltenango y Chiquimula; una el de gobierno, que es Costa Rica; y 4 son Intendencias de Provincia, León, Ciudad Real, Comayagua y S. Salvador.”[10]   

La historia de la Vera-Paz constituye uno de los temas más interesantes de la conquista de estos territorios bajo el dominio de España.   La Vera-Paz se transforma en el único caso de conquista pacífica acaecida en América, gracias al empeño de los frailes dominicos y franciscanos en llevarla a cabo,  a través de la conversión de los indígenas al catolicismo.  El empeño fue de Fray Bartolomé de las Casas y otros seguidores, que contaron con el apoyo del propio Emperador Carlos V, quien emitió las reales cédulas correspondientes, poniendo bajo su protección personal a los indígenas conquistados.

En “La tierra de la guerra (Tuzulutlán) se convierte en tierra de la paz (La Vera-Paz)”, Alberto Herrarte puntualiza sobre André Saint-Lu, y hace referencia a una información de 1545, hecha en presencia de Las Casas, en la que se relacionaba, además de Cobán y Chamelco, a los pueblos de Patal, Jatic (Tactic) y Tucurú, los dos últimos ya en zona pocomchí.  De igual forma, se menciona que aproximadamente treinta años después, es decir en 1574, según una relación de los dominicos de la Vera-Paz, las fundaciones alcanzaban ya el número de 15, de las cuales seis estaban en zona kekchí (Santo Domingo Cobán, San Juan Chamelco, San Pedro y Santiago Carchá, San Agustín Lanquín, Santa María Cahabón, San Lucas Zulbén), y nueve en el sector pocomchí y la región del Golfo Dulce (Santa Cruz Manché, San Cristóbal Cacoj, Santa María Tactic, San Esteban Tamahú, San Miguel Tucurub, Santa Cruz Cahaboncillo, San Pablo, San Andrés Polochic, San Matheo Xocoloc). 

Sin embargo, los poblados más alejados (Zulbén y los cuatro últimos) fueron abandonados andando el tiempo”, de modo que, en total, fueron diez los pueblos estables fundados en la vieja tierra de guerra transformada en Vera-Paz.  Según la relación de 1574, la Provincia de la Vera-Paz tenía más de 3,000 tributarios, pero de este mismo documento se desprende que 13 años antes había 7,000.  La población empadronada acusaba, pues, un fuerte descenso, y esta tendencia, debida en lo esencial a epidemias y períodos de hambre, se fue acentuando hasta fines del siglo XVI, antes de invertirse en el XVII y especialmente en el XVIII, cuando la Vera-paz volvió a alcanzar y hasta superar su población inicial. 

Al referirse a la defensa del territorio contra los peligros exteriores, principalmente contra las incursiones de los piratas, Herrarte señala que esa defensa consistía sobre todo en la protección de los accesos, es decir, de las casas y de la entrada del Golfo Dulce.  Pero más que a los propios religiosos, esta función correspondía a las autoridades civiles y militares, quienes, según algunas fuentes, “no la desempeñaron con toda la diligencia deseable”[11]

Los acontecimientos ocurridos a lo largo del Siglo XVIII, es decir “los peligros exteriores o las incursiones de los piratas” no afectan al territorio de la Vera-Paz, cuya ocupación por el Reino Unido data desde comienzos del Siglo XIX, en la época de la América española.

Herrarte también menciona, refiriéndose a la Audiencia de los Confines, que “vencidos los obstáculos para la pacificación de las tribus indígenas y ya con una clara visión de sus magníficas condiciones políticas se fundó la Audiencia de los Confines, con la total pacificación de los indios talamancas, en 1660, por Rodrigo Arias de Maldonado.  La Audiencia de los Confines fue establecida por Juan Vásquez de Coronado, vecino de Guatemala y anterior Alcalde de San Salvador.

La Audiencia quedó enmarcada entre el Istmo de Tehuantepec, en México, en donde se forma una estrecha garganta, y el Río Atrato, en el Darién, con su unión en la América del Sur.  Este fuerte bloque colonial, encaminaba al fortalecimiento marítimo en los dos océanos, y aparte del desarrollo de sus territorios habría sido de la mayor importancia, cuando el navalismo anglosajón principiaba a adueñarse, por medio de la piratería, de algunos lugares estratégicos.

La Audiencia comprendía Tabasco, Yucatán, Chiapas (Soconusco), Guatemala (El Salvador), Honduras, Nicaragua (Costa Rica) y Panamá (Veragua y Darién).  La sede de la Audiencia pasó, sucesivamente, de la Villa de Valladolid a la de Gracias, en Honduras, y de allí, a Guatemala, por su mayor importancia relacionada con los territorios vecinos, hoy Estados de México.

A los diez años de fundada la Audiencia, el Presidente, Juan Núñez de Landecho, quien había conseguido ya la Gobernación y Capitanía General, conservando la Audiencia solamente las funciones judiciales, cometió grandes imprudencias, al extremo de que el rey, no sólo hubo de removerlo, sino que, como si los pueblos tuvieran la culpa, suprimió la Audiencia y en su lugar dividió los territorios en dos secciones:  la Audiencia de Guatemala sin los Estados del Norte, con Chiapas y Guatemala, y la de Panamá, con Veragua y el Darién.”[12]

La Audiencia de los Confines constituye, pues, una de las primeras organizaciones administrativas que tuvo el área centroamericana[13], que, como se mencionó, agrupó a todo el istmo centroamericano, desde Tehuantepec hasta el Atrato.   La Audiencia de los Confines fue suprimida por circunstancias ajenas a su lograda administración geográfica.

Herrarte también menciona que se debe consignar muy especialmente que “la Capitanía de Yucatán era independiente del Virreinato de México y que unos años antes de la independencia de estos países, el gobierno español dispuso su incorporación a la Audiencia de Guatemala.   Debe mencionarse, asimismo que, por las amenazas inglesas que posteriormente se indicaran, el gobierno español también tenía el propósito de establecer el Virreinato de Guatemala, para fortalecer su seguridad.  Este Virreinato habría tenido toda la extensión del istmo centroamericano, como lo tuvo la Audiencia de los confines.   El virreinato ya no pudo tener realización porque los trámites se interrumpieron por motivo del terremoto que asoló la capital de Guatemala en 1773.”[14]

La mención de la supresión de la Audiencia de los Confines se hace como razón de la poca efectividad que tuvo la defensa del Reino de Guatemala ante las amenazas de que siempre fue objeto a lo largo de la historia.   También cabe mencionar aquí cómo, posteriormente,  la intervención de naciones extranjeras contribuyó a la desintegración de las Provincias Unidas del Centro de América (i.e. la política de expansión imperialista de Gran Bretaña y de los Estados Unidos; la anexión al Imperio de Iturbide de México).

La Audiencia y Capitanía General de Guatemala constituyeron, pues, la forma permanente mediante la cual el Reino de España administró y ejerció su soberanía en el área.


El conflicto:  La etapa anglo-española.

A principios del siglo XVII, ingleses, franceses y holandeses mostraron gran interés por el Nuevo Mundo, especialmente por las islas del Caribe.  Sus intenciones eran muy diversas; para unos, el fin consistía en crear asentamientos permanentes en América, mientras que para otros el objetivo era el enriquecimiento por medio del comercio clandestino.  Algunos buscaban hacerse ricos, otros huían de la persecución religiosa y algunos más sólo deseaban una forma de subsistencia.  Para muchos, la solución a sus problemas fue la piratería. [15]

Para todos ellos el enemigo común era España.  De aquí que tanto corsarios como filibusteros europeos –los primeros con autorización de sus gobiernos y los segundos sin ella- se dedicaran a la piratería en contra de los barcos españoles.  Su centro de operaciones fue la isla Tortuga, en donde se abastecían de comida, fundamentalmente de carne ahumada y agua dulce.  Se piensa también que en su afán por apoderarse de las riquezas de los barcos españoles que salían de La Habana, los piratas ingleses llegaron a utilizar el territorio de Belice como refugio y centro de abastecimiento.

En relación al origen de la palabra Belice, para algunos, como José Martí, que en su libro intitulado “Guatemala” indicara la probabilidad que el nombre Belice se derive de la palabra Wallis  (“Viniendo de Belice –nombre que de Wallis ha de venir, no de Wallace”[16]), el nombre de Belice proviene, para otros, de una alteración fonética de Wallace; y para otros se deriva de tres posibles palabras mayas:  Belakin, tierra hacia el mar; Balitz, tierra de los Itzá; y Baliz, aguas lodosas.

De igual forma, aunque no se conoce con certeza la fecha del asentamiento inglés en Belice, se menciona la figura de un bucanero escocés, Peter Wallace, jefe de un grupo de bucaneros franceses e ingleses que estuvieron en la isla Tortuga, de la cual fueron expulsados en 1640.   Se afirma que el escocés Wallace llegó a tierra con 80 marinos por la desembocadura del río Belice, siendo los primeros en establecerse.[17]  De aquí que su nombre se le diera al río y al asentamiento, incluso algunos autores han afirmado que Wallace era el lugarteniente de Sir Walter Raleigh[18] y que visitó Belice antes de 1620.

Peter Wallace instaló su centro de operaciones en un islote localizado frente a la desembocadura del río Belice.  Poco a poco, los filibusteros se internaron en la selva, descubrieron las riquezas madereras, que al explotarlas les significaron mayor ingreso económico que asaltar los barcos españoles. 

Originalmente, Belice no fue establecido formalmente como colonia por alguna autoridad británica, sino que los corsarios y bucaneros que abandonaron la actividad pirática se establecieron paulatinamente en las bahías de Campeche y Honduras para dedicarse a la explotación del palo de tinte, producto del cual se extraía el colorante para la lana en tonos de negro, gris, morado y rojo.   Incluso algunos llegaron a Belice porque se les daba el aliciente de cortar palo de tinte en ese lugar para que dejaran sus actividades piráticas tradicionales.

Para hacer frente al acoso de la piratería, España estableció, entre otros, un plan de fortificaciones extraordinariamente eficaz, construyendo castillos y baluartes en algunos lugares clave.  El complejo más notable fue el del Caribe, que empezaba en San Agustín (Florida) y seguía con los morros de La Habana y San Juan de Puerto Rico, los castillos y baluartes de Cartagena y finalizaba con los fuertes de Portobelo y de Veracruz.  Esto se complementó con otras fortificaciones levantadas, entre ellas las del Golfo Dulce[19]  y Campeche.

El asalto a Panamá, en 1671[20], marcó el momento de máximo apogeo del filibusterismo inglés, que entró en decadencia a partir de ese momento.  Se prohibió a los gobernadores conceder nuevas patentes de corso y se otorgó una amnistía a los que habían pirateado hasta entonces, ofreciéndoles la alternativa de convertirse en colonos o ingresar en la Royal Navy.

La práctica de la piratería se hizo cada vez más difícil y, por esa razón, corsarios y filibusteros eran más violentos con los marinos españoles.  Se produjo entonces una pérdida gradual de apoyo de los gobiernos que los respaldaban y, consecuentemente, muchos se interesaron en la explotación y la comercialización del palo de tinte y se asentaron en el área de la bahía de Campeche o en la bahía de Honduras.  Carlos II, Rey de Inglaterra, decretó la supresión de la piratería mediante el Tratado de Madrid de 1667.  A partir de entonces, decayó el monopolio español sobre la explotación del palo de tinte.

Los conflictos entre España y Gran Bretaña eran cada día mayores, por lo que en 1670 fue necesaria la firma de un armisticio entre ambos países.  El tratado fue firmado en Madrid por los plenipotenciarios de las coronas española y británica, Gaspar de Bracamonte y Guzmán y William Godolphin, respectivamente.  Este convenio, conocido como Tratado de Madrid o Tratado de Godolphin, legalizó la presencia inglesa en el continente americano, reconociendo el derecho de posesión de los ingleses sobre las tierras e islas en América y las Indias occidentales.   Dicho tratado fue suscrito  el 18 de julio de 1670 y tuvo como principal causa la lucha de los británicos por obtener preponderancia sobre el extenso imperio español de América, que además fue motivo de las ininterrumpidas guerras entre España e Inglaterra.   

Para 1670, España concedió a Inglaterra la soberanía, propiedad y posesión de todas las tierras, provincias, islas, colonias y dominios situados en la India Occidental o en cualquier parte de la América, que “el dicho rey de la Gran Bretaña y sus súbditos tienen y poseen al presente”.  En este tratado no se mencionó a Belice, pues en esa fecha no tenía Inglaterra colonia ni posesión en Belice. 
En el texto del Tratado Godolphin, al final del Artículo 7º, se encuentra una llamada que dice:
“El no haberse expresado en este artículo cuáles eran tierras, provincias, islas, colonias y dominios que los ingleses poseían en aquel tiempo en la india occidental, ha producido varias contestaciones, y la misma omisión se reconoce en los artículos V y VI de la paz con las provincias unidas en 1648; y aunque por una cédula expedida el siete de junio de 1689 num. 26 y 27, se dijo, entre otras cosas, que las islas que los ingleses tenían en la América eran la Barbada, la Nueva Inglaterra, una parte de la San Cristóbal, la Canadá y la Jamaica, se halla en un tomo en octavo compuesto en inglés por H. Richard Blome, y que traducido en francés fue impreso en Amsterdam en 1688, con el título de América inglesa o descripción de las islas y tierras del rey de Inglaterra en la América, se supone que además de las colonias que expresó dicha real Cédula, poseían los ingleses en aquellas partes las cuatro provincias de la Nueva Jersey, Pensilvania, Mariland y la Nueva York, y las islas de Nevis o Novis, Antigua, San Vicente, la Dominica, Monserrate, la Anguila, La Carolina, la Nueva Foundland, y la de Tabuco, habiendo ocupado después la llamada Providencia: todas las cuales, y otras ocupadas últimamente por franceses, holandeses y dinamarqueses estaban bajo el dominio y posesión de esta corona en el año de 1645; pues en el synodo diocesano celebrado en el referido año en la isla de Puerto Rico, que fue aprobado por el consejo de Indias en el de 1646, e impreso en el de 1647, se halla el folio 127, que concurrieron a él, como del territorio de aquel obispado, los procuradores seculares y eclesiásticos de las islas de Barran, Santa Cruz, las Vírgenes, la Anguila, el Sombrero, San Martín, San Vicente, Sabá, Estacca, San Cristoval, Las Nieves, Redonda, Monserrate, Tilan, Taria, la Barbada, Guadalupe, la Deseada, Marigalan, Todos Santos y la Dominica, que todas son islas de barlovento[21]; porque los de las islas de sotavento concurrirían a los synodos del obispado de Cuba, de que eran dependientes esas islas.[22] 
El “Libro Blanco” de Guatemala indica que Belice no está comprendido en esa nómina de posesiones británicas y que España nunca reconoció legitimidad en las pretensiones inglesas, así como que Inglaterra no tuvo título para basarlas.   Según el relacionado Libro, ni al tiempo de la firma del tratado de Godolphin y tampoco después poseyó Inglaterra el territorio de Belice, no tenía derecho alguno de dominio, posesión o soberanía en esa región que pertenecía a la corona española; señala, a su vez, que “la parte septentrional correspondía a la Nueva España y la meridional a la Capitanía General de Guatemala.”[23]

Los españoles comenzaron pronto a sentirse afectados por la actividad de los cortadores británicos, pues indudablemente sentían peligrar el monopolio hispano.  Por ello, en 1672 se publicó una real cédula que decretaba que el comercio de palo de tinte no era legal y autorizaba la confiscación de navíos madereros extranjeros.  Cualquier actividad de tipo comercial sin licencia en los puertos españoles sería considerada y juzgada como pirata.

Los ataques a los barcos cargados de palo de tinte se incrementaron, por lo que Gran Bretaña inició una fuerte campaña diplomática para obtener la libertad de comerciar con este producto.  Godolphin, embajador británico en Madrid, trató infructuosamente de obtener el reconocimiento español de los derechos británicos en el Caribe, pero ni siquiera logró la reparación de los daños de los barcos que habían sido hundidos.   A pesar de ello, el comercio continuó.

Los conflictos seguían latentes y, mientras Inglaterra mantenía su interés en los asentamientos de palo de tinte, España defendía tanto su monopolio comercial como su posición territorial.  Años después, cuando las dos potencias vieron la magnitud de los recursos madereros en Belice, intentaron modificar el contenido del Tratado de 1670, la primera para agregar algunos artículos que hicieran referencia explícita a los colonos británicos, y la segunda para asegurar la soberanía sobre el territorio. Esta situación culminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, el cual, si bien posibilitó el incremento de la actividad comercial británica en las colonias españolas, no reconoció el derecho de los cortadores de palo de tinte.  Unicamente confirmaba la cláusula del Tratado de 1670, que contemplaba la ocupación inglesa como una concesión a Gran Bretaña.

Al finalizar la década de los treinta del Siglo XVIII, Gran Bretaña estaba decidida a desafiar la soberanía absoluta de España en América y a reclamar su derecho a libertad de navegación y comercio.  Sin embargo, entre 1743 y 1748, toda Europa estuvo inmersa en la guerra de sucesión austriaca, lo que conllevó el resurgimiento de las antiguas pugnas entre Francia e Inglaterra.  Consecuentemente, los británicos abandonaron la idea del comercio directo con las colonias españolas y prefirieron concentrarse en el control de los mercados del azúcar, cuyo precio era considerablemente alto.  Como resultado de la guerra, durante este período Belice fue completamente evacuado, por lo menos en dos ocasiones.

La pugna entre Francia y Gran Bretaña hizo estallar la guerra en 1756.  Para definir el predominio de una sobre la otra, ambas potencias buscaron el apoyo de sus aliados europeos.  España se encontraba sumamente desgastada, por lo que se mantuvo desde el inicio al margen de la confrontación.   Hacia 1761, Carlos III estaba negociando con Francia un pacto de familia.   Dos de las cuatro cosas que quería obtener Carlos III mediante ese pacto, que necesariamente debía arrastrarlo a la guerra de los franceses contra Gran Bretaña:   “que los ingleses se retiraran de Belice y que se prohibiera tanto en España como en Francia la importación de mercancías inglesas.”[24]   Finalmente, España se inclinó por los franceses, y durante siete años combatieron los ejércitos de Francia, Portugal, Inglaterra y España.

Las repercusiones de la contienda en las colonias fueron inmediatas.  En las Antillas, la política británica se enfocó en llevar a cabo grandes expediciones con el fin de capturar las islas enemigas.   Al finalizar la guerra, Inglaterra resultó victoriosa y la única isla que quedó en manos de los franceses fue Saint Domingue.  El 10 de febrero de 1763, se firmó el tratado de paz definitivo, conocido como el Tratado de París, gracias al cual se hicieron varios cambios y devoluciones sobre las posesiones en América.  España se vio obligada a ceder a Inglaterra la Florida y la bahía de Pensacola, para así poder recuperar Cuba y Filipinas.  A su vez, los ingleses restituyeron a Francia las islas Martinica y Guadalupe.   Sin embargo, la debilidad de la corona española era tan notoria, que no pudo obligar a los cortadores del palo de tinte a abandonar Belice.

Con el tiempo, los ingleses empezaron a llamar al territorio de Belice como Honduras Británica.[25]    Con este nombre se le designa en el artículo 17 del Tratado de la Paz de París, firmado entre España e Inglaterra en 1763.   En este documento, la Corona Española concedió a la inglesa el permiso para el corte de madera.  El Tratado de París fue de gran relevancia para la historia de Belice, ya que no sólo en su artículo 17 se estableció el derecho de los cortadores a explotar el palo de tinte, sino también a construir viviendas y almacenes en la bahía de Honduras, lo cual le confería al asentamiento un cierto carácter legal.  No obstante, con el objeto de garantizar la soberanía española sobre el territorio beliceño, se ordenó la destrucción de todo tipo de fortificaciones.  El gran vacío en este convenio fue la ausencia de un artículo o cláusula que fijara de manera clara y explícita los límites dentro de los cuales los cortadores podían llevar a cabo sus actividades.

Así, si bien el tratado de 1763 significó un gran avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de los cortadores británicos de palo de tinte en la bahía de Honduras, éste no trajo consigo una paz duradera en el área.  Dos fueron los ejes de las pugnas subsecuentes entre las potencias europeas:  el problema de la soberanía y la cuestión limítrofe.

Las hostilidades entre Inglaterra y España se reanudaron como consecuencia de la guerra de independencia de las colonias americanas, debido a que tanto españoles como franceses otorgaron su apoyo a los colonos rebeldes en su lucha contra la corona inglesa.  Asimismo, España tomó conciencia de las implicaciones del tratado de 1763, por lo que trató de anular lo convenido por medio del tratado de alianza defensiva y ofensiva celebrado en 1779 entre el gobierno español y el francés, en el cual se establecía la revocación del privilegio concedido a los ingleses de cortar palo de tinte en la costa de Campeche.   Creyendo que se encontraba en una posición ventajosa y segura de su victoria, España declaró la guerra a Gran Bretaña, el 24 de junio de 1779.  Entre otros motivos, se hacía mención a los excesos cometidos por los británicos en la bahía de Honduras.

En septiembre de 1779, España combatía a los ingleses en el Caribe y el primer ataque se registró en Cayo Cocina, en la boca del río Belice.  Cayo Cocina se había convertido en el asentamiento más importante de los cortadores ingleses de madera, que habían construido en ese lugar un poblado, vivían y se movían ahí como si estuvieran en una posesión británica.  Cayo Cocina fue tomado, sus establecimientos destruidos y sus habitantes enviados a La Habana, donde permanecieron hasta el final de la guerra.   Tal vez parezca que el ataque español a Belice de 1779 fue excesivo, pero hay que tomar en cuenta que hacía ya más de un siglo que España venía haciendo reclamaciones en una posesión española; que Inglaterra nunca le disputó a España su derecho de soberanía en ese punto, y que sin embargo nunca se dispuso a hacer que sus ciudadanos respetaran ese derecho español.   Por otra parte, a los ojos de Madrid, Belice representaba algo así como un Gibraltar del Caribe, aunque no fortificado; un Gibraltar moral que España no podía tolerar.”[26] 

La guerra culminó con una nueva derrota para el Reino de España y con un nuevo tratado favorable a los ingleses.  El 20 de enero de 1783 se firmó en Versalles un tratado preliminar de paz, el cual fue ratificado el 3 de septiembre del mismo año.  En virtud del Tratado de Versalles, los cortadores pudieron regresar al asentamiento, ya que en él se ratificaban los derechos establecidos en el tratado de 1763.    En este tratado se estableció, como límites para la explotación del llamado Palo de Tinte, un área de cuatro mil ochocientos cuatro (4,804) kilómetros cuadrados, ubicada entre los ríos Hondo y Belice.

En estos Tratados de Paz de 1763 y 1783, España, aunque reservándose soberanía, acordó con Inglaterra el derecho de cortar y exportar madera de los ríos Hondo al Belice.    A su vez, posteriormente, los británicos solicitaron la ampliación de la concesión, la que obtuvieron en 1786 por mil ochocientos ochenta y cuatro (1,884) kilómetros cuadrados más, territorio que llegaba hasta el Río Sibún.  El permiso para explotar las riquezas de selva comprendía una extensión total de seis mil seiscientos ochenta y ocho (6,688) kilómetros cuadrados, con límites entre el río Hondo por el norte, la provincia de Yucatán y el río Sibún por el sur, permitiéndoles a los ingleses cortar madera de otras clases, hacer cultivos y edificar viviendas.
De acuerdo a lo señalado por Guatemala, esos pactos solemnes, debidamente perfeccionados, demuestran que la Gran Bretaña nunca tuvo dominio sobre las tierras de Belice y que los derechos derivados de las concesiones que se le otorgaron fueron perfectamente limitados y circunscritos, y dejando siempre en pie, en toda su plenitud, sin limitación alguna, la soberanía española.
No obstante, las expansiones inglesas en ese territorio continuaron en lento pero constante avance.   Era difícil impedirlo por parte de las autoridades del Reino de Guatemala:   La piratería sistemática ejercida principalmente por los británicos sobre las costas  atlánticas centroamericanas, las había despoblado y hecho prácticamente imposible la vida en ellas y sus inmediaciones.
Transcurrido el tiempo, los ingleses ubicados en Belice y que de alguna manera ya se habían organizado, dispusieron permanecer en ese territorio, violando así los tratados firmados con España y, en previsión de cualquier ataque, solicitaron refuerzos y pertrechos de guerra a Londres, “los cuales fueron enviados desde Bristol y Jamaica a bordo del Merlin, navío de la flota británica que permaneció en Belice como parte de la ayuda solicitada para la defensa de la colonia”.[27]
Mientras tanto, en Europa la guerra había estallado entre Inglaterra y Napoleón Bonaparte, del cual era aliada España.  Por esta causa el gobernador de Yucatán, Arturo O’Neil, recibió órdenes expresas de desalojar a los ingleses de Belice, lo que no pudo lograr, pues el 10 de septiembre de 1789 se produjo una escaramuza frente al Cayo San Jorge en la que fueron rechazados los españoles.  Este éxito es significativo para la historia de Belice, como del mismo conflicto, pues permitió a los ingleses conservar Belice y esgrimirlo frente a España como un derecho de conquista de las tierras obtenidas en concesión por los tratados de 1783 y 1786.
En Origen del Nombre de Belice (1876) y Belice, Textos de su Historia 1670-1981[28], se señala que “Probada la existencia de Wallace en la persona de Willis, pirata reconocido como tal por la historia, las pretensiones del gobierno a la herencia de ese individuo, son infundadas conforme al derecho de gentes y a sus propias leyes.  Los piratas carecen de título para poseer y hacer suyo lo que adquieren, y como consecuencia de este defecto de título, no pueden transmitir derecho alguno a terceros poseedores, sean éstos quienes fueren.  La Inglaterra puede hollar la fe de los tratados interpretándolos de una manera arbitraria; pero no puede torcer un principio de derecho de gentes universalmente conocido y acatado desde hace más de veinte siglos.”
En 1802, después de los fracasos en Boloña, Cádiz, Puerto Rico, el Ferrol y Tenerife (época napoleónica) Inglaterra se vio obligada a firmar con Francia, Holanda y España, el Tratado de Paz de Amiens, el 25 de mayo de 1802, en el cual se le impuso la obligación de restituir los territorios conquistados durante la guerra a la República Francesa y sus aliados, Su Majestad Católica y la República Bátava,[29] a excepción de la isla de Trinidad en el Caribe y las posesiones de Holanda en Ceilán.
Sin embargo, el territorio de Belice no fue devuelto a España sino continuó en poder de los ingleses, amparados en los tratados interimperiales de 1783 y 1786.  Para conservar Belice fue más conveniente alegar derechos de conquista adquiridos en la Batalla del Cabo San Jorge, pues al no hacerlo, hubiera entonces significado la devolución del territorio beliceño a España.[30]
Poco tiempo después de la paz de Amiens, se invierten los papeles y España en lucha contra los franceses de Napoleón Bonaparte, que habían ocupado la mayor parte de su territorio, se convirtió en aliada de Inglaterra, firmando con ésta un tratado, a la caída del imperio francés, el 28 de agosto de 1814, el cual estipulaba la vigencia de todos los tratados celebrados entre España y la Gran Bretaña con anterioridad a 1797.
Cabe destacar que hasta esos años, Inglaterra no consideraba a Belice como parte de su territorio, sino más bien “un establecimiento para ciertos fines”,[31] es decir, para el corte de palo de tinte, como parece confirmarse con la inclusión de Belice en una ley emitida por el Parlamento Inglés en 1817, con el objeto de imponer el orden en los territorios no considerados ingleses en donde se justificaba su aplicación:  “Para el más eficaz castigo de los asesinatos y crímenes que se cometen en los lugares no comprendidos en los dominios de Su Majestad Británica.”[32]
Consecuentemente y sin que Inglaterra considerara a Belice como parte de su territorio, se llega a la independencia guatemalteca de España y a la conformación de la Federación de Centroamérica.


La independencia:   Nueva etapa del conflicto.
Las Provincias Unidas del Centro de América fue una república federal  que existió en la región desde julio de 1823 hasta 1839, tras la independencia de España.  A partir de noviembre de 1824 adoptó oficialmente la denominación de República Federal de Centroamérica y su capital, inicialmente, fue la ciudad de Guatemala,  hasta 1834; después Sonsonate, por un breve período, y por último San Salvador, de 1834 a 1839.  
La Federación estaba formada por cinco Estados:  Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  En 1838 se formó un sexto Estado, Los Altos,  con capital en la ciudad de Quetzaltenango, con los territorios del occidente de  Guatemala y parte del soconusco de México.
Entre los años de 1838 y 1839, la Federación entró en un profundo período de guerra civil, enfrentando grandes problemas, entre ellos:   a)  En oposición al proyecto federal se encontraban los conservadores, el clero de la iglesia Católica y los grandes latifundistas;  b)  El transporte y las comunicaciones entre los estados miembros eran extremadamente deficientes;  c)  La población, en general, desconocía el beneficio de una integración regional;  d)   El poder de la capital federal (Ciudad de Guatemala, después San Salvador) era casi inexistente fuera de sus límites;   e)  La falta de fondos para su desarrollo y la intervención de naciones extranjeras (i.e. Gran Bretaña, Estados Unidos, México).  
El primer Estado en separarse definitivamente de la Unión fue Nicaragua, en abril de 1838; en octubre esta decisión fue imitada por Honduras y en noviembre por  Costa Rica.     Guatemala se separó en 1839 y, bajo el gobierno de Rafael Carrera,  forzadamente absorbió al estado de Los Altos.   C  Para fines de 1839, la Federación había dejado de existir. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo numerosos intentos para restablecerla, manifestados en las conferencias unionistas centroamericanas  33].
Centro América, al independizarse de España asumió, como los demás países de América sobre los que ésta imperó, la soberanía de la ex metrópoli sobre los territorios de las respectivas demarcaciones coloniales.   La Gran Bretaña fue una de las primeras potencias que acreditaron representación ante el gobierno centroamericano.  Comprobó con ello su reconocimiento de la emancipación y sus consecuencias en lo que se refería a la sucesión, por parte de la nueva República, de los derechos que a España habían correspondido.
En 1834 Frederick Chatfield fue nombrado cónsul británico en Centro América, con la misión explícita de negociar un tratado de amistad y comercio que incluyera una cláusula de convenio de límites con Belice.  Este tratado debía definir los límites del asentamiento, lograr que el gobierno centroamericano abandonara sus reclamos sobre los derechos soberanos de Belice y eliminar los impuestos sobre los bienes beliceños importados.  Sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxito.
A pesar de que las Provincias Unidas de Centro América ya se habían independizado de España, en 1835 Inglaterra solicitó oficialmente al Reino de España la concesión del territorio de Belice, incluida la parte en disputa, petición que fue denegada por la Corona Española[34].  La denegatoria es muy importante porque el informe dado por las autoridades españolas era terminante.   Las autoridades guatemaltecas han señalado que, ni el supuesto abandono por España, ni la ocupación británica podían generar ningún título a favor de Gran Bretaña porque, el territorio no era res nullius y, por sucesión, correspondía a la República Federal de Centro América.   De igual manera, señala Guatemala, que Inglaterra sabía que la ocupación de hecho no generaría título a su favor y por ese motivo es que, en 1835 Gran Bretaña solicitó a España que le cediera todo el territorio actual de Belice, incluyendo el área que hoy día se disputa entre Guatemala y Belice.
Guatemala se declaró República Independiente, por decreto, el 21 de marzo de 1847.   Una vez alcanzada su emancipación, Guatemala reclamó la soberanía de Belice por derecho hereditario y declaró caducos los pactos anteriores.  Sin embargo, Inglaterra sostuvo que los tratados de 1783 y 1786 seguían vigentes, por lo que la soberanía sobre el territorio beliceño recaía aún en España.  Para los ingleses, Guatemala sólo podía ejercer sus derechos sobre los territorios ocupados efectivamente en el momento de la independencia, es decir, fuera de los límites del asentamiento de cortadores.
Aunque las Provincias de Centro América y también Guatemala después de su separación, en 1839, siempre reclamaron la soberanía sobre Belice como una herencia de España, Inglaterra nunca aceptó tales reclamos ya que, según ellos, ni España y tampoco Centro América habían ejercido jurisdicción sobre el territorio beliceño. 
Sin embargo, el gobierno del Estado de Guatemala en la Federación de Centroamérica, ha señalado que, en el legítimo ejercicio de sus derechos y “solamente quien fuera titular de la soberanía territorial podría haber ejercido”[35], otorgó diversas concesiones para explotar los bosques situados al sur del río Sibún y al norte del río Sarstún y respetó siempre el límite de las licencias otorgadas a los ingleses por los pactos de 1783 y 1786.    Una de ellas es la  concesión de tierras para efectos de explotación y colonización en la Provincia de la Verapaz a la Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Co., del 6 de agosto de 1834, aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala el 14 de agosto de ese año. 
No es hasta 1862 que Inglaterra oficialmente reclamó los derechos para administrar la región y se instauró una colonia británica subordinada a Jamaica, situación que se mantuvo hasta 1884, cuando el territorio pasó a ser administrado directamente por la Corona.  El gobierno de Belice estaba  conectado con el de Jamaica desde 1841,  pero esto cambió cuando fue nombrado el primer Gobernador para Belice, en 1884.
El Rey de Inglaterra ha ejercido como Jefe de Estado en la antigua Honduras Británica y ese cargo ha sido llevado a cabo por un representante del Monarca.  El Monarca inglés estuvo representado en Belice por Superintendentes, subordinados al Gobernador de Jamaica; posteriormente, en 1862, aún bajo mando de la autoridad  de Jamaica, Belice fue gobernado por Tenientes de Gobernador, y desde 1884 Gobernadores Generales representan al Rey como Jefe de Estado.   Sólo desde 1962 un  Primer Ministro ejerce las funciones de  Jefe de Gobierno, y representa los intereses de los habitantes de Belice. 
No se podía hacer mucho ante los avances y las imposiciones de hecho por parte de una gran potencia, en aquellos tiempos en que Centro América, recién emancipada y presa de una larga guerra civil, que acabó por destruir la Federación, era demasiado débil.
La ocupación de hecho permitió a Gran Bretaña extender el antiguo usufructo de que limitadamente gozaba.   La Gran Bretaña extendía por toda Centro América sus pretensiones de dominio, bajo la obsesión de asegurarse la construcción del canal interoceánico por Nicaragua.
Desde Belice, los ingleses extendían su autoridad de una manera bastante extraña, a toda la costa Caribe de Honduras y Nicaragua a través de “la más absurda creación política que han conocido los siglos:   el llamado reino de Mosquitia.”  Muchas interrogantes surgían en torno al “reino”… ¿Qué era la Mosquitia?,[36] ¿cuáles eran sus límites y la capital?; qué leyes regían la vida de ese extraño  pueblo y,  sobre todo,  qué pueblo era ese?   Nadie podía dar respuesta a esas interrogantes.   “ Inglaterra decía que la Mosquitia era un reino, que Su Majestad George Frederick había sido coronado solemnemente en la iglesia anglicana de Belice en febrero de 1816 y que la corona había sido heredada por su sucesor en abril de 1824.   En la historia no escrita del mítico reino de Mosquitia no figuraba el nombre de ese sucesor, pero eso tiene poca importancia; lo importante es que había un rey y que ese rey actuaba con el respaldo del superintendente de Belice porque la Mosquitia era un protectorado británico y el representante de la Gran Bretaña ante el rey mosquitio era el superintendente de Belice.”[37]
En “Relaciones entre España y Guatemala”, Rodríguez de Pozuelos señala, en nuestra opinión con cierta cuota de razón,  que “en el análisis de los acontecimientos que vinculan a España y Guatemala durante buena parte del Siglo XIX, merece destacarse la falta de visión de las autoridades guatemaltecas en la forma de tramitar el reconocimiento de la república por España.   En vez de poner obstáculos en aspectos intrascendentes, debieron haber reparado en asuntos de mayor relevancia.”  En ese tiempo, señala Rodríguez de Pozuelos, Guatemala estaba negociando con Inglaterra la situación del territorio de Belice.  Inglaterra fundaba su presencia en dicho territorio en tratados firmados con España, por los cuales obtuvo el usufructo de la zona comprendida entre los ríos Hondo y Sibún.  Guatemala, por su parte, sostenía que de su independencia de España se derivaba que Belice correspondía a la nueva república.  “El silencio sobre este asunto a lo largo de las negociaciones centradas en el tema de la nacionalidad de los españoles residentes en el país, es revelador de la falta de visión y de la negligencia de las autoridades guatemaltecas, en una época en que Inglaterra reclamaba el territorio, incluso hasta el río Sarstún.  Inglaterra pretendió entonces, sin lograrlo, que España le hiciera donación de Belice.”[38]
Ante la incontenible penetración de Inglaterra, el Gobierno de Guatemala se vio en la necesidad de gestionar activamente la celebración de un tratado de límites con aquella potencia, pero tal deseo fracasó debido a la resistencia inglesa para llevarlo a cabo.   Mientras tanto, Estados Unidos, que para entonces había estado ausente de aquello, intervino en el asunto.  Es así como se firmó el Tratado Clayton-Bulwer en 1850 entre Estados Unidos y Gran Bretaña.   
Es muy posible que, en los primeros años de la lucha por la independencia de América Hispana, los Estados Unidos no contaran aún con una clara estrategia respecto a las naciones que se estaban formando en Centroamérica.  Sin embargo, la política de expansión imperialista de Gran Bretaña muy pronto se enfrentó a un nuevo factor de poder que no había imaginado.  Sus ex colonias en pocos años lograron formar y desarrollar una nación poderosa que habría de disputarles la hegemonía en América Latina.   Inglaterra  sugiere entonces a los Estados Unidos, en agosto de 1823, que  las dos potencias marítimas, en forma conjunta, deberían declarar su oposición a cualquier tentativa de potencia europea para apoderarse de las colonias españolas.
Menos de cuatro meses más tarde, el dos de diciembre de 1823, el Presidente James Monroe enuncia los principios fundamentales que más adelante se conocerán como “La Doctrina Monroe”:  Los continentes americanos no serán considerados en adelante como susceptibles de futura colonización por parte de cualquier potencia europea.   Esta declaración y la acción de la Gran Bretaña ya descrita constituyen el golpe de gracia al imperio español en América.
Tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos tenían interés en la construcción de un canal interoceánico que abriera nuevas rutas de expansión comercial, por lo que el 19 de abril de 1850, se firma entre ambas naciones el Tratado Clayton-Bulwer, para establecer la posición de las dos potencias en relación con la probable construcción de un canal interoceánico en tierras de la América Central.
Es de hacer notar la actitud despectiva que asumían Estados Unidos y Gran Bretaña en los acuerdos que afectaban a los países latinoamericanos.  Por regla general, prescindían de ellos en las decisiones tomadas para distribuirse la hegemonía sobre el Continente.  Un ejemplo irritante:  la partición de la Guayana venezolana en provecho de Gran Bretaña, por arbitraje, sin participación de Venezuela en la discusión.[39]
El Tratado Clayton-Bulwer, suscrito en Washington, el 19 de abril de 1850, por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John M. Clayton, y el Ministro Plenipotenciario del Reino Unido,  Sir Henry Lytton Bulwer, tuvo por  objeto establecer la posición de ambas potencias en relación con el proyectado canal interoceánico en territorios de América Central y se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte alguna de Centro América. El Tratado supuso la renuncia a la construcción de un canal a lo largo del istmo de Panamá.  En él se indicaba que ninguna nación podría obtener o mantener ningún tipo de control exclusivo sobre dicho canal, y que a partir de entonces, aquellas zonas de Centro América que no estuvieran ocupadas por potencias europeas ya no podrían ser colonizadas.  
Como lo señala Sergio Guerra, “a pesar de su enorme extensión y creciente industria, Estados Unidos no pudo competir en estos años con los eficientes comerciantes ingleses, por lo que debió limitar sus intenciones hegemónicas en este continente a una ambiciosa declaración programática contentiva de sus aspiraciones (doctrina Monroe, 1823), a los intentos de apoderarse de Cuba y a las acciones de fuerza contra débiles repúblicas latinoamericanas:  como le sucedió a México entre 1836 y 1848, o cuando extendieron sus tentáculos a Nicaragua y otros países centroamericanos (William Walker, 1855-1860) y Nueva Granada (tratado Mallarino-Bidlack de 1848).  En realidad, fue Inglaterra el único escollo serio a la expansión norteamericana sobre Cuba y América Central en los años que antecedieron a la guerra civil de Estados Unidos, lo que explica el interés de la Casa Blanca en la firma de un acuerdo con los británicos.   En 1839 los ingleses se habían apoderado de la isla de Roatán –frente a la costa septentrional de Honduras-, restablecido el protectorado sobre los indios misquitos  en la costa atlántica de Nicaragua y Honduras (1843) y ocupado la población de San Juan del Norte en la desembocadura del río del mismo nombre, al que denominaron Greytown.   Pero la región no era una zona priorizada para los intereses británicos, por lo que Inglaterra aceptó firmar con Estados Unidos, el 19 de abril de 1850, un modus vivendi (tratado Clayton-Bulwer) relacionado con su posible uso como tránsito entre los dos océanos.  Así los ingleses renunciaron de hecho a todas sus pretensiones excepto Belice, que se convirtió en 1862 en la colonia de Honduras Británica.”[40]
El artículo primero de dicho tratado establecía que ninguno de los dos gobiernos obtendrían predominio exclusivo sobre el canal y convinieron, a su vez, que ninguno construiría ni mantendría fortificaciones que lo dominaran o que estuvieran en sus inmediaciones; de igual forma acordaron que tampoco ocuparían, fortificarían ni colonizarían Nicaragua, Costa Rica o la Costa de los Mosquitos, ni asumirían ninguna otra parte de América Central.
El mismo artículo señalaba que ninguno de esos gobiernos se valdría de protección alguna, como tampoco de alianzas con otros Estados para construir o mantener dichas fortificaciones o colonizar cualquier parte de América Central y tampoco ejercer dominio sobre esa región.   Finalizaba diciendo que no se aprovecharían de ninguna relación o influencia para con algún Estado o gobierno por cuyo territorio pasara dicho Canal con el fin de adquirir o tener directa o indirectamente, para los ciudadanos o súbditos del mismo, derecho o ventajas respecto del comercio o navegación por el canal, que no se ofrecieran bajo las mismas condiciones a los ciudadanos o súbditos del otro.
Sin embargo, cuando se procedió al canje de ratificaciones, el representante inglés declaró que entendía que los compromisos de aquella Convención no serían aplicables al establecimiento de Su Majestad en Honduras (Belice) ni en sus dependencias.  El Secretario de Estados Unidos aceptó dicha ratificación, pero más tarde manifestó por escrito que ‘entendía que Belice no estaba incluido en el tratado del día 19 de abril anterior; pero que al mismo tiempo declinaba cuidadosamente afirmar o negar el título británico a su establecimiento o sus supuestas dependencias’.[41]
Los únicos títulos que podía ostentar Gran Bretaña para su ocupación de Belice consistían en los tratados angloespañoles de 1783 y 1786.  Como ya hemos visto, por el primero de éstos España concedió a los súbditos ingleses un derecho de usufructo sobre una extensión de territorio comprendida del Río Hondo al Río Valis o Belice; y por el segundo, la concesión se extendió por el sur, hasta el Río Sibún.  Todo ese territorio se consideraba parte del Reino de Guatemala, como pudo verse anteriormente al referirnos a la Audiencia de los Confines, cuyos límites geográficos englobaban desde el istmo de Tehuantepec hasta el Atrato. 
Sin embargo, después de la Independencia de Centro América, tales límites indelebles habían sido extendidos hasta el río Sarstún por  voluntad de los ingleses.   Gran Bretaña alegaba que tales límites habían sido extendidos desde antes de la Independencia.    También alegaba que el usufructo se había convertido en propiedad por derecho de conquista, y citaba para el efecto la acción ocurrida en 1798, que los ingleses llamaron Batalla de San Jorge, por la que repelieron una expedición que, procedente de Yucatán, no pudo desembarcar en Belice. 
La reserva inglesa relativa a Honduras (Belice) se hizo con el agregado de la expresión ‘y sus dependencias’.  Tanto el título que se daba al territorio, como el agregado ‘y sus dependencias’, crearon confusión, pues los ingleses habían invadido Roatán y pretendían que el protectorado que ejercían en la Mosquitia se reconociera como dependencia de Belice, aunque el Tratado era muy claro en cuanto a la costa de la Mosquitia.
La reserva hecha por los ingleses al Tratado Clayton-Bulwer en relación con Belice y sus dependencias, la interpretación arbitraria que dieron a estos últimos términos, y las ocupaciones sucesivas que hicieron en otros territorios de América Central, violatorias del Tratado, agriaron los ánimos en tal forma que se temió un rompimiento de relaciones.  Los estadounidenses, que aceptaron la declaración inglesa y respondieron tardíamente a las pretensiones correspondientes, no encontraron otra salida que negociar un nuevo Tratado, con el fin de señalar la obligación de los británicos de desocupar los territorios que retenían en América Central, a excepción de Belice, que debería quedar específicamente demarcado. 
Los estadounidenses sabían con certeza que los ingleses no podían ostentar más títulos sobre Belice que los de usufructo, los cuales les fueron concedidos por España dentro de los límites indelebles señalados por los respectivos tratados.  Sin embargo, y con la condición de conseguir el desalojo de los ingleses de los otros lugares, convinieron en firmar un nuevo tratado, el Dallas Clarendon.
Según Herrarte,[42] la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publicó los documentos concernientes a esta agria disputa antes de que fuera firmado el tratado Dallas-Clarendon (Documents Relative to Central American Affaire and the Enlistment Question.  Washington, 1856).   En estos documentos consta la oposición de Gran Bretaña de desocupar los territorios de la costa Atlántica guatemalteca del Sibún al Sarstún, de las Islas de la Bahía en Honduras y de la Mosquitia entre Nicaragua y Costa Rica, exponiendo que el tratado era prospectivo y que no se podía aplicar a territorios ya ocupados.
En la réplica del 22 de junio de 1854, hecha por el representante de los Estados Unidos, James Buchanan, a la declaración de Lord Clarendon, del 2 de mayo de ese mismo año, se hacen severas observaciones en relación a las distintas áreas ocupadas.  Expresa que la ocupación de esos territorios se efectuó en plena violación de los tratados anglo-españoles de 1783 y 1786; que la declaración británica pone en duda el principio de que las provincias centroamericanas al obtener su independencia se transformaron en Estados soberanos, sucediendo, dentro de sus respectivos límites a los derechos territoriales de España; que no presentando razón alguna para negar aquel principio, si una potencia extraña podía permitirse tomar porción alguna del territorio que la colonia emancipada no pudiera defender, todas las potencias podrían ejercer el mismo derecho, lo que produciría una gran confusión e injusticia.  También menciona que si Gran Bretaña estaba autorizada para apoderarse de Roatán, Francia podría hacer lo mismo con otra porción de Honduras y los Estados Unidos una parte de El Salvador, de donde la exitosa independencia, en lugar de ser un beneficio, sería una fuente de expoliación.   Seguramente, dice más adelante, el gobierno británico  pretende aprovecharse de cualquier omisión de esos débiles Estados, agitados en un primer plano por una revolución y, posteriormente, por domésticas disensiones, de efectuar las oportunas protestas.
En lo referente al área del Sibún al Sarstún, la réplica norteamericana formula un apartado especial por estar en la vecindad del territorio concedido en usufructo.   Expone que esa área constituye parte del territorio guatemalteco por pertenecer a la provincia de Verapaz; que el territorio concedido en usufructo termina al Norte del Río Sibún, y que las ocupaciones al sur son sólo ocupaciones de facto, pero no de jure.
Como se ha dicho, el Tratado Dallas-Clarendon fue firmado para solucionar precisamente las diferencias de interpretación del anterior tratado Clayton-Bulwer de 1850 y la tirantez derivada del mismo.  El Dallas-Clarendon se firmó el 17 de octubre de 1856, y se refería a la desocupación británica de América Central, aunque en su artículo II Adicional expresaba lo siguiente:
“Que el establecimiento de Su Majestad Británica llamado Belice u Honduras Británica, en las costas de la bahía de Honduras, limitado al Norte por la provincia mexicana de Yucatán y al Sur por el Río Sarstún, no estuvo ni está comprendido en el Tratado celebrado entre ambas partes contratantes el 19 de abril de 1850, y que los límites del mencionado Belice al Occidente como existían el mencionado 19 de abril de 1850, deberán, si fuere posible, ser establecidos y fijados por un Tratado entre Su Majestad Británica y la República de Guatemala, dentro de dos años a contar del cambio de ratificaciones de este instrumento; y cuyas fronteras y límites no deberán en ningún tiempo ser ensanchados en lo futuro.”
Por lo que se ha visto, el gobierno de los Estados Unidos creía que Belice formaba parte de Guatemala, o en último caso de México, por haber heredado el territorio de España, y que los derechos de la Gran Bretaña sólo se referían al usufructo que España le había concedido.  Sin embargo, se desentendió del problema, al referir la legalización de la posesión del territorio a un tratado de límites de Belice entre Guatemala y Gran Bretaña. 
Es paradójico que en el Tratado Dallas-Clarendon se haya precisado que el límite sur de Belice era el Río Sarstún, contradiciendo las opiniones manifestadas con anterioridad por los Estados Unidos, que reconocieron como límites de la colonia inglesa los fijados por las concesiones españolas; es contradictorio, asimismo, que se haya establecido para Inglaterra una obligatoriedad de delimitar el territorio de la colonia y que se haya puesto un plazo de dos años para llevarla a cabo, sin tomar en cuenta para nada a Guatemala, la otra nación interesada en el caso Belice.   Es obvio que estas grandes potencias disponían inauditam partem de los territorios de Centro América.
Centro América, efectivamente, pasaba por la peor crisis de su historia.  La Federación se había hecho pedazos y sus parcelas, disgregadas, se hacían la guerra unas a otras y acentuaban su debilitamiento.  Cada Estado se convertía en una nación independiente y mientras los gobiernos se entretenían en rencillas internas, Inglaterra se adueñaba de casi todo el litoral atlántico de Centro América, hasta Costa Rica.  A su vez, se había apropiado también de algunas islas en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico.   Igualmente, el filibusterismo y William Walker produjeron un pánico justificado, pues en un principio contó con el apoyo de determinados sectores públicos de los Estados Unidos.   Para los pueblos de Centro América, Walker y sus filibusteros significaban el dominio y la conquista por parte de los norteamericanos.
Inglaterra intervino, por un lado, en Belice, Nicaragua, las Islas de la Bahía y la Costa de los Mosquitos; y por el otro, los Estados Unidos lo haría, desde ese momento en adelante,  en Nicaragua, Cuba y Puerto Rico, se posesionaron de las bahías de San Nicolás y Samaná en Haití y Dominicana, respectivamente, arrebataron a Colombia el istmo de Panamá al promover su independencia y afirmaron su soberanía sobre la zona del Canal de Panamá, que pasó a ser posesión de los Estados Unidos quienes, a la larga, desplazarían a la Gran Bretaña de Centro América, salvo Belice, logrando el control de la vía de comunicación interoceánica ambicionada por los ingleses.
El Tratado Dallas-Clarendon fue firmado, pero no fue ratificado por los Estados Unidos.  Esto hizo volver las cosas al statu quo anterior, o sea al Tratado Clayton-Bulwer, lo que a su vez trajo consecuencias muy importantes en las relaciones entre la Gran Bretaña y Guatemala.
El polémico Tratado de Límites.
   El General Rafael Carrera, entonces Presidente de Guatemala, buscó encontrar una solución definitiva al diferendo territorial, ya que las presiones políticas que enfrentaba lo obligaban a dedicar toda su atención a resolver los problemas internos, mientras que Inglaterra presionaba para obtener el control del territorio en disputa.  Esto llevó a la negociación y de ella surgió la Convención de Límites, firmada en 1859 entre Guatemala e Inglaterra.
En 1856 la cancillería de Guatemala había enviado instrucciones a su ministro plenipotenciario ante la corte de Londres, Juan Francisco Martín, para que se negociara con la Gran Bretaña un tratado de límites, solicitando además, una compensación por el territorio invadido, a lo que se negó Gran Bretaña; sin embargo, las negociaciones entre ambas naciones se iniciaron en Londres, el 2 de junio de 1857, con Lord Clarendon, secretario de Estado del gobierno de Su Majestad Británica. 
Las conversaciones preliminares duraron varios meses, durante las cuales Guatemala actuó compelida por “la inseguridad de la situación, los temores de nuevas invasiones filibusteras, la falta de orientación y de conocimiento de lo que pasaba en el mundo en relación con los Estados Unidos y la Gran Bretaña, hasta el punto de que la cancillería guatemalteca ignoraba que se había firmado el Tratado Dallas-Clarendon.”[43]   
A pesar de que Guatemala ha señalado en su Libro Blanco que todas esas penosas circunstancias le restaron fuerza para reclamar con energía su derecho y rechazar vigorosamente las pretensiones expansionistas de los colonos ingleses en Belice, no constituyen ninguna justificación para las acciones que posteriormente se llevaron a cabo y que perjudicaron enormemente su misma reclamación territorial, como ocurriría en 1931. 
Con el fin de evitar la interferencia de Estados Unidos en Centro América, Gran Bretaña intensificó sus esfuerzos por llegar a un acuerdo.  A principios de 1857, el Secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro de Aycinena, ordenó al ministro Martín gestionar el tratado de límites mediante el cual Guatemala renunciaría a la porción territorial de Belice, a cambio de protección armada de la corona en contra de los filibusteros estadunidenses.
La falta de ratificación del tratado Dallas-Clarendon marcó un cambio de actitud en Gran Bretaña.  Se actuó apresuradamente para conseguir de Guatemala su asentimiento a la forma en que intentaba resolver la cuestión de Belice. El 2 de septiembre de 1857, el gobierno guatemalteco aprobó el borrador del tratado de límites elaborado por el ministro Juan Francisco de Martín.  Sin embargo, el gobierno inglés dejó transcurrir todo el año 1858 antes de emitir pronunciamiento alguno.  Finalmente, el comisionado británico, sir Charles Lennox Wyke, se presentó oficialmente en Guatemala, el 7 de abril de 1859.
En “Hacia dónde va Belice”, Carpio Nicolle señala que Lennox Wyke  llegó a Guatemala, no a discutir condiciones de un tratado, sino a imponer el que ya traía preparado.   El 30 del mismo mes se firmó el tratado de límites en el cual, por primera vez, se denominaba a Belice como país y se aclaraba que al fijar los límites sólo se reconocía una frontera ya existente, sin que se tratara de una cesión o adquisición.  En el artículo séptimo se estipulaba que las partes contratantes debían colaborar en la construcción de una vía de comunicación entre ambos países.  Guatemala ratificó el convenio al día siguiente, el primero de mayo, e Inglaterra hizo lo propio el 12 de junio.  Las ratificaciones fueron canjeadas el 12 de septiembre del mismo año.  
Carpio Nicolle menciona que “La convención no habla de compensaciones, porque no podía ser empleada la expresión correcta; pero se sobreentiende que lo pactado en el artículo VII es una compensación exigida por Guatemala y otorgada por la Gran Bretaña”.   Esta compensación no figuraba en el borrador remitido a Mr. Wyke y hubo de aceptarla de mala gana ante la insistencia del Ministro de Guatemala, Pedro de Aycinena;  “Como V.E. verá, decía el señor Aycinena, contiene una compensación por el abandono de nuestros derechos sobre los territorios indebidamente ocupados por los pobladores de Belice.[44]
En relación al Tratado de Límites de 1859, es imperativo destacar dos artículos de dicha Convención:  el primero de ellos que se refiere a los límites de Belice antes de 1850 y fue colocado por Gran Bretaña a propósito, para evitarse conflictos con los Estados Unidos, y el artículo séptimo que contiene la cláusula compensatoria que Inglaterra nunca llegó a cumplir, base de la posterior reclamación de Guatemala.
Su artículo primero dice:  Queda convenido entre la República de Guatemala y Su Majestad Británica que los límites entre la República y el Establecimiento y posesiones británicas en la bahía de Honduras, como existían antes del 1o. de Enero de 1850 y en aquel día y han continuado existiendo hasta el presente fueron y son los siguientes: Comenzando en la boca del río Sarstoon en la bahía de Honduras y remontando la madre del río hasta las Raudales de Gracias a Dios; volviendo después á la derecha y continuando por una línea recta tirada desde los Raudales del Río Belice, y desde los Raudales de Garbutt, norte derecho, hasta donde toca con la frontera mexicana. Queda convenido y declarado entre las altas partes contratantes que todo el territorio al norte y este de línea de límites arriba señalados, pertenece á S.M.B.; y que todo el territorio al sur y oeste de la misma pertenece a la República de Guatemala.”[45]
El artículo séptimo, considerado como compensatorio, contiene de manera ambigua las obligaciones de los pactantes en lo que se refiere a establecer la comunicación más fácil entre la costa atlántica, a inmediaciones del territorio de Belice, y la capital de Guatemala.  En realidad, el artículo séptimo no existía, según parece, en el borrador del negociador británico y su interpretación es tan ambigua que no es de extrañar que la Gran Bretaña no lo cumpliera y fuera necesaria una nueva convención para darle cumplimiento:  se firmó el 5 de agosto de 1863 en Londres.[46]   Esta convención consta de cinco artículos y determinó la forma cómo se habría de construir una carretera, que bien podría haber sido la actual ruta al Atlántico, y las obligaciones de los contratantes.   Por este pacto, Guatemala recibiría 50,000 libras pagaderas en cinco plazos de 10,000 cada uno, para la construcción de la carretera, y tendría que construirla en el término no mayor de cuatro años a partir de la iniciación de la obra.    El artículo quinto hace constar que Guatemala acepta la compensación y concede un amplio finiquito a lo estipulado en el artículo séptimo de la Convención de 1859.
La Gran Bretaña no cumplió con Guatemala y logró, después de las dos convenciones, retener el territorio beliceño al sur del río Sibún, sin problemas con los Estados Unidos, al forzar a Guatemala a reconocer la existencia de hecho de esas fronteras, que no las eran antes de 1850 ni habían sido establecidas en los tratados con los españoles.  Es muy posible que la expansión inglesa anterior a 1850 no se orientara hacia el norte del río Hondo en el territorio de Yucatán, debido a la topografía del territorio y especialmente por la presencia de tribus mayas en rebelión contra México, pues, aunque los ingleses las armaban, les hubiera sido mucho más difícil conquistarlas que tomarlas como aliadas.  No sucedía así en el sur en donde no tenían ningún obstáculo hasta el río Sibún.   Tal era la debilidad de Guatemala, que dejó penetrar a los ingleses en sus departamentos de Verapaz y El Petén, simplemente por abandono de los mismos o incapacidad para defenderlos.
En Belice, “Textos de su historia, 1670-1981”, Toussaint señala que “El tratado no precisaba el término en el cual debía llevarse a cabo la obra ni su cuantía material y tampoco se aclaraban las responsabilidades de cada una de las partes en la construcción de la misma, quedando todo ello sujeto a un supuesto acuerdo verbal del cual tanto Inglaterra como Guatemala tenían su propia interpretación.”[47]
Según Toussaint, Inglaterra interpretó y estaba convencida de que debía proporcionar todo lo necesario para la dirección científica y los trabajos especializados, mientras que Guatemala debía suministrar los materiales y la mano de obra, quedando a cargo de ambos gobiernos el pago de los salarios.   Igualmente, indica que Guatemala estaba segura de que Inglaterra no sólo debía cubrir la dirección técnica, sino que debería pagar la totalidad de los salarios de la mano de obra guatemalteca.
A principios de 1860 viajó a Guatemala el capitán de ingenieros reales de su majestad, Henry Wray, con la importante misión de iniciar los trabajos de construcción de dicha obra.  Cuando la ruta fue definida, Wray estimó que el costo de la construcción era de 150,000 libras esterlinas, a realizarse en un tiempo aproximado de cuatro años.  A su  regreso a Londres, Wray expresó serias dudas en el sentido de que el gobierno guatemalteco pudiera dar cumplimiento a las obligaciones pactadas.  A partir de entonces, Gran Bretaña se ciñó estrechamente a la interpretación literal del artículo séptimo y, en lo inmediato, no se pudo llegar a ningún acuerdo.
El Acta Constitutiva de la República de Guatemala, promulgada por la Asamblea Constituyente el 19 de octubre de 1851, no otorgaba facultad alguna para celebrar tratados de límites, mucho menos de cesión territorial.[48]   De manera que, según la Ley Fundamental de la República de Guatemala, cuando se celebró el Tratado ninguna autoridad estaba autorizada para firmarlo y debió haberse convocado una Asamblea Constituyente para que dispusiera sobre el fondo y forma del asunto.  Obrar de otra manera significaba hacerlo fuera de la ley, lo cual producía nulidad del Tratado, por inconstitucional.  De todos modos, el hecho insólito de que el Tratado hubiera sido ratificado, sólo con el dictamen del Consejo de Estado y sin pasar por la Cámara de Representantes, lo viciaba también de nulidad, aunque dicha Cámara conociera del asunto ocho meses después de consumado.
El Presidente Rafael Carrera, como lo señala el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el expediente 1129-96, violó la Constitución vigente en ese momento, porque ésta solo le permitía al Mandatario firmar acuerdos de alianza, amistad y comercio.  Además, el convenio violó el Tratado Clayton-Bulwer, lo que motivó el envío de una carta de protesta de parte del gobierno de Estados Unidos, en la que se indicaba que dicho acuerdo se oponía a la historia de la Federación Centroamericana y a la propia historia de Guatemala.
Suponiendo, sin concederlo, que los pactos angloespañoles de 1783 y 1786 hubieran dado a Inglaterra soberanía sobre la región comprendida entre los ríos Hondo y Sibún, sólo sobre tal región debió precisamente versar la delimitación que iba a convenirse; pero por la convención de 1859 Guatemala renunció, además, a su legítima soberanía sobre la enorme extensión comprendida entre el río Sibún hacia el sur, hasta el río Sarstún, entre cuyas desembocaduras hay unos ciento treinta kilómetros en línea recta; y tal circunstancia obligó a Inglaterra a insertar en la mencionada convención el artículo VII que, aunque sin relación aparente con la demarcación limítrofe, es una cláusula lógicamente compensatoria.
De no estimarse el artículo VII en ese sentido y como parte integrante del pacto en que Guatemala hacía cesión implícita de su dominio en favor de la Gran Bretaña de un territorio a que ésta no tenía derecho alguno, la gran potencia no tendrá cómo explicar la inserción, en un pacto puramente de límites, de la cláusula que la obliga a realizar una obra pública en país extranjero.   Y no solamente en forma implícita está establecido el sentido compensatorio del artículo VII. En la correspondencia oficial inglesa acerca de este asunto, queda claramente demostrado lo mismo.[49] 
Si en la convención del 30 de abril de 1859 se hubiera dicho expresamente que Guatemala cedía a Inglaterra el extenso territorio comprendido entre los ríos Sibún y Sarstún, Inglaterra había faltado ostensiblemente a los preceptos del tratado; si de modo categórico se hubiera dicho que la construcción del camino era compensación, también se exhibía el quebrantamiento de obligaciones que no admitían réplica. Fue necesario, en las circunstancias especiales de Guatemala, reconocer lisa y llanamente la frontera del Sarstún, como si la Gran Bretaña hubiera sido dueña del territorio delimitado por ese río, para que el tratado Clayton-Bulwer no apareciera conculcado.   Esa es la génesis del artículo VII de la convención de 1859, y tal la razón de su vaguedad e imprecisión.
Villagrán Kramer señala, en relación al tratado Clayton-Bulwer que “los hechos revelan que Gran Bretaña se comprometió con Estados Unidos en 1850 por el Tratado Clayton-Bulwer a no ocupar, fortificar, colonizar o jamás ejercer dominio en Nicaragua, Costa Rica, la Costa Mosquitia o parte alguna de Centro América.  Esa estipulación en beneficio de tercero –stipulation pour autri – pacta tertis.  nec nocent, nec prosunt- obviamente restringía su libertad a suscribir otro tratado en el que y por el que admitiera que adquiriría, en violencia a lo pactado con otras potencias, y por cesión, un territorio en tierra firme centroamericana.   Por otra parte, también estaban los tratados que celebró con España en el siglo XVIII en los que redujo el llamado Establecimiento Británico en Belice a un área determinada y aceptó someter a un determinado régimen:   Usufructo.   Salvando el tutelaje que ello representaba, Guatemala se benefició y aún se beneficia jurídicamente con ese compromiso.   Se explica, así porqué Gran Bretaña no podía admitir que se mencionare o identificare en la convención de 1859 la cesión territorial que Guatemala le hacía.”[50]
En este mismo sentido, de manera interesante, Herrarte menciona que “El Ministro de los Estados Unidos en Guatemala, Beverly L. Clarke, con fecha 1º. de octubre de aquel año (1859), protestó formalmente ante el gobierno de este país por la firma del Tratado.  Decía el referido diplomático que tal instrumento violaba el Tratado Clayton-Bulwer; que si bien era cierto que Clayton había aceptado las reservas de Inglaterra, éstas se referían al verdadero Belice, o sea a la facultad conferida a los ingleses por medio de los tratados de 1783 y 1786, de gozar de privilegios específicos, no transferibles y con límites indelebles; que el tratado angloguatemalteco concedía a los territorios que éstos nunca habían poseído antes del 30 de abril de 1859, y que la Gran Bretaña, ni por la excepción a favor de Belice, ni por argumento de título de conquista, ni por la presunción de que los territorios no están dentro de los límites de Centro América, tenía derecho a ensanchar y continuar su ocupación y dominio sobre el territorio entre los ríos Sibún y Sarstún, y el hacerlo constituía una violación más del Tratado Clayton-Bulwer.”[51]
Como se menciona ut supra, hubo de entrarse a nuevas pláticas para sustituir el artículo VII por otra convención complementaria que el gobierno inglés pudiera cumplir. Y después se firmó en Londres la convención complementaria de 1863, con la cual desaparecía el artículo VII y, en cambio, el gobierno de Guatemala recibiría £50,000 a plazos.
Guatemala estaba comprometida en una de tantas guerras que caracterizaron el período posterior a la independencia, y no pudo ratificar la convención complementaria dentro del período de seis meses. Tampoco Inglaterra la ratificó: ante estos hechos declaró la Gran Bretaña que nada debía a Guatemala y que el artículo VII quedaba cancelado y sin valor alguno.
Coincidiendo con Herrarte, es interesante destacar la doctrina inusitada que Inglaterra sostiene para excusar el cumplimiento de obligaciones bilaterales. La convención de 1859 queda sin efecto en cuanto favorece a Guatemala, pero está en todo vigor para cuanto favorece a Inglaterra.
Guatemala ha hecho también alusión a que la Convención de Límites de 1859 es un tratado de cesión, ya que el territorio de Belice le perteneció al Reino de España hasta 1821, fecha de la independencia de Guatemala, así como que ésta última heredó el territorio de Belice al tenor de la doctrina del uti possidetis[52].   Sin embargo, Gran Bretaña primero y Belice posteriormente, han señalado que en los años posteriores a 1786, los colonizadores británicos comenzaron a ocupar zonas fuera de los límites establecidos en los Tratados, así como que la autoridad española sobre el territorio beliceño se había ya debilitado y, después de 1798, dejó de existir por completo en esa zona.    
La demarcación fronteriza se inició tres años después de la suscripción del Tratado de Límites de 1859, es decir, el 30 de noviembre de 1861, bajo la supervisión de Manuel Cano Madrazo, representante de Guatemala y del Capitán Enrique Wray, representante inglés.  Wray recibió órdenes de suspender la demarcación y hasta mayo de 1862 solamente se colocaron 29 pirámides.  Desde entonces, nunca se continuó la demarcación de lo que sería el límite fronterizo y, como Inglaterra jamás cumplió con la cláusula séptima, el Gobierno de Guatemala protestó y denunció el documento en 1884, lo que fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala en 1946, durante el primer gobierno revolucionario, presidido por el Dr. Juan José Arévalo Bermejo.
En “La Cuestión de Belice – Estudio Histórico Jurídico de la Controversia”, Alberto Herrarte señala que “El análisis de los hechos nos revela que en un período crítico de su historia Guatemala fue desposeída de su territorio y que fue forzada a firmar un convenio cuyo texto y apariencia es de límites, pero que en el fondo era de cesión territorial; que el convenio se incumplió por parte de Gran Bretaña en lo que constituía una compensación; que el incumplimiento de esta cláusula y su posterior denuncia por Gran Bretaña obligó a Guatemala a denunciar la totalidad del tratado, que, por consiguiente, quedó anulado y sin valor alguno conforme las reglas del Derecho Internacional existente.”[53]
Guatemala no ejerció las acciones jurídicas correspondientes porque el Derecho Internacional de aquella época era totalmente descentralizado y desinstitucionalizado.  ¿A quién podría acudir una nación pequeña ante la nación más poderosa de la tierra?    Guatemala propuso un arbitraje internacional, lo que Gran Bretaña se negó a aceptar, y no le quedó otra alternativa que protestar por la ocupación territorial y denunciar el tratado en 1884.   Pasaron largos cuarenta años de la denuncia y Gran Bretaña no contestó.     Tiempo después, Gran Bretaña exigió el amojonamiento; y así, el asunto pareció cobrar vigencia; una falsa vigencia.  Gran Bretaña sabía que siendo de límites el tratado no podía ser denunciado.    Guatemala tenía que demostrar que era de cesión territorial. 
Por su parte, el actual Gobierno de Belice señala, de acuerdo a su Opinión Legal sobre el Reclamo Territorial de Guatemala a Belice”[54] al referirse en el párrafo 24 a la cesión territorial aludida por Guatemala, lo siguiente:  “24.  Debe señalarse que en el texto del Artículo I no hay nada que pueda sugerir que el propio tratado sirviera como instrumento de transferencia de un título de propiedad sobre algún territorio de Guatemala a Gran Bretaña.  Es más, el texto indica lo contrario, porque los límites se describen como si hubiesen existido nueve años antes del Tratado, es decir como se encontraban el 1º. De enero de 1850, fecha que no tendría nada que ver con la idea de transferir derecho de propiedad alguno a partir del Tratado.  Por consiguiente, el Tratado es un reconocimiento recíproco del derecho de propiedad por ambas partes; no es únicamente un tratado con efecto prospectivo unilateral.  El lenguaje de la última oración del Artículo I, citado arriba, que reconoce que todo el territorio al norte y este de la línea pertenece a Gran Bretaña y que todo el territorio sur y oeste de la misma línea le pertenece a Guatemala, no puede interpretarse como una cesión de territorio por Guatemala a Gran Bretaña, como tampoco como una cesión de territorio de Gran Bretaña a Guatemala.”    
También señala actualmente Belice, en el párrafo número treinta (30) de la relacionada Opinión Legal, lo siguiente:  “30.  No nos inmiscuiremos con Guatemala en una discusión sobre los detalles del cumplimiento o desacato del Artículo VII.  El alegato sobre el incumplimiento por parte de Gran Bretaña de lo establecido en ese artículo sólo se refiere al período de dominio de ese país en Honduras Británica.   Cualquier responsabilidad en que haya incurrido Gran Bretaña durante ese período incumbe sólo a ese país y no puede recaer sobre Belice.   Por tanto, no corresponde a Belice alegar el caso de Gran Bretaña en este sentido, ni a nosotros expresar criterio alguno a ese respecto.  En todo caso, aun cuando Gran Bretaña hubiese cometido una violación, ello no habría justificado la terminación del tratado ni ocasionado la devolución del territorio a Guatemala.”
El Siglo XIX termina en esas circunstancias; la denuncia guatemalteca del Tratado de Límites de 1859 se había consumado veinticinco años después, en 1884, y el Convenio era considerado nulo para Guatemala, pero no para el Reino Unido.   El Siglo XX se iniciaría y transcurrirían cien largos años más, sin que al diferendo pudiera ponérsele fin.


CAPITULO DOS
LAS NEGOCIACIONES DEL SIGLO XX



Cuatro nuevas décadas de litigio.
Guatemala permaneció medio siglo sin la comunicación atlántica prometida por Inglaterra en compensación de su soberanía en Belice.  Tal situación se mantuvo desde 1859 hasta la inauguración del ferrocarril, en 1908, que Guatemala se vio forzada a construir, con sus propios recursos y en sustitución de la carretera.    La construcción de esa vía de comunicación introdujo un cambio sustancial en las relaciones jurídicas entre Guatemala e Inglaterra, orientándose Guatemala, a partir de ese momento, en dirección de acentuar el incumplimiento del Reino Unido de la obligación conjunta establecida en el artículo VII del Tratado de Límites de 1859. En este sentido, Guatemala señala que la falta de cumplimiento del artículo VII, o sea, la obligación de "hacer el camino", se transformó en daños y perjuicios y, consecuentemente,   su respectiva  indemnización, tal y como el derecho lo demandaba.
Guatemala exigía, como condición sine qua non, el reconocimiento de compensación adecuada a la renuncia de sus derechos sobre Belice.  Se avino a suscribir la Convención de Límites (Tratado Aycinena-Wyke de 1859), suprimiendo cuanto significara manifestación expresa de cesión de territorio y recibo de compensaciones.   Sin embargo, es evidente que al firmar el reconocimiento del río Sarstún como frontera meridional de Belice, hizo renuncia tácita de parte de su territorio, que pasó a Inglaterra al amparo de un título legal de reconocimiento.
Francisco Villagrán Kramer señala, en relación a la construcción del ferrocarril, que la  inejecución por Gran Bretaña del compromiso que figura en la Cláusula VII de la Convención de 1859, impulsó a Guatemala, como vimos antes, a plantear en 1884 la caducidad de la Convención de Límites y la consiguiente reincorporación del territorio a Guatemala –lo que primero ignoró Gran Bretaña y, luego, rechazó-, decidiendo, entonces, Guatemala construir, por su parte, el Ferrocarril del Norte.   De igual forma señala Villagrán Kramer, en relación a la delimitación fronteriza, que no obstante el planteamiento de caducidad de 1884, Gran Bretaña y Guatemala reabrieron negociaciones para continuar con la delimitación de la frontera, “las que concluyeron temporalmente en 1930, al producirse como resultado un canje de notas entre ambos gobiernos, registradas ante la Sociedad de las Naciones.  En ellas, Guatemala aceptó la ubicación y razón de ser de los dos monumentos fronterizos existentes, acordando proseguir con la delimitación fronteriza.[55]   Al reiniciarse dicha delimitación, se interrumpió nuevamente al surgir discrepancias entre los Comisionados británicos y guatemalteco, en relación a la localización del monumento fronterizo ubicado en el área vecina al río Sarstún, diferencia  que se comprende mejor al reparar en que la línea divisoria que desciende desde el trifinio México-Guatemala-Belice en dirección sur, no es recta hasta encontrarse con el cauce del río Sarstún, como lo sería según el tratado, sino que se desplaza en dirección oeste, quedando el monumento fronterizo alejado del punto o sitio donde según la convención, correspondería estar ubicada.
Acerca del referido canje de notas, en la “Opinión Legal sobre el Reclamo Territorial de Guatemala a Belice”, publicado en 2002, el Gobierno de Belice señala lo siguiente:    “36.  El segundo tratado relevante es el Intercambio de Notas que tuvo lugar entre Gran Bretaña y Guatemala entre el 25 y 26 de abril de 1931 “respecto de la Frontera entre Honduras Británica y Guatemala.”   37.  Este tratado no ha asumido la misma importancia en el debate que el Tratado de 1859.   De hecho, debe observarse que el Libro Blanco elaborado por el gobierno de Guatemala en 1938, obra de unas 500 páginas que constituye la declaración más extensa de la posición de Guatemala en relación con esta cuestión, no hace ninguna mención a este tratado.     38. No obstante, no pueden existir dudas de que este Intercambio de Notas ocurrió y tiene, en derecho internacional, la vigencia y la fuerza de un tratado independiente.”     52. También es significativo que Gran Bretaña, habiendo recibido la respuesta guatemalteca, no consideró que ésta no respondía a la Nota Británica del 25 de abril de 1931, sino que la vio como el complemento de su propia Nota para que “constituyeran el acuerdo entre los Gobiernos del Reino Unido y Guatemala en el asunto” y procedió, ocho meses después, el 29 de abril de 1932, a registrar texto en la Liga de las Naciones.  Esto fue publicado en la colección de Tratados de la Liga de las naciones en 1932.  … 53. …  “El Dr. Francisco Villagrán Kramer, en aquel entonces miembro del Consejo de Belice y ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional, en un estudio titulado “Elementos para el análisis del caso de Belice”, también se refirió, en el párrafo 7, al Intercambio de Notas sin considerar su validez o efecto.”[56]
En 1933, Inglaterra solicitó a Guatemala continuar con los trabajos para terminar la demarcación de la frontera.   Ante esta petición, Guatemala contestó que antes deseaba saber si el Gobierno Británico estaría dispuesto a cumplir totalmente la convención de 1859, en especial las obligaciones bilaterales contenidas en el artículo VII.  La Legación británica, a su vez, contestó que con la construcción del ferrocarril de la ciudad capital a la costa atlántica ya no se hacía necesaria la construcción de la carretera que el artículo VII estaba llamado a satisfacer, y por lo tanto se habían hecho inaplicables sus estipulaciones a las condiciones de entonces.   La Cancillería guatemalteca contestó que la construcción de dicho ferrocarril, que con evidentes sacrificios se había inaugurado a los 49 años de la Convención de Límites, no podía tenerse en ningún caso como cumplimiento del artículo VII.   Consecuentemente, la frontera se delimitó unilateralmente por los ingleses, y Guatemala no nombró representantes sino simples observadores.  Tampoco formalizó ningún convenio de aceptación mediante el cruce de notas, como querían los británicos.  Por el contrario, exigió que previamente se diera cumplimiento a la cláusula VII del Tratado.  Gran Bretaña no aceptó pagar parte del costo de la obra del ferrocarril, para lo cual alegó que no era eso lo convenido. 
Ante esa postura, Guatemala hizo dos propuestas:  La primera consistía en que Inglaterra devolviera a Guatemala el territorio de Belice; Guatemala pagaría en compensación la suma de 400,000 libras esterlinas y, a su vez, prescindiría de cualquier reclamación por incumplimiento del Tratado de Límites.  Si esta propuesta no era aceptada por Inglaterra, ésta última podría comprar el territorio por el mismo precio, pero sin incluir la parte sur de Belice, que corresponde al territorio de la Verapaz, así como los Cayos de Zapotillo.  Esta proposición  fue rechazada.
En la segunda propuesta, Guatemala prescindiría de su reclamo por incumplimiento del Tratado de Límites.  En compensación, Inglaterra pagaría a Guatemala 50,000 libras esterlinas, más intereses al 4% anual, desde el 30 de abril de 1859.  Además, para el desarrollo del departamento de El Petén, le concedería una faja de terreno.  Gran Bretaña no dio respuesta a esta proposición.
Durante la década de los años treinta del Siglo XX, las negociaciones condujeron a examinar el sometimiento de la controversia, primero, al arbitraje y, luego, ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, sin que se lograse acuerdo sobre ello.  Gran Bretaña insistió en que fuera esa Corte la que fallara el caso conforme al derecho internacional aplicable y, Guatemala, que lo hiciera ex aequo et bono.[57] 
En lo sucesivo, Guatemala se referiría solo a la caducidad del Convenio de Límites de 1859 y a su derecho a reivindicar el territorio cedido, así como a la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la cláusula VII del relacionado Tratado.   Cuando el reclamo territorial se reavivó, el Gobierno de Guatemala editó el llamado Libro Blanco, que es el compendio histórico de la controversia territorial, mismo que fue enviado a todas las naciones con las que se habían establecido relaciones diplomáticas.
Las negociaciones oficiales sobre Belice se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial, dado el estado de guerra en que Inglaterra se encontraba y previo repudio de la Convención de Límites por Guatemala, realizada el 24 de abril de 1940.  La suspensión de negociaciones oficiales, en junio de 1940, fue una disposición guatemalteca que no significó el desistimiento de la reclamación, pues  la contienda se reanudó al final de la guerra, sin que ninguno de los Estados modificare su posición.
La suspensión del debate oficial relativo a Belice no impedía que Guatemala recibiera la solidaridad de otros países:  El Gobierno mexicano declaró el 24 de marzo de 1939, en nota enviada por el Canciller mexicano Eduardo Hay:  “La documentación publicada por el Gobierno de Guatemala arroja luz meridiana sobre la cuestión debatida por casi un siglo; pone de manifiesto cómo el débil, deseando detener y contener las incesantes y crecientes invasiones del fuerte y poderoso, accedió a celebrar un Tratado de límites (1859), en el cual cedía una parte de su territorio a que indudablemente tenía derecho, de acuerdo con los antecedentes históricos, geográficos y jurídicos del asunto.”[58]  En la nota citada se hacía referencia a la cláusula compensatoria y su incumplimiento, y a la falta de derechos de soberanía de los británicos conforme a las concesiones españolas. 
El tema fue considerado, a su vez, en las reuniones internacionales americanas efectuadas en aquella época.  Así sucedió en las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas I, II y III.  
En la Primera Reunión, celebrada en Panamá, en 1939, se consideró el caso de que alguna de las regiones del continente americano, sujetas a jurisdicción de un Estado no americano, tuviera que cambiar de soberanía y se creara con ello un peligro para la seguridad de estos países.  Se estableció allí que lo acordado no se aplicaba en caso de arreglos de cuestiones pendientes entre Estados no americanos y del continente (Belice, Malvinas).   En la Segunda Reunión, verificada en La Habana, en 1940, se resolvió  expresar el vivo deseo y la buena voluntad de los países de América a favor de un justo, pacífico y pronto arreglo de la cuestión de Belice, entre Guatemala y la Gran Bretaña.  En la Tercera Reunión, efectuada en Río de Janeiro, en 1942, Guatemala hizo reserva de sus derechos sobre Belice, al aprobarse la Resolución XXXV sobre la libre determinación para las poblaciones coloniales y posesiones europeas en el continente.

El decenio revolucionario y el caso de Belice.
Los principales objetivos de la Revolución Guatemalteca (1944-1954), fueron incorporados en la Constitución de 1945,  aprobada el 13 de marzo de 1945.  Dicha constitución, que estaría en vigor hasta 1954, durante las presidencias de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, reconoció la necesidad de aplicar importantes reformas políticas, económicas y sociales en el país, poniendo fin a la larga etapa liberal.   
Aunque esa Constitución solamente estuvo vigente por poco más de diez años, reflejó una de las grandes realizaciones democráticas de la Revolución de 1944, limitando los poderes presidenciales y promoviendo la descentralización administrativa.   Igualmente, determinó que el Ejército sería apolítico, obediente y no deliberante, como también reconoció la propiedad privada, condicionada por su función social; así pues, prohibió los latifundios y autorizó la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social.  En el ámbito económico social, brindó nuevos preceptos sobre las relaciones obrero-patronales, entre ellas, el establecimiento del salario mínimo, los descansos laborales, las vacaciones remuneradas, el derecho a la huelga y al paro, el trabajo de las mujeres y menores de edad, la indemnización por despido injustificado, el acceso al régimen de seguridad social, entre otros.
En la Revolución guatemalteca se distinguen dos etapas:  La primera se extendió hasta 1951, bajo la Presidencia del Dr. Juan José Arévalo Bermejo; durante ésta sobresalen conquistas populares como son nuevas regulaciones laborales, electorales y de seguridad social, así como la formulación de una política exterior más independiente.    Durante la segunda etapa, bajo la Presidencia de Jacobo Árbenz Guzmán, de 1951 a 1954, el proceso se radicalizó y el gobierno se orientó hacia el nacionalismo revolucionario, atendiendo el reclamo de las clases desposeídas,  adquiriendo un definido carácter agrario, antifeudal y antiimperialista.   La medida más avanzada de este gobierno fue la Ley de Reforma Agraria del 17 de junio de 1952 (según Decreto 900), que expropiaba áreas ociosas de los latifundios concentrados en manos de terratenientes nacionales y extranjeros (United Fruit Company –UFCO-).    La Revolución guatemalteca finalizó con la renuncia del Presidente Árbenz Guzmán y la intervención de los Estados Unidos en Guatemala, el 17 de junio de 1954.
Gran Bretaña y Guatemala se habían disputado Belice por más de un siglo cuando, en 1945, por elección popular y por abrumadora mayoría, llegó a la presidencia el Dr. Juan José Arévalo Bermejo (10 septiembre 1904 – 6 octubre 1990), quien llevó a cabo una política exterior nacionalista mientras que, internamente, alentaba los movimientos laborales e instituía reformas sociales de largo alcance.   Después del golpe de estado realizado el 20 de octubre de 1944, que derrocara al dictador Jorge Ubico Castañeda, Arévalo fue electo Presidente en una contienda electoral que le favoreció con el 85% de los votos y en la que los trabajadores organizados jugaron un papel importante.  Sus políticas favorecieron a los trabajadores urbanos y agrícolas, así como también a la población indígena del país.   Durante su administración se estableció un sistema de seguridad social, se promulgó el Código de Trabajo y se iniciaron importantes programas en educación, salud e infraestructura; permitió, a su vez, las libertades de expresión y de prensa.
En ese marco y de acuerdo con su política nacionalista, reabrió la disputa de Belice con Inglaterra.  Arévalo imprimió nuevo vigor al reclamo de Guatemala sobre Belice y procuró inclinar a su favor a Estados Unidos y al resto del hemisferio occidental.[59]   En esos primeros años de la postguerra, Argentina, Chile y Venezuela proclamaban sus derechos sobre territorios ocupados por el imperio británico:  Las Islas Malvinas (Argentina); Península Antártica (Argentina y Chile) y Guyana Inglesa (Venezuela).    Whitehall[60] se percató de la creciente necesidad de apoyarse en Washington para defender sus intereses en América y, por ende, debía debilitar la simpatía estadounidense hacia los incipientes movimientos anticolonialistas.[61]  Con este fin, los diplomáticos británicos hicieron creer a Washington que los opositores al imperio británico eran aliados del comunismo soviético.[62]
En “Triángulo de las Relaciones entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Guatemala, 1945-1954”, Sharon I. Meers, señala que, aunque los forjadores de la política de Estados Unidos creían que debían apoyar los movimientos independentistas, a menudo les resultaba difícil poner en práctica tales propósitos.  En 1947, durante la conferencia de Río de Janeiro sobre Paz y Seguridad en el Continente, se vieron claramente los intereses conflictivos de Estados Unidos, que consideraba el Tratado de Río como un medio para establecer un baluarte contra el expansionismo soviético en el hemisferio occidental.   Para lograr el respaldo latinoamericano al Tratado, los Estados Unidos tenían que demostrar que apoyaba los intereses de sus vecinos.  Sin embargo, los norteamericanos no quisieron debilitar sus relaciones con Gran Bretaña cuando los líderes latinoamericanos manifestaron su oposición a la existencia de colonias británicas en el hemisferio.
Guatemala estuvo dispuesta a firmar el Tratado de Río, a condición que éste no limitara sus posibles actuaciones en el reclamo sobre Belice; y también hizo una reserva al ratificar el Tratado, el 18 de marzo de 1955, la cual señalaba que dicho Tratado no constituía impedimento alguno para que Guatemala pudiera hacer valer sus derechos sobre el territorio guatemalteco de Belice, por los medios que estimara más convenientes; Tratado que, en cualquier tiempo, podría ser invocado por la República con respecto al mencionado territorio.  En relación con esta reserva, al consultar la Unión Panamericana a los Estados Signatarios si la encontraban o no aceptable, en cumplimiento del procedimiento establecido, les comunicó, a solicitud del Gobierno de Guatemala, la declaración formal de este Gobierno de que tal reserva no pretendía constituir alteración alguna al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de que Guatemala estaba dispuesta a actuar siempre dentro de los límites de los acuerdos internacionales que hubiera aceptado. 
El hecho de que Guatemala insistiera en condicionar su participación en el Tratado fue aprovechado por los enemigos de Arévalo en la región.   Estos insistían en que este comportamiento mostraba el desinterés de Guatemala en la lucha anticomunista del hemisferio.   Arévalo era un crítico declarado de las dictaduras que gobernaban en los países vecinos y brindó ayuda a personas que sufrían persecución política en la región,[63] como también facilitó el desarrollo de acciones de los exiliados dominicanos.   En consecuencia, de 1946 en adelante dictadores tales como Rafael Leonidas Trujillo Molina, de la República Dominicana, y Anastasio Somoza, de Nicaragua, intentaron convencer a las autoridades de Washington de que Arévalo era comunista.   Los opositores de Arévalo falsificaron cartas que lo implicaban en complots conjuntamente con el Kremlin, y aun se corrió el rumor de que Guatemala planeaba romper relaciones con el Vaticano en concordancia con su credo “ateo”.   Sin embargo, aun en este momento, miembros de la administración Truman reconocían que los anticomunistas centroamericanos eran por lo general propietarios de grandes extensiones de tierra, “extremadamente conservadores”, y que intentaban difamar al gobierno de Arévalo.[64]
Cardoza y Aragón señala, acertadamente, que durante el Gobierno del Presidente Arévalo “la conducta de Guatemala fue ejemplar en lo internacional; su lucha contra el colonialismo, uno de sus puntos principales.”  Igualmente, refiriéndose a los esfuerzos del primer gobierno revolucionario relacionados con la reclamación de Belice, indicó que “la lucha por la recuperación del territorio de Belice, se mantuvo con mayor empuje, enlazada a la lucha anticolonial…”[65]
Efectivamente, con el ascenso al poder del gobierno revolucionario del Dr. Juan José Arévalo, las reclamaciones guatemaltecas sobre Belice fueron mayores.  La Constitución de 1945,  que como relacionáramos anteriormente representó una de las grandes realizaciones de la época revolucionaria guatemalteca, también estableció que Belice era parte del territorio guatemalteco y el 9 de abril de 1946, el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto No. 224, confirmó y aprobó la declaración de caducidad de la Convención de 1859; se mencionó, además, que desde el 5 de abril de 1884, el Ministro guatemalteco en Londres había hecho la comunicación pertinente al Gobierno británico.  Asimismo, en 1946 se hizo la denuncia internacional. 
El Artículo 1º. Transitorio de la Constitución guatemalteca de 1945, decía:  “Guatemala declara que Belice es parte de su territorio, y considera de interés nacional las gestiones encaminadas a lograr su efectiva reincorporación a la República.”  Dicho precepto se incorporó en Constituciones sucesivas.  Esta disposición provocó, el 13 de marzo de 1945, una protesta de Gran Bretaña, que la estimó injustificable ya que consideraba que Belice era territorio británico, cuyas fronteras habían sido delimitadas por el Tratado de 1859.  La protesta fue rechazada por el Gobierno de Guatemala, que la juzgó ofensiva, y argumentó que la Convención de 1859 había caducado, y que, por lo tanto, Belice debía devolverse, con la consiguiente indemnización por daños y perjuicios.  El Congreso de la República oficializó la reclamación el 18 de septiembre de 1945.  Consecuentemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala comunicó a la Legación de Gran Bretaña en Guatemala la reiniciación del litigio, que Guatemala había suspendido durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1946, el Congreso de la República de Guatemala, por iniciativa del Poder Ejecutivo, declaró unilateralmente la caducidad de la Convención reafirmando el gobierno con base en estudios jurídicos que la consecuencia de dicho acto unilateral era la restitutio in integrum del territorio a Guatemala, con la consiguiente reversión de soberanía.  Sin embargo, no esclareció si la restitutio sería total o de una parte del territorio, -la ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún- hecho que permanecería a lo largo de los años.
Inglaterra respondió, en enero de 1946, que de acuerdo con el artículo 36 (3) de la Carta de las Naciones Unidas[66], la controversia debería ser sometida a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).   Gran Bretaña proponía someterse a la jurisdicción de la Corte y que Guatemala presentara ante ese organismo su tesis sobre la caducidad de la Convención de 1859.   Guatemala aceptó la propuesta y esperaba que el tribunal actuara con toda amplitud, sin limitación alguna en cuanto a la materia del juicio, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2º. del Artículo 36 del Estatuto de la Corte.  Es decir, que la Corte decidiera el asunto por el procedimiento ex aequo et bono.  Guatemala consideró importante que el Gobierno británico aceptara o rechazara formalmente la propuesta guatemalteca de que el asunto se decidiera por el procedimiento ex aequo et bono.  El Gobierno británico rechazó dicha propuesta  y expresó que los puntos en discusión eran jurídicos y que se referían a cuestiones territoriales; mientras que Guatemala sostenía que tenía soberanía sobre Belice, Gran Bretaña estimaba que su propio título era inobjetable, y que el Tratado de 1859 nunca había dejado de tener validez; que si la disputa no se solucionaba entonces, ello no podía atribuirse al Gobierno británico; y que, sin embargo, éste estaría dispuesto a considerar cualquier sugerencia para la solución del problema.
La Cancillería guatemalteca rechazó las imputaciones británicas y expresó que el procedimiento ex aequo et bono estaba apegado a la Carta de las Naciones Unidas.  Guatemala indicaba que no se podía aceptar un procedimiento limitado, ya que Gran Bretaña había ocultado que el verdadero propósito del Tratado de 1859 era la cesión territorial, aunque se había presentado como un simple tratado de límites.
“La declaración de caducidad de 1946 reanudó la controversia, poniendo de manifiesto que, para el Reino Unido, la soberanía territorial sobre Belice no debería revertir a favor de Guatemala, por cuanto la convención de 1859 establecía, en primer término, límites territoriales por lo que la caducidad no podía afectar un tratado de límites y, luego porque Guatemala, según Inglaterra, no había ejercido, antes de y hasta 1859, soberanía en y sobre dicho territorio.  Posteriormente, dos distinguidos juristas británicos –el ex presidente de la Corte Internacional de Justicia Lauterpacht y el abogado inglés, Derek Bowet- esclarecieron el punto al señalar que los derechos de Guatemala habían prescrito en virtud de lo tardío de la declaración de caducidad.”[67]
El 27 de enero de 1947, Guatemala presentó una declaración a las Naciones Unidas, por medio de la cual aceptaba ipso facto y sin necesidad de un convenio especial, la jurisdicción de la CIJ en las controversias de orden jurídico.  Naturalmente, la declaración contenía una excepción, que era el caso de Belice, cuyo sometimiento a la Corte se aceptaba, si el litigio fuese juzgado por el procedimiento ex aequo et bono.  Esta declaración estuvo vigente hasta el 27 de enero de 1957.
En 1948, Inglaterra se unió al coro “antiarevalista.”  A finales de febrero, la Cancillería británica fue alertada sobre rumores acerca de un plan guatemalteco para atacar el territorio de Belice.    Esto sucedió después de un mes de continuas protestas latinoamericanas contra el colonialismo británico, durante las cuales Chile y Argentina realizaron maniobras navales en las costas de la Antártica y de las Islas Malvinas o Falkland,[68]  y Venezuela protestó contra el control inglés en la llamada Guayana Inglesa.  Con la intención de erradicar el problema antes de que se volviera más serio, Gran Bretaña respondió con el envío de dos buques de guerra a las costas de Belice.  A los pocos días, fue enviado un contingente de tropas británicas para reforzar la defensa de la colonia.
Al negar todo intento de agresión, la administración de Arévalo declaró que las maniobras militares inglesas constituían una provocación indebida y solicitó la asistencia de Estados Unidos.   Sin embargo, la respuesta oficial estadounidense fue tibia.[69]  Con la intención de persuadir a Guatemala de que las prioridades de la Guerra Fría así lo requerían, el Departamento de Estado insistió en que un arreglo pacífico sería “especialmente deseable en vista de la crítica situación mundial, en la cual la necesidad de unidad entre las naciones democráticas del mundo es cada vez más urgente y visible”.[70]   Sin embargo, detrás del escenario, muchos miembros del cuerpo diplomático estadounidense simpatizaban con Guatemala.
El Embajador de Estados Unidos en Colombia, Willard L. Beaulac, se reunió con el representante guatemalteco, Jorge García Granados, durante los preparativos de la Conferencia Interamericana de Bogotá, y quedó favorablemente impresionado por sus ideas y sinceridad.  García Granados explicó que la administración de Arévalo estaba anuente a permitir que la CIJ resolviera el asunto de Belice.  García Granados propuso que una comisión permanente de países americanos examinara el colonialismo europeo en América y que dicho organismo decidiera sobre los méritos de este caso particular.  Beaulac se percató de la embarazosa situación de Washington y solicitó al Secretario de Estado, George Marshall, que el Departamento de Estado “se comunicara de urgencia con el gobierno británico e insistiera en tomar medidas y llegar a acuerdos conforme a la sugerencia guatemalteca.”
También hubo posiciones como la del Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Edwin J. Kyle Jr., quien consideró absurdo que se solicitara a diplomáticos estadounidenses dedicar tanto tiempo a un asunto que parecía tan fácil de resolverse.  Sostenía que, desde la segunda posguerra, Estados Unidos había subsidiado la economía británica e, indirectamente, los costos del aparato imperial.   Kyle propuso que Washington ofreciera un trueque.  “Estados Unidos condonaría una parte de la deuda británica a cambio de que Londres le cediera Belice.   Por su parte, Estados Unidos negociaría un acuerdo mediante el cual éste cedería a Guatemala el territorio beliceño a cambio de permitir allí la instalación de una base militar permanente.   La propuesta de Kyle nunca salió del Departamento de Estado.”[71]   
A pesar de que Estados Unidos finalmente convenció a Inglaterra para que se retiraran los buques de la costa beliceña, las relaciones entre la administración Truman y el gobierno de Arévalo no llegaron a fortalecerse.  A Estados Unidos le preocupaba cada vez más el expansionismo comunista, a medida que la Guerra Fría dividía Europa, y China caía en manos comunistas.   El temor causado por la Guerra Fría logró cambiar la forma de pensar de Washington, al reforzarse el cabildeo agresivo de la UFCO[72] y de los enemigos de Arévalo en Centro América.
A finales de 1948, Kyle se retiró y fue reemplazado por Richard Patterson quien, a diferencia de su predecesor, consideraba que los intereses angloestadounidenses en Guatemala eran idénticos.   Basado en su experiencia previa como Embajador en Yugoslavia, Patterson creía conocer el sutil método de los complotistas marxistas y consideraba que las reformas de Arévalo, sobre todo el Código de Trabajo de 1947, no eran más que un ardid comunista.  Defendía agresivamente el criterio de la UFCO de que el código laboral vulneraba los intereses estadounidenses, y también se oponía a la posición de Arévalo con respecto a Belice.   A pesar de que un Subcomité Interamericano sobre Territorios Dependientes votó a favor de la posición guatemalteca, Patterson opinó que la insistencia de Arévalo en el asunto de Belice era una muestra más de sus inclinaciones comunistas.   A principios de 1950, Patterson acusó de “comunistas” a varios miembros del gabinete de Arévalo y pidió sus renuncias.   El Presidente, por su parte, exigió el retiro de Patterson, lo cual obtuvo, pero las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos ya se habían deteriorado.   A finales de 1950, Washington informó al Gobierno de Guatemala que cesaría su envío de armamento y, además, instó a Gran Bretaña a continuar el embargo de armas impuesto en 1948, durante el enfrentamiento por el asunto de Belice.[73]
En 1950 se eligió en Guatemala como Presidente al Coronel Jacobo Árbenz Guzmán (14 septiembre 1913 -  27 enero 1971), un militar y político que fue Presidente de Guatemala de 1951 a 1954 y cuyas reformas económico-nacionalistas alentaron a los terratenientes locales, elementos conservadores del Ejército guatemalteco y al gobierno de los Estados Unidos a su derrocamiento.  Árbenz había sido educado en la Academia Militar de Guatemala y se unió a un grupo de oficiales militares de izquierda que derrocó al dictador guatemalteco Jorge Ubico Castañeda en 1944; cinco años después, en 1949, llegó a ser Ministro de Estado en el Gobierno de Juan José Arévalo, a quien en marzo de 1951 le sucedió en la Presidencia, apoyado por el Ejército de Guatemala y los partidos políticos de izquierda.
Después de la toma de posesión de Dwight D. Eisenhower, en 1951, la UFCO encontró un aliado en el nuevo Secretario de Estado, John Foster Dulles, quien era el hermano mayor de Allen Welsh Dulles, que se desempeñó como Director de la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.) durante el gobierno de Eisenhower.  Allen Welsh Dulles era, a su vez, miembro de la Junta Directiva de la UFCO.
El nuevo Gobierno revolucionario en Guatemala abogó por reformas progresistas.  En 1952, promulgó una Ley de Reforma Agraria que postulaba la redistribución de tierras ociosas entre los campesinos desposeídos.  Este programa empeoró aún más las relaciones entre el Gobierno y la UFCO, la cual duplicó sus esfuerzos para lograr el apoyo del Departamento de Estado en defensa de sus intereses en Guatemala.  
Mientras tanto, en Belice había surgido un movimiento independentista no violento, que tuvo que enfrentarse a la intolerancia de la administración colonial británica.  Estos acontecimientos alimentaron el surgimiento del Partido Unido del Pueblo (People’s United Party, PUP).  Fundado en 1950, el PUP logró ese mismo año el control del Consejo Municipal de la ciudad de Belice, lo cual provocó un profundo impacto en la administración colonial.  Los independentistas beliceños se declararon herederos de los líderes de la emancipación de Estados Unidos y trataron de obtener el apoyo de Washington.  Las reuniones populares independentistas a menudo se convertían en manifestaciones que terminaban frente al Consulado de Estados Unidos, al canto de God Bless America.  
Observadores del Departamento de Estado opinaban que el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala había provocado el acercamiento de este país hacia Gran Bretaña.   Sin embargo, la cada vez más tensa relación entre Guatemala y Washington por la disputa de la UFCO[74], hizo que Árbenz reparara en que no podía pelear simultáneamente en dos frentes, y dejó el asunto de Belice en un segundo plano.    A principios de 1954, Willfred Gallienne, Ministro británico en Guatemala, complacido con este giro de los acontecimientos, informó que las relaciones angloguatemaltecas marchaban “fenomenalmente bien” gracias a que Washington “había desplazado (a Gran Bretaña) de su posición como “Enemigo Público Número Uno”.   Aunque Gallienne nunca se retractó de sus declaraciones en cuanto a que había comunistas en Guatemala, la relativa pasividad de Árbenz en el asunto de Belice hizo al Ministro británico mostrarse más tolerante que con la administración de Arévalo.[75] 
A principios de 1954, Gallienne se percató de que sus esfuerzos por resucitar las relaciones angloguatemaltecas podrían venirse abajo por las ya muy claras intenciones de Washington de derrocar al gobierno de Guatemala.  En enero de 1954, Árbenz acusó públicamente al Presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, al candidato presidencial guatemalteco derrotado, Miguel Ydígoras Fuentes, y al Teniente Coronel Carlos Castillo Armas, de conspirar contra su régimen, con la participación del Gobierno de Estados Unidos.   Gallienne consideró que los temores de Árbenz estaban bien fundados, y en información enviada a Londres aseveró que:  “…aún los miembros más moderados del gobierno están convencidos de que Guatemala es víctima de una conspiración de Estados Unidos para tildarla de comunista y preparar el camino para una intervención por la fuerza.”[76]
En virtud de las graves circunstancias políticas durante el gobierno de Árbenz, las cuales permitieron que a las reclamaciones sobre Belice se le brindaran menos atención comparado con el gobierno predecesor de Arévalo, Gallienne consideró que Gran Bretaña no tenía ningún interés en impulsar su derrocamiento.   La política de Estados Unidos hacia Guatemala la estimaba mal dirigida e “inmoderada”.  Sin embargo, la opinión de Gallienne ya no tuvo importancia, pues fue trasladado a Cuba, en el segundo trimestre de 1954.
Estados Unidos había nombrado a un nuevo Embajador, John Peurifoy, conocido por su fervor anticomunista y quien, adicionalmente, había prometido que ese país no permitiría una república soviética entre Tejas y el Canal de Panamá.  Peurifoy no dejó lugar a dudas de que Estados Unidos intervendría.   El Secretario de Estado, John Foster Dulles, también reforzaba la misma idea en sus discursos pronunciados, en marzo de 1954, en la Conferencia Interamericana de Caracas.  En esta ocasión, Dulles condenó la intromisión comunista en América, a pesar de las protestas del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Guillermo Toriello, quien declaró que Washington catalogaba “de comunista cualquier manifestación de nacionalismo o independencia económica”.[77]   En esa misma ocasión, Toriello, refiriéndose a la inversión de capitales extranjeros, indicó que Guatemala no era contraria a dicha inversión en su territorio, sino que exigía únicamente a los inversionistas del exterior una sujeción leal a las leyes del país, en igualdad de condiciones con los propios guatemaltecos; también indicó que Guatemala rechazaba terminantemente toda inversión de tipo colonial, así como la pretensión de que el capital extranjero gozara de privilegios que la ley no otorgaba a los nacionales.
En su memorable discurso como Jefe de la Delegación de Guatemala ante la misma X Conferencia Interamericana de Caracas[78], Guillermo Toriello se refirió al asunto de Belice en los siguientes términos:  “Confiamos en que la acción de los países libres de este hemisferio habrá de lograr la liberación definitiva de todos los pueblos americanos sujetos aún a la denigrante condición de colonias, y América habrá de ser, en su totalidad, el continente de la libertad.   Especialmente se preocupa Guatemala que se ponga término a la ocupación ilegal de territorios americanos por parte de potencias extracontinentales, porque la persistencia de estos hechos es una afrenta a todo el continente y una burla a los derechos que naciones americanas han venido reclamando con toda justicia.   Guatemala nunca se ha conformado ni podrá aceptar jamás la mutilación de su territorio en el caso de Belice que, por razones históricas, jurídicas, económicas, geográficas y morales, es parte integrante de su territorio, indebidamente ocupado por una potencia extracontinental.   Tal ocupación por parte de la Gran Bretaña, no tiene más fundamento que la prevalencia de la fuerza sobre el derecho.   Guatemala espera que la solidaridad continental y los principios que rigen la fraternidad americana habrán de funcionar eficazmente para la solución justa, pacífica y pronta de los problemas del coloniaje en América, y para que terminen definitivamente situaciones como las que prevalecen en Belice y en las Islas Malvinas.”
Posteriormente a esa fecha, las intenciones de la administración Eisenhower para derrocar a Árbenz eran obvias.  Sin embargo, el plan de la CIA, denominado Operation Success (Operación Éxito), estaba condicionado militarmente, pues dependía en gran parte del embargo de Gran Bretaña y Estados Unidos.  Los creadores de dicha Operación se preocuparon cuando fuentes de la inteligencia estadounidense descubrieron que Guatemala estaba recorriendo el globo en busca de nuevos proveedores de armamento.[79]   Cuando el buque sueco Alfhelm atracó en  Puerto Barrios, Izabal, cargado de armas checoslovacas, el 15 de mayo de 1954, allí estaba presente el Embajador de Estados Unidos, Peurifoy, con el propósito de denunciar el cargamento como evidencia clara de los lazos soviético-guatemaltecos y de las intenciones agresivas contra las repúblicas vecinas.  A los diplomáticos británicos no les sorprendió ni alarmó el hecho de que Árbenz hubiera comprado armas checas.  Los tradicionales lazos comerciales entre Londres y Checoslovaquia permitían a la Cancillería británica una perspectiva muy diferente de la que tenía Estados Unidos.[80]
La Operación Éxito se inició el viernes 18 de junio de 1954.   El Presidente Árbenz y su Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Toriello, reaccionaron de inmediato.  Este último pensaba que Estados Unidos quería provocar una reacción de Árbenz, con el objeto de manipular a la opinión internacional si el ejército guatemalteco sofocaba la rebelión violentamente.  En consecuencia, Toriello prefirió defender a su Gobierno en el frente diplomático.   Toriello, ante los diplomáticos europeos, acusó a Estados Unidos de conspirar para derrocar a Árbenz, y pidió a aquéllos que insistieran ante sus gobiernos para apoyar a Guatemala.[81]  
El Presidente Árbenz presentó su renuncia, sintiéndose abandonado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por su propio Ejército.   El Consejo de Seguridad de la ONU estuvo presidido, en junio de 1954, por el Representante Permanente de Estados Unidos, Henry Cabot Lodge.   El Secretario General de la ONU era Dag Hammarskjöld, “quien se oponía amargamente a la posición norteamericana y estaba, a su vez, sometido a una presión durísima y constante de Lodge para que se mantuviera en silencio.”[82]   Hammarskjöld le dijo al delegado británico que asistió a una reunión del Consejo de Seguridad, la noche del 25 de junio de 1954, que la actuación norteamericana “había sido el golpe más duro que las Naciones Unidas habían recibido hasta aquel momento.”[83]  Árbenz estuvo convencido de que el Gobierno de Estados Unidos lo quería derrocar a toda costa.  Dejó el país en manos de sus militares y se asiló en la Embajada de México.  El Embajador Peurifoy, por su parte, inició las negociaciones para entregar el poder a Castillo Armas.[84]
Es muy revelador el contraste entre las reacciones de Estados Unidos y Gran Bretaña hacia Arévalo y Árbenz.   Ambas naciones acusaron de “comunistas” a quienes en Guatemala amenazaban sus intereses.   Sin embargo, puesto que éstos eran diferentes para ambos países, no se llegaron a poner de acuerdo en cuanto a lo que llamaban “comunismo”.  Para Inglaterra, el anticolonialismo constituía prueba segura de “comunismo”, mientras que para Estados Unidos lo era la oposición a sus intereses comerciales.   La participación del entonces Secretario de Estado, John Foster Dulles, debido al parentesco de su hermano menor, miembro de la Junta Directiva de la UFCO, fue crucial en la promoción y ejecución de la Operación Éxito (PBSUCCESS), dirigida por la CIA en Guatemala, que permitió el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz Guzmán.
En consecuencia, las quejas de Gran Bretaña contra el “comunismo” guatemalteco fueron más fuertes durante el gobierno de Arévalo, porque Belice fue el blanco principal del nacionalismo guatemalteco.   Como Árbenz centró la atención del gobierno en la grave situación provocada por el peligro de  intervención de Estados Unidos y no en el caso de Belice, las acusaciones británicas contra el “comunismo” guatemalteco desaparecieron.  En cuanto a las reformas sociales guatemaltecas, que eran el blanco de las críticas de Washington, los diplomáticos ingleses presentaron pocas objeciones. 

Hacia una nueva etapa del conflicto.
Tras el decenio revolucionario, con relación al diferendo sobre Belice se inició una etapa que se prolongó por más de veinte años.   Durante ese período, matizado por agudas y peligrosas tensiones, se desarrollaron diversas gestiones, incluyendo la mediación de Estados Unidos, pero no se logró  concretar un acuerdo definitivo y Belice avanzó hacia la independencia heredando el conflicto con Guatemala.
En 1957, el Gobierno de Guatemala se dispuso proponer al Gobierno británico que se conviniera en el establecimiento de Belice como Estado Libre Asociado a Guatemala, país que se encargaría de las relaciones exteriores, la defensa y los estados de emergencia de dicho territorio.  Se proponía una nacionalidad común y un mercado libre entre los dos países.  Algunas ramas de la administración pública, según el proyecto, podían funcionar de manera conjunta, en tanto que otras serían independientes.  Guatemala se haría cargo de cualquier déficit presupuestario de Belice, y se proponía respetar las costumbres y el idioma de los beliceños.    Esta propuesta, inspirada en la polémica política aplicada por Estados Unidos en Puerto Rico, tampoco fue validada, ya que hablar de un Estado Libre Asociado es hablar de una figura jurídica sui generis e inadmisible en el campo del Derecho, ya que un Estado, cualquier Estado, per se no es que sea libre, sino que es soberano y, en consecuencia libre porque, si no lo es, no es un Estado.
Los ingleses propusieron conceder la independencia de Belice, siempre que permaneciera dentro del Commonwealth, para lo cual se iniciaría un proceso preparatorio que se llamó “de avance constitucional”.  Este plan tenía que contar con el apoyo de la población y los partidos políticos beliceños, lo que resultaba fácil ante la perspectiva de independencia y el restablecimiento de la ayuda económica británica.  
La posición de Guatemala se había tornado en extremo difícil pues había luchado en todos los foros por la independencia de los pueblos coloniales, e Inglaterra proponía, entonces, la independencia de Belice.  No obstante que la reclamación de Guatemala era de carácter territorial, el problema adquiría un matiz distinto.   Sin embargo, se convino en efectuar conversaciones, que se realizaron en San Juan de Puerto Rico, del 15 al 19 de abril de 1962, previas gestiones que hizo el Gobierno de Guatemala ante el de Estados Unidos. 
Por iniciativa de Guatemala, se invitó a participar a una delegación beliceña.  En esa oportunidad, Inglaterra anunció que en 1963 se celebraría una conferencia constitucional sobre Belice, con el objeto de preparar el territorio en el autogobierno, y que poco después se le concedería la independencia.  El entonces Primer Ministro de Belice, George Price, manifestó su conformidad con tales objetivos.  La delegación de Guatemala propuso entonces un régimen transitorio de administración conjunta, y un posterior plebiscito para garantizar la libre determinación de los beliceños.  La administración conjunta podía estar supervisada por un organismo internacional.  Además, Guatemala no aceptaba una independencia de Belice dentro del Commonwealth. 
En enero de 1963, el Gobierno de Guatemala decidió solicitar la “intervención amistosa” del Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en vista de los resultados negativos de la reunión de San Juan de Puerto Rico.  En Washington se hizo entrega de la solicitud guatemalteca, que señalaba la posibilidad de sujetarse al siguiente procedimiento:   Se establecería una administración internacional conjunta sobre Belice, integrada por la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y Guatemala; Gran Bretaña se retiraría del territorio en un plazo no mayor de un año; la administración conjunta no interferiría en los asuntos internos de Belice, y sus funciones exclusivas se limitarían a la defensa exterior, las relaciones internacionales y la promoción del desarrollo económico; después de un cierto tiempo, se efectuaría un plebiscito, que determinaría el grado de integración de Belice a Guatemala, pero mientras éste se efectuaba, se ejecutarían planes de desarrollo económico conjunto.  En sustancia, el plan era semejante al que había sostenido la delegación de Guatemala en San Juan de Puerto Rico.
El asunto de Belice entraba en una fase crítica para Guatemala:  en poco tiempo se celebraría la Conferencia Constitucional que otorgaría la autonomía al territorio en disputa, para su futura independencia dentro del Commonwealth.  Por otra parte, nada se esperaba de la pasada conferencia de San Juan de Puerto Rico, y tampoco se tenía respuesta alguna del Presidente de Estados Unidos. 
En tales circunstancias, al Gobierno de Guatemala no le quedó otra alternativa que el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña, el 24 de julio de 1963,  decisión que se tomó en Junta de Gabinete[85].    
La Conferencia Constitucional sobre Belice se efectuó, a pesar de la respectiva protesta guatemalteca, en enero de 1964, y en ella se concedió autonomía interna al gobierno de dicho territorio, en el cual, sin embargo, siempre permanecería un gobernador nombrado por la Corona británica.    Las relaciones diplomáticas entre ambos países estuvieron rotas, no obstante gestiones para restablecerlas. 
En ese contexto, se oficializó formalmente la solicitud para que el Gobierno de los Estados Unidos interpusiera sus buenos oficios.    El 25 de mayo de 1965, el Gobierno británico aceptó la mediación.   Guatemala consideraba que esa era la posibilidad para resolver el problema, ya que la mediación es una forma reconocida de resolver los conflictos internacionales, aún cuando se aceptara o no como mediador al Gobierno de Estados Unidos.   Si no se aceptaban los términos de la mediación, por lo menos había un reconocimiento pleno de que Belice era un territorio en disputa.  
El 6 de julio de 1965, en notas idénticas, los Gobiernos de Guatemala y Gran Bretaña se dirigieron al de Estados Unidos, solicitándole que extendiera sus buenos oficios a las funciones de mediador.  La mediación tendría como objetivo general la resolución de la disputa sobre Belice y tomaría en cuenta todos los factores que rodeaban el problema, aunque las partes se reservaban sus posiciones.   Después de algunos cruces de notas, el Gobierno de Estados Unidos aceptó, por fin, el papel de mediador. 
El Gobierno de los Estados Unidos propuso designar como su mediador para este propósito al Sr. Bethuel Matthew Webster, ciudadano estadounidense que con anterioridad había sido nombrado miembro de la Corte Permanente de Arbitraje ante la Convención de La Haya en 1959 y también era miembro de la Comisión sobre Reglas Internacionales de Procedimiento Judicial, entre otros cargos.  Todo el procedimiento sería estrictamente confidencial, hasta que se acordara su publicación.
No obstante la confidencialidad acordada, en enero de 1966 el Subsecretario británico de Relaciones Exteriores, Lord Walston, visitó los países centroamericanos, e hizo declaraciones inoportunas acerca de la pronta independencia a Belice, dentro del Commonwealth.   Guatemala se vio precisada a dirigir una comunicación al Gobierno de Estados Unidos, haciendo ver el carácter inoportuno de aquellas declaraciones.   Guatemala igualmente hizo una contrapropuesta al representante del mediador, las que denominó “Bases para una posible solución a la disputa sobre Belice”.  En consideración de estas bases y tras consultas internas en Estados Unidos y con los representantes británicos, así como los principales funcionarios de Belice, entre los que se encontraba George Price, en abril del mismo año, el mediador presentó un proyecto de acuerdo que, en sustancia, recogía muchas de las proposiciones presentadas anteriormente por Guatemala.
Las primeras propuestas establecían el retiro de Gran Bretaña del territorio de Belice, así como una estrecha relación entre Belice y Guatemala, la cual asumiría la defensa de Belice y la representación exterior, y se preveía el desarrollo de áreas comunes.   Gran Bretaña y el gobierno de Belice estuvieron aparentemente de acuerdo, no así la oposición beliceña, representada por Phillip Goldson.
En un inicio, el proyecto tuvo en principio la aprobación de los Gobiernos de Guatemala y del Reino Unido, que lo consideraban fundamental para la formulación de un tratado.  Se buscaba, sin embargo, la aquiescencia de los beliceños, quienes después de pláticas sostenidas en Londres con las autoridades británicas y en Nueva York, también estuvieron de acuerdo.   Sin embargo, todo este esfuerzo se echó a perder nuevamente con un acontecimiento:  Sin que se sepa de dónde salió la infidencia, el 8 de junio de 1966, el periódico Daily Mirror de Trinidad, publicó una información tendenciosa sobre las pláticas.  Esta información fue reproducida en el Belice Billboard, con los más desfavorables comentarios contra el Primer Ministro George Price, quien tuvo que aclarar en la Cámara de Representantes que sólo se trataba de proyectos y que la mediación no había terminado aún.   Sin embargo, la oposición beliceña, encabezada por Phillip Goldson, aprovechó la oportunidad para atacar el gobierno de Price, produciéndose un verdadero desorden público en la ciudad de Belice, el cual se prolongó durante los días 26, 27 y 28 de junio de 1966.  
En Guatemala se supo que el Gobernador de Belice había pedido a sus delegados que procuraran romper la mediación de Estados Unidos, en vista de la actitud “inflexible” mantenida por Guatemala.   Por otra parte, al conocerse el tema sobre el desarrollo constitucional de Belice, en la Cámara de los Comunes se habían hecho comentarios en contra Guatemala y a favor de lo publicado por el Daily Mirror de Trinidad.    Posteriormente, Guatemala consideró que el mediador adoptó una posición de apoyo a todas las propuestas británicas y para evitar el rompimiento de la mediación, la Cancillería guatemalteca, en diciembre de 1966, suspendió temporalmente las pláticas, mientras nuevas propuestas se estudiaban para ser tomadas en cuenta a posteriori.    Hubo reuniones de enero a julio de 1967, y en Londres se acordó un proyecto de tratado, que después de ser sometido a los gobiernos de Inglaterra, Guatemala y a las autoridades de Belice, habría de ser firmado en Nueva York, en septiembre de ese mismo año.   Este proyecto, de acuerdo a la Parte guatemalteca, demostraba flexibilidad y no una actitud de endurecimiento de que se acusaba a Guatemala.
En el nuevo proyecto de Tratado prácticamente se reconocía la independencia de Belice, pues el artículo primero establecía que, en la fecha designada, el Reino Unido transferiría a Belice la autoridad suprema respecto del territorio, “y de allí en adelante la sola responsabilidad y el derecho de ejercicio de todos y cualesquiera poderes, tanto internos como externos, de Gobierno, administración, legislación y jurisdicción, estarán depositados en Belice, en una forma consistente con las estipulaciones de este Tratado.”   Lo relativo a favor de  Guatemala era que, fuera de una especie de unión aduanera, del uso de puertos libres y de “rutas aprobadas” para dar acceso al mar al departamento de El Petén de Guatemala, no quedaba más que una muy débil asociación con Guatemala, como podría resultar entre países soberanos.   Guatemala “prestaría asistencia” a Belice para conducir sus relaciones internacionales, cuestión que estaría sujeta a arreglos entre Guatemala y Belice.   Lo relativo a la defensa exterior de Belice, también estaría sujeto a arreglos especiales.  Si bien se propiciaría el ingreso de Belice a la integración económica centroamericana a cambio de no decirse nada respecto a su ingreso dentro del Commonwealth, pero dentro de un largo período transitorio que podría haberse prolongado, existirían arreglos tarifarios preferentes para los productos del Reino Unido.
Sin embargo, no se firmó el tratado en septiembre.  Hubo nuevas reuniones en Washington, el 21 y 22 de noviembre, en las que los británicos afirmaron que pedirían la admisión de Belice en el Commonwealth, con lo cual se relegaba el propósito de que perteneciera al sistema centroamericano.
Ante el fracaso de esas reuniones, el mediador ofreció presentar una nueva versión de sus propuestas, mismas que tampoco llenaron las aspiraciones de Guatemala, que consideraba que se vulneraban los términos de referencia, que establecía que la mediación tendría por objeto encontrarle solución definitiva al problema.    Esta nueva versión del proyecto de tratado tenía proposiciones inaceptables para Guatemala ya que, en primer lugar, el artículo primero establecía lisa y llanamente que el Reino Unido, en la “fecha designada”, concedería a Belice su independencia, transfiriéndole la autoridad suprema.  En segundo lugar, tanto los problemas de la defensa como de la representación exterior, que habían sido objeto de tanta negociación, se dejaban completamente al arbitrio de Belice, por cuanto quedaban sujetos a un arreglo con Belice, en una fecha posterior a la “fecha designada” y, en tercer lugar, el ingreso de Belice a la comunidad económica centroamericana tampoco estaba asegurado.
Finalmente, el Departamento de Estado, en notas idénticas del 20 de septiembre de 1968, dirigidas a Guatemala y al Reino Unido, dio por terminada la mediación.    Posteriormente se verá que, al percatarse la dirigencia de Belice que el camino a la independencia dentro de la ONU era viable sin hacerle concesiones a Guatemala, fue un hecho que influenció el “fracaso” de la mediación.
Entre 1969 y 1973 Guatemala propuso una Corporación Regional, una especie de independencia a medias, para vincular econonómicamente a Belice con ésta y con el resto de Centro América, ya encaminados los cinco países hacia un Mercado Común.  Pero Gran Bretaña estaba empeñada en llevar a Belice a la independencia dentro del Commonwealth, demostrando así sus pretensiones neocolonialistas.
Así, en la década de los 70, Inglaterra y Guatemala volvieron a negociar bilateralmente y Guatemala trató de rescatar lo que podía salvarse de los proyectos de mediación.  Principalmente le interesaba:  a)  Una independencia de Belice fuera del Commonwealth; b) una fuerte vinculación económica de Guatemala con Belice; c) institucionalizar debidamente esa vinculación; d) insistir en los propósitos de representación exterior y defensa de Belice; y e) una vinculación con el resto de América Central.
En un principio, los británicos pretendieron que Guatemala aceptara dos millones de libras esterlinas para la construcción de un camino, a cambio de resolver la disputa.  Guatemala rechazó tal propuesta y pidió que se mantuvieran los principales puntos de acuerdo aprobados con anterioridad.     Estos se referían principalmente a la vinculación económica.  Se insistía en que debería haber una autoridad conjunta, que se encargara de la ejecución de los planes de desarrollo.  Se preparó un proyecto de Tratado de Colaboración Económica y uno del Estatuto de la Corporación Regional de Desarrollo Belice-Guatemala.   El Reino Unido trató de debilitar los citados proyectos, ya que buscaba el reconocimiento previo de la independencia de Belice.  Se formuló un proyecto de Tratado de Reconocimiento, que sería avalado por otros países, pero Guatemala sólo estuvo anuente a firmar con la condición de que el de asociación con Belice fuera satisfactorio.  El Gobierno beliceño, por el contrario, quería dejar los temas de integración económica para después de la independencia.  Las relaciones llegaron a ponerse tensas, a tal punto que Gran Bretaña envió tropas a Belice.   Guatemala exigía que se restableciera el statuo quo militar para seguir la negociación.  En vista que no se llegó a ningún acuerdo, Guatemala declaró que se cerraba un capítulo y que hacía reserva plena de su soberanía sobre Belice.
Abiertas de nuevo las negociaciones, en 1975, el Gobierno de Guatemala planteó dos condiciones:  la necesidad de un arreglo territorial en la frontera sur de Belice; y la firme determinación de Guatemala de no aceptar una independencia de ese territorio otorgada unilateralmente por Gran Bretaña.  En este marco aceptaría cualquier fórmula de arreglo.  El área sur del territorio beliceño, que Guatemala pretendía reintegrar, estaba comprendida en el paralelo 16º 30’.  Los beliceños reaccionaron negativamente al arreglo territorial.  La delegación británica, sin embargo, mencionó como posible frontera del lado sur el Río Moho, ya que Punta Gorda no podría cederse, pues quedaba incluida dentro de la pretensión guatemalteca que tenía como límite el Río Monkey.  Se habló hasta de un posible arreglo de lease back[86] a largo plazo, como en Hong Kong.  Nada se logró.  Se criticó una pretendida posición rígida de Guatemala cuya delegación manifestó que ya había agotado su imaginación y que serían los ingleses los que deberían proponer nuevas fórmulas.  Surgió de nuevo la posibilidad de una indemnización, que fue rechazada por Guatemala.           
En octubre del mismo año, la situación entre Guatemala y Gran Bretaña se tornó tensa, como resultado del envío de fuertes contingentes militares británicos a Belice, por supuestas amenazas al territorio por parte de Guatemala.   Retirados dichos contingentes, volvió la calma y pudieron reanudarse de nuevo las negociaciones, mismas que continuaron a lo largo de 1976 y en las cuales se discutieron los anteriores propósitos de cooperación, seguridad y defensa y se redactó un proyecto de tratado. 
Para estudiar aspectos técnicos, expertos guatemaltecos y beliceños se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, en octubre de ese mismo año.  Una nueva reunión se efectuó en Estados Unidos, en julio de 1977, para tratar asuntos territoriales, de los cuales se convino que serían estudiados por las delegaciones para discutirlos en fecha posterior.  Sin embargo, esa reunión se vio perturbada por un nuevo envío de fuerzas militares británicas a la Bahía de Honduras, las cuales consistían esta vez en aviones supersónicos y unidades navales.  Guatemala tuvo que enviar aceleradamente tropas a la frontera y se temió un enfrentamiento inminente. 
Las reacciones provocadas en Belice y en Londres por la propuesta de arreglo territorial fueron diversas.  Especialmente se temía que después de otorgarse la independencia a Belice las fuerzas británicas tendrían que retirarse y el territorio quedaría indefenso, ante el peligro de una invasión de Guatemala.  Los partidos políticos beliceños se manifestaron de diferentes maneras:  el partido de oposición pidió que la independencia se difiriese por un período de 10 años y que se suspendieran todas las negociaciones basadas en concesiones territoriales; se inculpaba al partido de gobierno por exigir la independencia inmediata, lo que compelía a Gran Bretaña a buscar un arreglo con base en una cesión territorial y de otras concesiones que debilitaban la soberanía de Belice.   El partido de gobierno reafirmó su compromiso de demandar la inmediata independencia de Belice; solicitó al Reino Unido que interrumpiera de inmediato cualquier discusión de cesión territorial como medio de arreglo y pidió que se atuviera a las resoluciones de las Naciones Unidas, que hacían un llamamiento a la independencia de Belice y a su integridad territorial.
Se había llegado a un punto muerto en las negociaciones y era evidente la negativa beliceña a la cesión territorial.  En junio de 1978, se firmó en Nueva York un Memorando de Entendimiento entre el Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, David Owen, y los líderes beliceños, Premier George Price, por el Partido Unido del Pueblo (PUP), y Dean Lindo, por el de oposición.  En ese memorándum se hizo constar:  que la disputa angloguatemalteca sería tratada como un problema nacional de Belice; que gobierno y oposición estarían representados en adelante en cualquier conversación; que todo acuerdo final sería sometido a referendum; que las conversaciones sostenidas hasta entonces habían llegado al final y que las partes no estaban sujetas a ninguna propuesta previa de cualquier naturaleza; que la presencia de representantes del gobierno y de la oposición sería sin perjuicio de las respectivas posiciones o de los derechos y responsabilidades del Gobierno británico, y que la resolución de la disputa anglo-guatemalteca y la independencia de Belice eran problemas separados.    De esta manera se cerraba cualquier posibilidad de un arreglo territorial.
El 11 de julio de 1978, el Gobierno de Guatemala declaró que estaba dispuesto a seguir las negociaciones, tomando en cuenta los intereses del pueblo de Belice y sin menoscabo de los derechos para Guatemala.  En septiembre de ese mismo año, los cancilleres del Reino Unido y Guatemala, David Owen y Rafael Castillo Valdés, respectivamente, se reunieron en Nueva York.  Se propuso en dicha oportunidad la construcción de una carretera hacia Petén, hasta Tikal; asimismo, servicios portuarios libres para Guatemala en la ciudad de Belice.  Guatemala mostró su preocupación por garantizarse el libre acceso al mar desde sus puertos del Caribe, que podría verse afectado con un Belice independiente.  Se conversó también sobre la firma de un tratado de mutua seguridad y amistad.   El 28 de noviembre, Gran Bretaña hizo públicas sus propuestas a través de su gobernador en Belice, en una forma que no satisfizo a Guatemala, por lo que el Gobierno de Guatemala emitió una declaración, el 30 del mismo mes, en la cual se rechazaban las propuestas británicas, se desconocía cualquier acuerdo que pretendiera suscribirse a espaldas de Guatemala y se afirmaba que este Estado no restablecería relaciones diplomáticas con Gran Bretaña mientras ésta permaneciera en suelo centroamericano. 
Las negociaciones, sin embargo, continuaron sobre estos puntos.  La inminencia de una independencia de Belice, declarada unilateralmente por Gran Bretaña, apremiaba más la conclusión de un acuerdo.  Guatemala había declarado que si esto sucedía antes de solucionarse la controversia, se estaría violando el Artículo 33 de la Carta de la ONU, que establece los procedimientos para resolver los conflictos internacionales que puedan poner en peligro la paz internacional.
Mientras tanto, debido al prolongado desacuerdo para resolver la añeja controversia,  el caso de  Belice había pasado al ámbito de la ONU.   En virtud  de la Resolución No. 1514, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,[87] el 14 de diciembre de 1960, la situación de Belice era monitoreada por la Comisión de Descolonización.
El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL)[88], surgido en 1961 como resultado del proceso descolonizador y de la división del mundo en dos bloques opuestos, liderados por la URSS y Estados Unidos y enfrentados en el contexto de la guerra fría,  tenía entre sus fines apoyar las luchas por la independencia de los pueblos aún colonizados en África, Asia y en el continente Americano.   Allí también sería considerado el caso de Belice. La dirigencia política beliceña percibió acertadamente y con claridad que el camino a su independencia pasaba y pasaría por el Grupo de Países No Alineados, donde gozaba de un creciente apoyo.
Por el contrario, Guatemala se mantuvo alejada y hasta marginada del movimiento de los no alineados y de otros foros tercermundistas, como el Grupo de los 77.  Ello era consecuencia del alineamiento marcadamente anticomunista, pro norteamericano, de los gobiernos militares del país tras el derrocamiento del régimen del Presidente Jacobo Árbenz, en 1954.
En relación al oprobioso crimen que representó el colonialismo, Evelio Díaz Lezcano, acertadamente indica que “el régimen colonialista inglés, al igual que el de las demás potencias, interrumpió la evolución natural de los pueblos dominados y los sometió a una despiadada explotación.  Con la sangre y los sufrimientos de millones de personas “inferiores” se erigieron, en gran medida, muchas de las opulentas sociedades europeas.   Estas sociedades, por tanto, contrajeron una enorme deuda con aquellos pueblos que sojuzgaron, deuda que aún no ha sido saldada.”[89]
Su decidida política le permitió a Belice recibir, en 1975 y otros momentos, el valioso apoyo de los países miembros del MNOAL.   Por aparte y para empezar a “saldar la deuda”, Inglaterra tomó la decisión de no obstruir el curso de la descolonización, de la independencia de Belice y de otras colonias, como tampoco disuadió el acercamiento entre la dirigencia beliceña y los países no alineados.  Con esa posición se buscó diluir la reclamación territorial de Guatemala dentro del proceso de descolonización y ubicar a Guatemala en el contexto de países que adversaban la independencia de una colonia de su metrópolis imperial.   
En su XXXV Período de Sesiones, el 11 de noviembre de 1980, después de un intenso cabildeo que le restó todo respaldo a Guatemala, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 35/20, de un proyecto presentado por todos los países del Commonwealth, México, Cuba, Nicaragua y otros países del Tercer Mundo.  En ella:  1)  se declaró que Belice debería convertirse en Estado independiente antes de la terminación del XXXVI período de sesiones; 2)  se exhortó al Reino Unido a convocar una conferencia constitucional para preparar la independencia de Belice; 3) se instó a las partes interesadas a no recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza para impedir que el pueblo de Belice ejerciera su derecho a la libre determinación, a la independencia y a la integridad territorial; 4) se exhortó al Gobierno del Reino Unido, como potencia administradora, a continuar garantizando la seguridad y la integridad territorial de Belice; y 5) se pidió a los órganos correspondientes de las Naciones Unidas que tomaran las medidas necesarias, solicitadas por la potencia administradora y el Gobierno de Belice, a fin de facilitar el logro de la independencia y ulteriormente garantizar su seguridad y su integridad territorial.
La independencia de Belice sería concedida, a pesar de la reclamación de Guatemala.  El propio Reino Unido debería preparar la conferencia constitucional; es decir, la independencia sería dentro del Commonwealth; se prevenía a Guatemala no usar amenazas o la fuerza para impedir la independencia e integridad del territorio de Belice. 
En “El Caso de Belice”, Alberto Herrarte señala que “quedaba asegurado así el neocolonialismo[90] a través de un sistema aparentemente democrático.  Véase por qué:  En Belice habría un Gobernador General, nombrado por la Reina previa consulta con el Primer Ministro, y éste a su vez, es nombrado por el gobernador dentro de la mayoría de la Cámara de Representantes.”[91]   Sin embargo, este esquema corresponde al de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones (anteriormente llamado Mancomunidad Británica de Naciones, 1931-1949), una asociación libre de Estados, en la que se encuentra el Reino Unido y muchas de sus antiguas dependencias que han escogido mantener vínculos de amistad, cooperación práctica y que reconocen a la Monarquía Británica como cabeza simbólica de su asociación.[92]
El único recurso que le quedó a Guatemala fue protestar enérgicamente por la decisión tomada y manifestar que no reconocería la independencia de Belice. 
El Gobierno de Guatemala, apremiado por las circunstancias, quiso salvar algunas ventajas para el país y, el 11 de marzo de 1981 se firmaron las llamadas Bases de Entendimiento, en Londres, por el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la Mancomunidad Británica, Nicholas Ridley; el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Rafael Castillo Valdés; y George Price, Primer Ministro de Belice.   En estas Bases de Entendimiento, se reconocía la independencia de Belice; como única compensación territorial, Guatemala se obtenía el uso y disfrute de los cayos Ranguana y Zapotillo, y se consignaron algunas estipulaciones sin mayor trascendencia.   Este proyecto, que era un pacto de contrahendo[93], no fue aceptado por Belice ni por Gran Bretaña.
El Gobierno de Guatemala difundió ampliamente dichas Bases.   Explicó que se trataba de un pacto de contrahendo que necesitaba complementarse con los tratados correspondientes, los cuales deberían aprobarse constitucionalmente en la forma establecida y reformarse la Constitución en la parte atinente a Belice; que mientras ello no ocurriera y no se firmaran los tratados que de allí se derivaban, Guatemala no renunciaba a ninguno de sus derechos; que dicho pacto había sido el único medio de solucionar la disputa, la cual, de persistir, mantendría un foco de inseguridad e intranquilidad en el área, y que de producirse la independencia unilateral de Belice, se denunciaría la ilegitimidad del acto.   Las dieciséis bases fueron las siguientes:
1) Guatemala y el Reino Unido reconocerían al Estado independiente de Belice como parte integrante de Centro América y respetarían su soberanía e integridad territorial de conformidad con sus fronteras existentes, sujeto, en el caso de Guatemala, a la conclusión de los tratados necesarios para dar vigencia a las Bases; 2)  Se le reconocerían a Guatemala las aguas territoriales que le asegurarían acceso permanente y sin impedimento a la alta mar, así como derechos sobre el lecho marino subyacente; 3)  Guatemala tendría el uso y disfrute de los Cayos de Ranguana y Zapotillo y derechos en aquellas áreas del mar adyacentes a los cayos, según conviniera; 4) Guatemala tendría el derecho de instalaciones de puerto libre en la ciudad de Belice y en Punta Gorda; 5)  Se mejoraría la carretera entre la ciudad de Belice y la frontera guatemalteca. 6) Se completaría una carretera entre Guatemala y Belice; 7) En áreas a convenirse, se llegaría a un acuerdo para propósitos relativos al control de la contaminación, la navegación y la pesca; 8) Se convendrían áreas del lecho marino y de la plataforma continental para la exploración y explotación conjunta de minerales e hidrocarburos; 9) Guatemala y Belice convendrían acerca de ciertos proyectos de desarrollo en beneficio mutuo; 10) Belice tendría derecho a cualesquiera servicios de puerto libre en Guatemala, que corresponderían a servicios semejantes concedidos a Guatemala; 11) Guatemala y Belice suscribirían un tratado de cooperación para asuntos de seguridad mutua; 12) Salvo lo previsto, nada sería en perjuicio de derechos o intereses de Belice o del pueblo beliceño; 13) Guatemala y el Reino Unido celebrarían acuerdos para restablecer sus relaciones; 14) Guatemala y el Reino Unido emprenderían acciones para el ingreso de Belice a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, las organizaciones centroamericanas y otras organizaciones internacionales; 15) Se establecería una Comisión Conjunta de Guatemala, el Reino Unido y Belice para preparar el tratado o los tratados correspondientes; 16) Consecuentemente, la controversia entre Guatemala y el Reino Unido sobre el territorio de Belice quedaba honorable y finalmente terminada.[94]
Como puede observarse, por medio de estas Bases Guatemala renunciaba a su reclamación territorial, y obtenía, por toda compensación, seguridades para su mar territorial y los cayos de Ranguana y Zapotillo, carentes de importancia económica, pero sí de importancia geopolítica, por estar en la garganta de la Bahía de Amatique.   Y ni siquiera se empleaba la palabra “soberanía”, sino que se hablaba del “uso y disfrute” de los mismos.  Los demás puntos eran cosas que ya se habían discutido mucho con anterioridad y que beneficiaban tanto a Guatemala como a Belice.
No se firmó, sin embargo, ningún tratado.  En el curso de las negociaciones, el Reino Unido había llevado lentamente a Guatemala hacia la posición de una posible renuncia de su reclamación territorial y al reconocimiento de la independencia de Belice.  Logrado esto, aunque no se firmara ningún acuerdo, parecían carecer de fundamento las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que exigían una pronta resolución de la disputa, a fin de que se otorgara la independencia de Belice.
Después de firmar, el 11 de marzo de 1981, las Bases de Entendimiento, se celebró una nueva ronda de negociaciones en Nueva York, del 6 al 10 de agosto, sin que se llegara a ningún acuerdo.  El 21 de septiembre de 1981, Belice fue declarado independiente.   El territorio de Belice, tal y como lo detentaba Gran Bretaña, está comprendido dentro de los 15º 34´ y los 18º 29´ de latitud norte y los 87º 20´ a  89º 15´de longitud oeste del meridiano de Greenwich.   Se reconoció su independencia dentro del Commonwealth y en su Constitución se estableció que sus fronteras por el lado de Guatemala eran establecidas según el tratado de 1859.
Belice solicitó admisión a la ONU y se incorporó  a ésta el 25 de septiembre de 1981, convirtiéndose así en el miembro número 156 de dicha organización.  Su ingreso se aprobó con el voto adverso de Guatemala, como también al de otros organismos, incluyendo la OEA, donde fue admitido en 1990.    Es importante destacar que en su Constitución Nacional, como hemos dicho anteriormente, misma que fuera adoptada a raíz de su independencia, fijó sus límites territoriales consignando que con Guatemala son los establecidos en la convención anglo-guatemalteca de 1859, con lo que Belice aceptó dicho instrumento.
Al acceder a su independencia, Belice sucedió a Inglaterra con todos los derechos, obligaciones y limitaciones que establece el Derecho Internacional contemporáneo.  Por otra parte, aceptó de manera expresa en su Constitución Nacional que sus límites con Guatemala son los establecidos en la Convención anglo-guatemalteca de 1859, con lo que aceptó unilateralmente dicha convención en el estado en que ésta se encontraba en 1981.  Es decir, enterado de que Guatemala consideraba la convención caducada en virtud del incumplimiento por Inglaterra.  Evidentemente, Belice estima que los límites establecidos en esa convención son independientes del compromiso establecido en la cláusula VII, por lo que su incumplimiento no afecta los límites que constan en la convención.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se interesó en un hecho particular como la independencia de Belice, no obstante existir una reclamación territorial pendiente, que tenía serias implicaciones jurídicas a posteriori.   Previo a ello, la reclamación de Guatemala se había debilitado considerablemente por la posición mexicana.
El 8 de julio de 1893, México y Gran Bretaña firmaron el tratado de límites entre la República Mexicana y el territorio de Belice, en el que se hizo constar simple y llanamente que el límite estaba constituido por el paralelo 18º, en la forma en que se especifica en dicho instrumento, y por el río Hondo, aguas arriba, hasta el Salto Garbutt, en un punto al Norte de la intersección de las líneas divisorias de México.   Cuando Guatemala publicó el Libro Blanco, el Canciller mexicano Eduardo Hay manifestó su solidaridad con la causa guatemalteca, y en la misma forma lo hizo el Presidente de México, General Lázaro Cárdenas, el 17 de marzo de 1940.  Sin embargo, en el libro de José Antonio Calderón Quijano, Belice, 1663-1821 Historia de los establecimientos británicos del río Valis hasta la independencia de Hispanoamérica, publicado en 1944, se indicó, sin ningún propósito de polémica o de reivindicación, que las concesiones españolas entre el Río Hondo y el Sibún podrían haber estado dentro de la Capitanía General de Yucatán. 
Ello dio lugar a que Isidro Fabela publicara el libro titulado Belice-Defensa de los derechos de México, en el que sostuvo que, en el caso de que las posesiones británicas pasaran a la administración de las repúblicas americanas, México tendría que reivindicar el territorio comprendido entre los ríos Hondo y Sibún, correspondiendo a Guatemala solamente el comprendido entre el río Sibún y el río Sarstún.   Esta posición fue oficializada por el gobierno mexicano el 30 de mayo de 1949, cuando su representante, Benito Coquet, hizo una exposición al Presidente de la Comisión Americana de Territorios Dependientes.   Desde entonces, México obstaculizó en todas formas la reclamación de Guatemala, quien objetó debidamente los argumentos mexicanos; pero ello no impidió que, en las reclamaciones guatemaltecas ante organismos internacionales, México presentara una reserva en el sentido de que, de cambiar el status de Belice, tendría derechos que reclamar; asimismo, que objetara que no se le diera intervención en algunas reuniones anglo-guatemaltecas para dilucidar el problema.
Consecuentemente, la posición de México era que “de no cumplirse la condición de una independencia completa de Belice, las viejas reivindicaciones mexicanas sobre la parte septentrional del territorio podrían formularse de nuevo”[95] y quien a partir de 1979 respalda enérgicamente a Belice convirtiéndose en  campeón de la libre autodeterminación del pueblo beliceño y patrocinando varias resoluciones a favor de la independencia de Belice en diferentes foros internacionales, traduciéndose en relaciones más estrechas con ese país.  Y, por supuesto, también hubo debilitamiento por las constantes concesiones hechas por Guatemala en el curso de las negociaciones.   Habiéndose separado el problema (la reclamación guatemalteca propiamente dicha, por una parte, y la independencia de Belice, por otra), a la Asamblea le resultaba fácil decidir políticamente sobre la independencia y dejar a las partes la solución de la reclamación territorial.   El párrafo 5 de la Resolución 35/20 es muy elocuente al respecto.  Dice así:
“Insta al Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte, actuando en estrecha consulta con el Gobierno de Belice, y al Gobierno de Guatemala a que continúen sus esfuerzos para llegar a un acuerdo, sin perjuicio del ejercicio por el pueblo de Belice de sus derechos inalienables y para fomentar la paz y la estabilidad de la región, y a que en este sentido celebren consultas con otros Estados de la zona especialmente interesados.”
La resolución de la Asamblea puede ser un antecedente para casos semejantes, como el de las Malvinas, en Argentina, y el de Gibraltar en España, si se dan las condiciones políticas para ello.   Sin embargo, y a pesar de que la independencia generalmente pone fin a reclamaciones semejantes, el caso de Belice es particular.  En primer lugar, porque la Asamblea General urgió en todas sus resoluciones anteriores al pronto arreglo de la disputa, como si se tratase de una condición sine qua non para que se otorgara la independencia; en segundo lugar, porque la propia Asamblea hizo la salvedad de la controversia en el párrafo 5 de la resolución, ya transcrito; y en tercer lugar, porque las Bases de Entendimiento, firmadas el 11 de marzo de 1981, habían sido consideradas por Guatemala como el acuerdo de las partes sobre la disputa.  La Base 16 dice así:  “Consecuentemente, la controversia entre Guatemala y el Reino Unido respecto del territorio de Belice quedará honorable y finalmente terminada.”
El acuerdo, como se dijo, era un pacto de contrahendo.  Se precisaba completarlo con el tratado o los tratados correspondientes.  Británicos y beliceños también le dieron ese carácter.   El hecho de que las partes no se pusieran de acuerdo o no se aprobaran las Bases de Entendimiento, faculta a Guatemala para que jurídicamente pueda continuar su reclamo en la forma que estime conveniente. 
Toriello Garrido se refiere a la independencia de Belice y señala que “los habitantes de Belice quieren ser independientes y autónomos y tienen absoluto derecho a ello.”[96]    De igual forma, indica que la Revolución de Octubre en Guatemala fue campeona del anticolonialismo y de la autodeterminación de los pueblos y que en 1980, las Naciones Unidas, por votación abrumadora, reconoció a los beliceños su derecho inalienable a la independencia y a la autodeterminación[97] y que, consecuentemente, los revolucionarios deben apoyar ese derecho y dicha resolución.    Señala que debido a la negativa de los ingleses a resolver junto con Guatemala el caso de Belice, en el año 1945, durante el Gobierno revolucionario del Dr. Juan José Arévalo, la Cancillería guatemalteca declaró caducado el Tratado de Límites de 1859 entre Guatemala y Gran Bretaña, por incumplimiento de Inglaterra de la cláusula séptima de dicho instrumento.   Todos los Ministros de Relaciones Exteriores guatemaltecos, incluyéndolo a él, mantuvieron reservas sobre el territorio de Belice en todas las conferencias internacionales; sin embargo, desde 1945 a 1980, los principios internacionales, como consecuencia del proceso de descolonización, cambiaron, prevaleciendo en ese momento el derecho de autodeterminación de los pueblos sobre las disputas territoriales entre los Estados.
No obstante lo anterior, señala Toriello, que Guatemala, al reconocer ese derecho y al mismo tiempo apoyar la independencia de Belice, debe llegar, con los representantes legítimos del pueblo beliceño, a un arreglo pacífico que le garantice a Guatemala una amplia salida al mar, derechos sobre la plataforma submarina colindante, derechos de pesca y un acuerdo (con participación de Honduras) sobre los límites o uso común de las 200 millas de cada uno, que geográficamente se traslapan.
A partir de la independencia de Belice, en 1981, las reuniones bilaterales entre ese nuevo país y Guatemala han continuado para tratar de poner fin a este centenario conflicto.



CAPITULO TRES

NEGOCIACIONES GUATEMALA-BELICE



La nueva situación tras la independencia de Belice.
La independencia de Belice produjo cambios en la actitud de Guatemala, relacionados con la reclamación de ese territorio.   Primero, la Asamblea Nacional Constituyente consideró realista, en 1985, dejar de lado la afirmación de la soberanía de Guatemala sobre el territorio de Belice –originalmente hecha en la Constitución de 1945- y establecer en el artículo 19 transitorio parámetros de negociación de la disputa y de relación con el pueblo de Belice, al igual que un mecanismo para resolverla en definitiva. 
En efecto, el 31 de mayo de 1985, fue decretada la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuyo Artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales dice, en relación a Belice, que “el ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales.   Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el congreso de la república al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución.   El Gobierno de Guatemala promoverá relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice.”
El 24 de diciembre de 1986, se restablecen las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Guatemala, que por más de veintitrés años habían estado interrumpidas debido a la reclamación territorial sobre el territorio de Belice.   Por último, en 1991, Guatemala hizo reconocimiento de jure sobre Belice como Estado independiente, estableciendo relaciones diplomáticas con ese país.
El nuevo esquema de relaciones dio lugar, por un lado, a negociaciones entre ambos países con la presencia del Reino Unido a fin de resolver la controversia existente –aunque discrepando en su naturaleza- y, por el otro, al reconocimiento de Belice como Estado, en términos que aún se prestan a discusión en Guatemala.
Entre 1986 y 1990, a nivel de delegados de los gobiernos de ambos países, con presencia de delegados británicos –y luego al más alto nivel- el Presidente de Guatemala,  Vinicio Cerezo Arévalo, y el Primer Ministro de Belice, George Price-, celebraron reuniones periódicas a fin de esclarecer los asuntos controvertidos y avanzar en la resolución del conflicto.   Se introdujo, así, en el lenguaje de las negociaciones el componente de la cooperación y el concepto de que subsistía un diferendo fronterizo.
En 1991, efectuado un cambio de gobierno en Guatemala, el asunto de Belice siguió manejado directamente por el Presidente de la República, Jorge Serrano Elías.   Sorpresivamente, el 14 de agosto de 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de Guatemala publicó un comunicado por medio del cual el Presidente de la República declaraba que, de conformidad con la Constitución Política y el Derecho Internacional, se reconocía el derecho de Belice a la libre determinación.  Asimismo, se informó que se continuaría negociando y se agotarían todas las instancias legales para la resolución definitiva del diferendo territorial.   Huelga mencionar que dicho anuncio provocó una gran conmoción, especialmente en los medios de comunicación guatemaltecos.  Posteriormente se producirían verdaderos rechazos a la decisión unilateral tomada por el gobierno.
El 5 de septiembre de 1991, el Gobierno de Guatemala, en boletín oficial anunció que, conforme a declaración oficial de Belice, éste le aseguró a Guatemala el paso al Atlántico desde el departamento de El Petén; el uso y desarrollo de facilidades portuarias en el Estado de Belice y el derecho a participar en la explotación conjunta de áreas del mar patrimonial de explotación económica exclusiva de Belice, para beneficio mutuo, informando, además, sobre el reconocimiento de Belice como Estado independiente y el establecimiento de relaciones diplomáticas.  
Para muchos, con este anuncio, se debilitó la posición negociadora de Guatemala, mientras que, para otros, el reconocimiento y el establecimiento de relaciones diplomáticas fue realista y útil, por cuanto las Partes pueden hoy en día comunicarse con más facilidad, permitiendo la fluidez.   Lo cierto es que, según Belice, hubo un desplazamiento de la controversia territorial en dirección de lo limítrofe, en tanto que para el gobierno de Guatemala, esos actos no alteraron lo fundamental, cual era y es determinar mediante un mecanismo de solución pacífica, si la Convención de Límites de 1859 caducó o no; si es o no nula o anulable; si Belice debe o no reintegrar la parte del territorio que le correspondería a Guatemala y si Inglaterra debe o no indemnizar a Guatemala por el incumplimiento de la cláusula VII del relacionado Tratado de Límites. 
Establecidas relaciones diplomáticas, Belice y Guatemala se obligaron a entablar negociaciones directas para solucionar el diferendo territorial existente entre los dos países.   El 20 de diciembre de 1991, en un comunicado conjunto, los gobiernos de Guatemala y Belice acordaron crear una Comisión Binacional Guatemala-Belice, un mecanismo bilateral de consultas, integrado por Ministros de Estado y coordinada por los cancilleres.
Por su parte, el gobierno de Belice sometió a consideración de su Parlamento la Ley de Zonas Marítimas (Maritime’s Act), promulgada el 24 de enero de 1992, referente al Mar Territorial, las Aguas Interiores y la Zona Económica Exclusiva de Belice y asuntos conexos.  Guatemala, a su vez, indica que “la delimitación provisional realizada unilateralmente por Belice en su Maritime’s Act de 1992 establece que las aguas entre sus costas y las islas, cayos e islotes al este de sus costas, constituyen aguas interiores y que, a partir de las islas, cayos e islotes situados al este de sus costas, las aguas son aguas territoriales de Belice en la extensión de 12 millas marinas.”[98]    De igual forma, Belice sostiene que por estar pendiente la delimitación definitiva, su mar territorial que linda al sur con el de Guatemala, continuará siendo de tres millas marinas de ancho, pero sujeto a revisión, por lo que se reservó el derecho de modificar esa extensión.
El 31 de julio de 1992, se produjo una declaración conjunta de los cancilleres guatemalteco y beliceño, Gonzalo Menéndez Park y Said Mussa, en el sentido de que, no habiéndose firmado aún un tratado que estableciera definitivamente las fronteras terrestres y marítimas, acordaban aceptar que cualquier mención de sus respectivos territorios sería hecha en base a los monumentos existentes.
El 3 de noviembre de 1992, se promovió por ciudadanos particulares guatemaltecos un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones del Presidente de Guatemala relativas al reconocimiento de Belice.  La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que los actos impugnados no violaban por sí mismos la Constitución y que para el control interorgánico, el Presidente de Guatemala debería someter al Congreso de la República los actos realizados en relación a Belice.    El 24 de noviembre del mismo año, el Congreso guatemalteco emitió un Acuerdo en el que se declara que lo actuado por el Presidente de Guatemala no constituye tratado, convenio o acuerdo internacional que implique acuerdo definitivo sobre la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, por lo que no requerían aprobación del Congreso, ni sometimiento al procedimiento de consulta popular.   Así, el Poder Ejecutivo guatemalteco estuvo autorizado a continuar las negociaciones y someter la controversia a solución internacional.
El Presidente Serrano Elías fue expulsado del gobierno, al pretender realizar, con apenas siete años de una joven democracia en Guatemala, un golpe de Estado, el 25 de mayo de 1993, mediante la disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, intento de manipulación de los Tribunales Electorales, así como censura a la prensa.   La incipiente democracia guatemalteca se encontraba debilitada por frecuentes acontecimientos de violencia y corrupción, que se manifestaron en descontento popular a través de protestas en contra de incrementos a los precios de la energía y el transporte.   El descontento público se elevó a un paro general y a fiscalización e investigación de las finanzas del entonces Presidente Serrano, quien poseía lujosas propiedades en su corto tiempo de mandato, siendo ésta la última acción de la ciudadanía.  La institucionalidad del país fue reinstaurada de inmediato y fue designado como Presidente de la República, el Lic. Ramiro de León Carpio, ex Procurador de los Derechos Humanos.  
La Corte de Constitucionalidad decretó, el mismo día del autogolpe, ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones de las denominadas “Normas Temporales de Gobierno”; a su vez, la Corte Suprema de Justicia descartó la orden de Serrano Elías de convocar inmediatamente a elecciones legislativas.   El desaforo se logró mediante un fallo de la Corte de Constitucionalidad que, entre otros, declaró la ilegalidad de lo actuado en torno al asunto de Belice por el Presidente Serrano Elías y el Vicepresidente.
Luego del reconocimiento de Belice como Estado independiente, efectuado por la ONU el 21 de septiembre de 1981, Guatemala no planteó formal reserva de sus derechos ante el Secretario General de la ONU, hasta el 4 de marzo de 1994.   Cabe mencionar que en la década de los ochenta, Guatemala atravesaba por un sangriento conflicto armado interno, por lo que, aunque no se justifica el retraso para el planteamiento de la relacionada reserva, se entiende que fue una época sumamente difícil para el país.   
En dicha reserva, se reconoció la independencia y el derecho a la autodeterminación de Belice, más no su territorio, porque Guatemala no  ha resuelto su reclamo al diferendo territorial.  Y, aunque el Gobierno de Belice declaró no tener ningún diferendo territorial con Guatemala porque su territorio está delimitado en su propia Constitución y sólo le falta demarcar formalmente su frontera internacional, aceptó en nota de fecha 22 de marzo de 1994 negociar con Guatemala cualquier derecho territorial que adujere tener.    Desde esa última fecha se han efectuado varios esfuerzos para encontrar una solución negociada del diferendo territorial.
Luego del fallido autogolpe durante el Gobierno del Presidente Serrano Elías en 1993, la institucionalidad del Gobierno guatemalteco se fortaleció y, a partir de entonces, su proceso democrático condujo al logro de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que puso fin a 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.   
Villagrán Kramer, miembro del Consejo de Belice de Guatemala señaló, en 1997,  que  el Gobierno de Guatemala, después de suscribir el Acuerdo de Paz (el cual fue firmado el 29 de diciembre de 1996), se ocuparía de la controversia con Belice y el Reino Unido[99]  Es así como mediante nota de 18 de octubre de 1999, el Gobierno de Guatemala requirió del Gobierno de Belice la solución del diferendo territorial, para cuyo efecto le instó a aceptar alguno de los medios de solución pacífica de controversias que establece el Derecho Internacional.[100]
La posición guatemalteca fijada en aquella ocasión fue la siguiente:
1.  El Gobierno de Guatemala considera que Belice debe revertir a Guatemala el territorio que correspondía a la República Federal de Centro América y por sucesión a la República de Guatemala, comprendido desde el río Sibún al río Sarstún, parte integrante de la Provincia de la Verapaz.
2.   El Gobierno de Guatemala protesta por la ocupación de facto que el Estado de Belice mantiene sobre ese territorio y en ninguna forma reconoce la existencia de fronteras, ni acepta las declaraciones del Gobierno de Belice de que el territorio le pertenece.  Asimismo, protesta por la ocupación de facto de las islas adyacentes a Belice no incluidas en los tratados de usufructo.
3.  El Gobierno de Guatemala se reserva cualquier derecho que pudiera corresponderle por la ocupación ilegal del territorio en disputa.
4.  El Gobierno de Guatemala manifiesta su buena voluntad en el arreglo pacífico de esta controversia, que por su naturaleza es de carácter eminentemente jurídico y deberá ser resuelta por los medios que para esta clase de asuntos señala el artículo 36 de la Carta de la ONU y el artículo  26  de la Carta de la OEA.[101]
En consecuencia, el Gobierno de Guatemala propone formalmente al Gobierno de Belice que este asunto sea sometido,  ya sea a un arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia.   En ambas modalidades podrían los dos gobiernos plantear de común acuerdo el asunto a dirimir en su caso.
Guatemala aduce que el Gobierno de Belice evidenció con diversas actitudes que sólo le interesaba consolidar su posición de hecho, obtener ventajas para sus pobladores y convencer a la comunidad internacional de que estaba en lo justo al afirmar que no cedería una pulgada de su territorio.     Guatemala también señala que graves incidentes en la zona de adyacencia, que incluyeron el asesinato, por las Fuerzas de Defensa de Belice, de pobladores guatemaltecos, así como la captura, por el Ejército de Guatemala, de una patrulla militar beliceña que penetró ilegalmente al territorio guatemalteco y la posterior fuga de sus integrantes, permitieron que, mediante persistente presión diplomática, se forzara al Gobierno de Belice a aceptar el tratamiento formal del diferendo territorial, a la luz de los principios y normas del Derecho Internacional y con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos.
A partir de 1999, con el requerimiento formal hecho a Belice de aceptar algunos de los medios de solución pacífica de controversias que establece el Derecho Internacional, quedó formalmente clara la reclamación marítima e insular de Guatemala.  Al hablar de reclamación marítima guatemalteca se hace alusión específica al mar territorial, a la plataforma continental y a la zona económica exclusiva, zonas marítimas sobre las que un Estado ejerce soberanía.  
En este sentido, para comprender bien las zonas marítimas, es importante tener claro lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, instrumento que regula ampliamente los diversos aspectos de ese derecho y claramente establece la extensión del mar territorial en un máximo de 12 millas marinas, a partir de la línea de más baja marea, regulando igualmente la Zona Económica Exclusiva con una extensión máxima de 200 millas marinas, como también los temas relacionados con la zona contigua y su delimitación hasta 24 millas marinas, o sea 12 millas a partir de donde termina el mar patrimonial.  Asimismo, se refiere a otros tópicos dentro de los cuales se encuentra la plataforma continental (que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de un territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia), el alta mar, la zona de explotación conjunta por parte de los Estados del mundo de los fondos marinos del alta mar.
La costa atlántica guatemalteca forma un ángulo con respecto a la costa beliceña e irradian su mar territorial, de manera tal que ambos se intersectan.  Este problema alcanza su mayor dificultad en la desembocadura del Río Sarstún, que es el vértice del ángulo formado, lugar donde Guatemala no alcanza siquiera las 12 millas marinas del mar territorial que le corresponde, mucho menos las 200 millas marinas de zona económica exclusiva.     Algo similar ocurre en la costa hondureña, pues ésta tiene una  curva a partir de Puerto Cortés, lo que hace que en esa zona este país también irradie su mar territorial y se intersecte con el de Guatemala.
En el numeral ocho de las “Bases de su reclamación territorial, marítima e insular sobre el territorio de Belice”, Guatemala indica que “Ha sido tan perjudicial la situación originada por la usurpación inglesa del territorio de Belice, que resulta patético reconocer que Guatemala, con una extensión actual de casi 110,000 kilómetros cuadrados y población de más de 11 millones (ca. 1 millón de habitantes en 1860), tenga solo unos 310 kilómetros de costa, en tanto que Belice, con una extensión territorial de casi 23,000 kilómetros y una población de cerca de un cuarto de millón de habitantes (ca. 20,000 habitantes en 1860), tenga una línea costera de más de 400 kilómetros, sin contar islas que duplicarían esa proporción.    Guatemala y Belice no pueden continuar una vecindad incómoda a causa de un problema no resuelto:   Esto no beneficia a los beliceños ni a los guatemaltecos; mucho menos a la coexistencia pacífica y recíprocamente útil de las naciones.”[102]
En este sentido, es sumamente importante que los tres países lleguen a acuerdos internacionales a través de los cuales se ponga fin a la incertidumbre que ha imperado en sus mares territoriales en el Océano Atlántico, y lograr de esa manera el disfrute pacífico y respetuoso de esa zona marítima que pertenece a cada Estado por derecho.[103]
De otra parte, al hablar de la reclamación insular guatemalteca, nos referimos a las islas adyacentes, que salvo el Cayo de San Jorge, no formaron parte de los tratados de usufructo de 1783 y 1786 y que, según Guatemala, fueron excluidas expresamente.   De igual forma, Guatemala indica que lo establecido en la Constitución de Belice, de que las islas, islotes y cayos que se encuentran cercanas a las costas de Belice forman parte del territorio de ese Estado, constituye una inclusión indebida, ya que formaron parte de la Capitanía General de Guatemala en la época colonial y, posteriormente, por derecho de sucesión, pasaron a formar parte de la República de Centro América y después de la República de Guatemala, según los términos de reconocimiento por España[104].
El Capítulo I de la Constitución de Belice incluye las siguientes islas e islotes como parte de su territorio:  Islas Turneffe, los Cayos del arrecife Lighthouse y del arrecife Glover, junto con todas las islas asociadas.   También incluye el Cayo Ambergris (San Pedro), Cayo Corker, Cayo Chapel, Cayo Largo, Cayo Frenchman, Cayo San Jorge, Cayo Sergeant, Cayo Goff, Cayo Inglés, Cayo Rendezvous, Cayo Fluefield Range, Cayo Largo del Sur, Cayo Columbus, Fly Range of Cays, Cayos Tobacco, Southerns Water Cay, Cayo Carrie Bow, Cayo Gladden, Cayo Seda, Cayo Pompion, Cayo Ranguana, Cayo Zapotilla, Cayo Culebra y todas las islas y cayos asociados con los anteriores cayos y todos los cayos a lo largo de la barrera de arrecifes[105].
De igual forma, los accidentes geográficos comprendidos entre el cayo Ambergris – SE y el Río Sarstún, que aparecen mencionados en la Ley de 24 de enero de 1992 referente al Mar Territorial, las Aguas Interiores y la Zona Económica Exclusiva de Belice y a asuntos conexos (Ley de Zonas Marítimas), son los siguientes:   Cayo Ambergris – SE, Cayo Mauger, Cayo Sandbore, Cayo Half-Moon, Cayo North-East, Cayos Silk, Black Rock, Cayo Nicholas, Cayo Hunting, Cayo Ragged, Cayo East Snake, Cayo South Snake, Cayo Moho, Cayo Stuart, Río Grande – Entrada Sur, Punta Orange, Punta Mother, Río Sarstoon[106].
En el numeral VI.  “A.  Reclamación Insular”,[107] Guatemala indica que ni las islas ni los islotes o cayos fueron considerados como parte del usufructo que España le concedió a Gran Bretaña.  Por el contrario, como se expone posteriormente, todo el territorio insular ubicado frente a las porciones Norte y Sur de Belice fue expresamente excluido de las concesiones españolas.   Por lo tanto, no pueden ser tenidos como parte de Belice sino como un territorio usurpado, primero, por Gran Bretaña y después de su independencia, por Belice.   El tratado de 1783, en que se otorgó por vez primera el usufructo a Inglaterra, se estableció un distrito, comprendido dentro de los ríos Hondo y Belice como límites indelebles, para que los ingleses pudieran cortar, cargar y transportar el palo de tinte.  Dicho tratado textualmente dice:
“Será permitido a los habitantes ingleses que se establecieren para la corta de palo ejercer libremente la pesca para su subsistencia en las costas del distrito convenido arriba, o de las islas que se hallen frente al mismo territorio, sin que sean inquietados de ningún modo por eso; con tal de que ellos no se establezcan de manera alguna en dicha islas”.
Por el tratado de 1786 se ampliaron los límites del territorio concedido en usufructo, en la parte comprendida del río Belice al río Sibún, habiéndose expresado que todas las restricciones especificadas en el tratado de 1783 quedaban en vigor “para conservar íntegra la propiedad de la soberanía de España en aquel país”.  Se dijo, además, que sería permitido a los ingleses transportar y conducir las maderas hasta el mar, “sin excederse jamás de los límites que les prescriben en las estipulaciones arriba concedidas, y sin que esto pueda ser causa de que suban los dichos ríos fuera de sus límites en los parajes que pertenecen a la España”.  Es decir, no se incluyó en las concesiones el usufructo de islas y cayos salvo la excepción contenida a renglón seguido, que dice:
“Será permitido a los ingleses ocupar la pequeña isla conocida con los nombres de Casina o St. George’s Cay o Cayo Casina, en consideración a que la parte de las costas que hacen frente a dicha isla consta ser notoriamente expuestas a enfermedades peligrosas.”
Para Guatemala, está claro que las islas e islotes frente a las costas de Belice no formaron parte de las concesiones de usufructo y que Gran Bretaña no puede alegar, en lo que al territorio insular se refiere, prescripción por posesión indefinida, porque cualquier posesión que se tuviera sería violatoria de los tratados de usufructo y no podría con base en ella consumarse la prescripción.   Esta situación persiste después de la independencia de Centroamérica y de la formación de la República de Guatemala por razón del derecho de sucesión que admitió España cuando reconoció a la República de Guatemala como país independiente.
Resulta extraño, a su vez, que en la Constitución de Belice (Anexo, Schedule I, que forma parte de la misma Constitución), no se menciona en esta parte el Tratado de 1859, ni tampoco se menciona título alguno que justifique su dominio sobre las islas, por lo que tal inclusión no es más que una declaración unilateral.   Aparte del Cayo St. George o Cayo Casina y sus inmediatamente vecinos, Gran Bretaña nunca ocupó otros espacios insulares.
Cabe mencionar también que Belice tiene la segunda barrera coralina más grande en el mundo, misma que corre paralela a su costa y cuenta con docenas de pequeñas islas denominadas cayos que junto con atolones y arrecifes son de las principales atracciones turísticas de Belice. 
La mediación de la OEA y las perspectivas de solución.
El 15 de  mayo de 2000, ante los oficios del Secretario General de OEA, se trató de resolver el diferendo sometiéndolo a la consideración de un Panel de Conciliadores, constituido por el diplomático guyanés Shridath Ramphal y el abogado estadounidense Paul Reichler, nombrados por Belice y Guatemala, respectivamente; así como también contando con el Secretario General de la OEA como Testigo de Honor.  Los trabajos del relacionado Panel se llevaron a cabo hasta agosto de 2002 y para ello se contó con el apoyo financiero de la Secretaría General de la OEA, con el objeto de poner fin de manera pacífica y definitiva al diferendo.  
Las principales actividades de este instrumento fueron recaudar todos los documentos y datos generados desde el Siglo XIX hasta el 20 de julio de 2000, relativos a las diferencias, argumentos y reclamos de cada una de las partes involucradas.  Asimismo, se llevaron a cabo cuatro reuniones ministeriales entre Belice y Guatemala, con la asistencia de la Secretaría General de la OEA.   La primera reunión tuvo lugar en las instalaciones de la OEA, el 7 y 8 de noviembre de 2000; también se llevó a cabo una reunión extraordinaria en enero de 2001; la segunda reunión se verificó del 5 al 7 de febrero de 2001; la tercera se llevó a cabo en agosto de 2001 y la cuarta reunión se desarrolló en agosto de 2002.
De estas reuniones, los resultados más sobresalientes fueron la adopción del “Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza y su respectivo Plan de Acción” con el fin de facilitar el proceso de negociación a través de la buena fe de ambas partes y, de esta manera, evitar incidentes que pudieran poner en riesgo las negociaciones.   De las medidas adoptadas se destacan las siguientes:
·         Establecimiento de una Línea y Zona de Adyacencia con el objeto de ubicar monumentos, marcas, mojoneras, piedras o demás instrumentos de referencia para la ubicación de la línea fronteriza.   Cabe mencionar que la colaboración del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), en el establecimiento de dicha Línea, fue muy valiosa. 
·         Elaboración de un censo para identificar a los pobladores beliceños y guatemaltecos en la Zona Adyacente, con el fin de definir la reubicación de éstos a sus respectivos países, de ser el caso.
Se adoptó también el “Acuerdo sobre el Procedimiento para tratar los Aspectos Sustantivos del Diferendo Territorial y otros Asuntos de Procedimiento”, documento en el que se identificó a tres poblaciones fuera de la Zona de Adyacencia, Río Blanco, Machaquilá (Tres Puentes) y una serie de casas en el Campamento Valentín (Valentin Camp), para las cuales el Panel de conciliadores recomendó su reubicación al oeste de la Línea de Adyacencia, es decir dentro del territorio de Guatemala.
Del proceso de conciliación emanarían recomendaciones no vinculantes para las partes y, durante todo el proceso conciliatorio, el Gobierno de Guatemala dejó expresamente señalado que la reclamación era de naturaleza terrestre, insular y marítima y que toda la recomendación o propuesta de arreglo definitivo debería ser sometida a la aprobación del pueblo de Guatemala en consulta popular.
Las propuestas del Panel de Conciliadores fueron entregadas el 16 de septiembre de 2002 y, de acuerdo a lo señalado por el relacionado Panel, fueron concebidas como un conjunto equilibrado y solicitaron que fueran consideradas como tal; de igual forma, indicaron que al formular esas propuestas tomaron en cuenta los argumentos y datos históricos, jurídicos, políticos y técnicos que les fueron presentados por las Partes, pero que no se pronunciaron de modo alguno sobre la validez de esos argumentos.

Las propuestas y recomendaciones contienen varios elementos que se combinan de tal forma que no pueden ser separados, siendo éstos:   La frontera terrestre, La Comunidad de Santa Rosa, mares territoriales, zonas económicas exclusivas y plataformas continentales, el Parque Ecológico Belice – Guatemala – Honduras, el Fondo Económico de Desarrollo, Cooperación Funcional en Comercio e Inversiones y Sometimiento del Diferendo Territorial a la CIJ o Arbitraje internacional.
La recomendación más importante fue sugerir que la línea fronteriza entre Belice y Guatemala debía considerarse a partir de la desembocadura del Río Sarstún, en el Golfo de Honduras, al oeste desde Gracias a Dios y hacia el norte en referencia de Aguas Turbias, en la frontera con México, prácticamente igual a lo establecido en el Tratado de 1859 y con base en la Línea Adyacente.  
Con el propósito de incrementar la cooperación, el comercio y la inversión bilateral, el Panel consideró prudente la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y un Tratado Bilateral de Inversiones.   Este tratado coadyuvaría al desarrollo económico de la región, en especial a fortalecer la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), entonces apoyada por la OEA y otras instituciones del Sistema Interamericano, en particular el Banco Interamericano de Desarrollo.   Debe señalarse que, como habían pronosticado los sectores progresistas de la región, que consideraban al ALCA como un proyecto que solo beneficiaba a Estados Unidos, ésta prácticamente murió, según se verificó en la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina,  en el 2005[108].   
Se propuso al gobierno guatemalteco acceder al Atlántico por medio de un corredor marítimo de dos millas a ambos lados de la línea fronteriza marítima entre Belice y Honduras, entre los Ríos Sarstún y Motagua, así como una zona marítima (zona económica exclusiva y plataforma continental), equivalente a un área de dos mil millas náuticas cuadradas.
Asimismo, respecto al “Parque Ecológico Belice-Guatemala-Honduras”, se recomendó el establecimiento del mismo, tomando en cuenta las tres zonas que abarcan las áreas costeras, insulares y marítimas de esos tres países.   El Parque constituiría una zona única y estaría sujeto a un régimen especial que sería adoptado por los tres Gobiernos, sin perjuicio de su soberanía y/o de sus derechos soberanos.    Una de las funciones del Parque Ecológico sería que se destinaría a la conservación de los recursos de la zona, incluidos en particular, los recursos marinos y el desarrollo de un ecoturismo sostenible.    Dado que el Golfo de Honduras es una zona transfronteriza dotada de diversidad ecológica compartida por los tres países, se pensó en este Parque Ecológico trinacional multiuso como el mecanismo para coordinar y armonizar el mantenimiento de estos recursos compartidos y como una medida apropiada para mantener la viabilidad de esa triple dependencia.
Por otro lado, se recomendó la creación de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que sería establecido por el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a solicitud del Secretario General de la OEA, con el propósito de recibir contribuciones que faciliten el desarrollo económico de Belice y Guatemala, así como para Honduras en los casos que corresponda, para erradicar la pobreza extrema en la Zona Adyacente; la preservación del medio ambiente; el establecimiento de un asentamiento humano especial y; la puesta en práctica de propuestas y de más acuerdos que coadyuven a la solución del diferendo.   Este fondo estaría regido por las normas y los reglamentos del BID y las contribuciones serían efectuadas en forma voluntaria por los Estados, las instituciones financieras internacionales, incluido el BID, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, o las instituciones privadas y particulares.
Estas recomendaciones se constituyeron como un mecanismo para lograr la solución pacífica del diferendo territorial entre Belice y Guatemala, en especial la consideración de la Línea Adyacente para delimitar la frontera entre ambos países.  No obstante, las recomendaciones realizadas por el Panel de la OEA no eran de carácter obligatorio, pues según lo acordado por las partes involucradas las propuestas formaban un acto único y, “…nada se consideraría acordado y obligatorio hasta que todos los elementos fueran aprobados por las Partes (…) conforme a sus respectivos procesos constitucionales.”   
Asimismo, el Panel de Conciliadores recomendó a las Partes que si las Propuestas resultaban aceptables para los Gobiernos de Belice y Guatemala, ambas partes tenían la obligación de ponerlas a consideración de la población de sus respectivos países, con miras a su aprobación en referendos nacionales, como condición previa de su ejecución, ya que tales procesos democráticos representarían un aporte sustancial a la plena, perfecta y definitiva solución del diferendo territorial.  Y, ya que ambas partes querrían realizar dicho referendo de modo de reforzar esa contribución, formularon recomendaciones en materia de índole procesal, entre las que se encontraba que los referendos se llevaran a cabo el mismo día en ambos países.
De igual manera, señaló el Panel de Conciliadores que, si fuera el caso, a pesar de los esfuerzos de los Gobiernos de Belice y Guatemala, los pueblos de esos países rechazaran estas Propuestas, debería haber un medio alternativo para resolver este Diferendo Territorial, de manera que el mismo no continuara indefinidamente sin solución.  En consecuencia, sugirieron que las Partes acordaran someter el Diferendo Territorial a la CIJ  para su determinación final y obligatoria, o a algún otro tribunal arbitral internacional que las Partes acuerden.
El 25 de agosto de 2003, el Gobierno de Guatemala rechazó las propuestas de los Conciliadores, indicando que las mismas no guardaban un equilibrio que les permitiera identificar los intereses y reclamaciones de Guatemala, por lo que las hacía no aceptables, bajo el argumento de que no le eran favorables y no le rendían utilidad, es decir, no obtenía concesión territorial alguna, no salía beneficiada por la delimitación fronteriza terrestre, se le confería un corredor limitado de acceso con derechos de navegación irrestrictos.   Con ello, las negociaciones se estancaron por dos años.
En ese sentido, Guatemala propuso que el Gobierno de Belice aceptara discutir, en reuniones bilaterales que la OEA convocaría, aquellas estipulaciones que las hacía inviables.   De no llegarse a ningún acuerdo, sugería que los procedimientos judicial o arbitral recomendados por los conciliadores fueran considerados por los países para negociar el acuerdo compromisorio.
En las reuniones bilaterales subsiguientes Guatemala reiteró su disposición de:  a) Resolver el diferendo mediante negociación directa, bajo los auspicios de la O.E.A.;  b)  Someter a la CIJ los puntos de hecho y de derecho sobre los que no hubieran acuerdo, previa celebración de una consulta popular autorizada por el Congreso de la República de Guatemala.
El 7 de septiembre de 2005, representantes de ambos países nuevamente se reunieron en la OEA con el propósito de firmar el “Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la confianza entre Belice y Guatemala”, a través del cual ambos países acordaron realizar una nueva ronda de negociaciones en el seno de dicho organismo regional para alcanzar un acuerdo para resolver el diferendo territorial entre los dos países, en las áreas terrestre, insular y marítima, así como abordar aspectos económicos, comerciales, turísticos, cooperación y de integración.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por medio de este documento, recomendó a ambos países acudir a la CIJ o alguna instancia del Derecho Internacional para la solución de controversias, como puede ser el caso de una Corte de Arbitraje Internacional.  A partir de este punto, los gobiernos de Guatemala y Belice optaron por llevar el tema del diferendo a la CIJ.
Asimismo, adoptaron veintisiete medidas de fomento de la confianza, dentro de las cuales se destacan:
·         El acuerdo mutuo de que la Línea de Adyacencia no constituye una frontera internacional entre ambos países.  La Línea de Adyacencia a la que se refieren las Medidas de Fomento a la Confianza consiste de una línea que corre de sur a norte desde la marca de referencia en Gracias a Dios, en el sur, hasta la marca de referencia en Garbutt´s Falls y de ahí  hasta la marca de referencia en Aguas Turbias, en el norte.  El territorio ubicado a menos de un kilómetro de la Línea de Adyacencia en cualquier dirección (hacia el este o el oeste), será considerado la Zona de Adyacencia;
·         Protección de los derechos humanos en la Zona de Adyacencia;
·         Evitar el uso de la fuerza o amenaza de hacer uso de la fuerza en la búsqueda de sus intereses con respecto al Diferendo Territorial;
·         Patrullajes militares y policiales conjuntos coordinados por la OEA;
·         Establecimiento de mecanismos conjuntos para facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios;
·         Prevención del corte ilegal de xate;
·         Desarrollo conjunto de medidas para evitar conflictos o incidentes en el mar territorial o en la zona económica exclusiva de cualquiera de las Partes o en alta mar.  La participación de la OEA podría ser solicitada para dicho efecto;
·         Desarrollar planes de esfuerzos cooperativos de lucha contra el narcotráfico y otras actividades criminales, incluidas actividades criminales internacionales;
·         Concluir la negociación de un acuerdo de alcance parcial para el libre comercio;
·         Establecimiento de una Comisión conjunta Belice-Guatemala conformada por autoridades gubernamentales, misma que contaría con la participación de un representante de la OEA.  Dicha Comisión exploraría y elaboraría proyectos y programas de cooperación bilateral para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.  Los trabajos de la relacionada Comisión se orientarían, entre otros, a realizar lo siguiente:  a)  Concluir la negociación de un acuerdo de alcance parcial; b) desarrollar un plan binacional de desarrollo; c) promover el turismo bilateral; d) protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos forestales; e) reconocimiento mutuo de licencias para conducir; f) establecimiento de consulados; g) intercambio regular de visitas de parlamentarios y de alcaldes municipales; h) Memoranda de entendimiento entre las instituciones de educación superior; i) varios tratados, entre ellos:  devolución de vehículos robados; asistencia legal mutua; intercambio de reos; transporte terrestre; transporte aéreo.
La primera sesión de negociación a nivel Ministerial se realizó en la localidad de San Pedro, Belice, el 14 y 15 de noviembre de 2005 y en la misma, las delegaciones de Belice y Guatemala, con la asistencia de la delegación de la OEA, acordaron la identificación de los temas de hecho y de derecho, objeto de la negociación del diferendo territorial, en las áreas terrestre, insular y marítima.  En ese sentido, la OEA propuso el nombramiento de expertos que brindarían asesoría técnica sobre cuestiones específicas relativas al diferendo, cuyos hallazgos y consideraciones no tendrían carácter vinculante para ambos Gobiernos.   De igual forma, la OEA elaboraría un documento (non paper) para identificar las posiciones de Belice y Guatemala con anterioridad a esta reunión y en relación al diferendo territorial, incluyendo las cuestiones terrestres, insulares y marítimas.
De otra parte, se acordó integrar la Comisión Conjunta Belice-Guatemala para elaborar proyectos y programas de cooperación, conjuntamente con la OEA.  Se dispuso que dicha Comisión estuviera integrada por coordinadores designados por cada país y un representante de la Secretaría General de la OEA.  La Comisión convino en priorizar el tratamiento de:  a)  Conclusión de la negociación de un acuerdo de alcance parcial y de un acuerdo sobre transporte terrestre; b) Diseño e implementación de un plan binacional de desarrollo con énfasis en las áreas de infraestructura y turismo; c) Coordinación de actividades conjuntas en las áreas de seguridad, justicia y asuntos migratorios.  De igual forma, ambos países manifestaron su voluntad de convocar al empresariado beliceño y guatemalteco para tratar temas de inversión y desarrollo.
La segunda sesión de negociación ministerial entre ambos países contó también con la presencia del Secretario General de la OEA.  Esta reunión se llevó a cabo en cumplimiento del Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza y se realizó el 10 de febrero de 2006, en la sede de la OEA en Washington, D.C.   De acuerdo con lo resuelto en la primera reunión ministerial (noviembre 2005 en San Pedro, Belice), en la cual la Secretaría General de la OEA propuso la identificación de posiciones que incluirían  las áreas en disputa y que serían consideradas en la etapa inicial del proceso de negociación entre ambos países, se consideró que las áreas de jurisdicción marítima ofrecían la mejor posibilidad de alcanzar acuerdos positivos en menor tiempo, por lo que se recomendó iniciar un proceso de negociación del diferendo territorial sobre el área marítima y, previa consulta, designar un experto de reconocida idoneidad en Derecho del Mar.   Asimismo, se invitó al Gobierno de Honduras a participar del proceso de negociación.
El 23 de marzo de 2006, se realizó otra reunión de negociación, esta vez entre Belice, Honduras y Guatemala.   Lo saliente de dicha reunión fue que por primera vez en la historia, los representantes de los países ribereños se reunieron para tratar los temas relacionados con las áreas de jurisdicción marítima en el Golfo de Honduras y resolvieron constituir un grupo técnico tripartito, de conformidad con el Acuerdo Marco del 7 de septiembre de 2006, a fin de abordar los siguientes temas:  Las líneas de base, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. 
De otra parte, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza, suscrito entre Guatemala y Belice el 7 de septiembre de 2005, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se dirigió el 19 de noviembre de 2007 a los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, para referirse a las negociaciones llevadas a cabo bajo su auspicio, tendientes a la búsqueda de una solución justa, equitativa y honorable de la disputa bilateral.   Insulza indicó en esa ocasión que, al no haberse podido lograr un acercamiento de posiciones que fuera suficiente para vislumbrar una culminación exitosa de las negociaciones, recomendaba que ambos Estados sometieran la solución de dicho diferendo territorial en sus áreas terrestre, insular y marítima a la CIJ, previa aprobación de las instancias jurídicas apropiadas de cada Estado, lo cual, en el caso de Guatemala, pasa por una Consulta Popular, según lo señalado en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política de Guatemala.
La recomendación emitida por el Secretario General de la OEA se produjo después del esfuerzo que tanto Guatemala como Belice han realizado desde el año 2000, bajo los auspicios de ese organismo internacional.    Las negociaciones iniciadas en 2000 en el seno de la OEA no fueron definitivas para que ambos gobiernos llegaran a un acuerdo que permitiera una solución final por medios de concertación pacíficos.   Sin embargo, hay que destacar que ambas partes han desarrollado una negociación bilateral paralela a la realizada por la OEA, pero encaminada a establecer los principios de una apertura comercial.   En febrero de 2005, Belice y Guatemala iniciaron el proceso de negociación de un acuerdo comercial que abarca únicamente algunos aspectos arancelarios, no comprende todas las normas y disciplinas comerciales, pero permitirá la reducción arancelaria de ciento cincuenta productos.  El Acuerdo de Alcance Parcial (APP) fue suscrito en junio de 2006.
En este mismo sentido, los Lineamientos de la Política Exterior guatemaltecos, emitidos para el Periodo 2008-2012 y publicados en octubre de 2008, señalan que el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado que deberá desarrollar una relación bilateral independiente del diferendo territorial, que permita a las autoridades de ambos países mantener una comunicación fluida y coordinada a través de las Cancillerías.[109] 
Ambos países manifestaron recibir con interés la recomendación del Secretario General de la OEA de acudir a la CIJ para obtener una solución definitiva a su centenario litigio y dijeron estar dispuestos en llevar ante ese organismo de justicia su diferendo territorial.    También agradecieron los esfuerzos de la OEA, como su apoyo en todos los aspectos relacionados con un arreglo permanente entre las Partes, compartiendo con él la conveniencia de mantener la plena vigencia de las Medidas de Fomento de la Confianza.
El 8 de diciembre de 2008, en la sede de la OEA en Washington, D.C., los Cancilleres guatemalteco y beliceño, firmaron el “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, sujeto a la aprobación de sus respectivos ciudadanos por medio de consultas populares.   De igual forma, acordaron fortalecer la agenda bilateral y la buena vecindad, con independencia del proceso jurisdiccional. 
En el caso de Guatemala, el Organismo Ejecutivo presentará al Congreso una iniciativa de ley para que este último convoque a una consulta popular y se determine si los guatemaltecos están de acuerdo en que se ponga en las manos de los órganos de la justicia internacional la tradicional reivindicación sobre el territorio beliceño, en la que ambas opciones, la CIJ o el Tribunal Arbitral[110], sean planteadas a la población.   
La solución a través de la CIJ representaría más beneficios, en razón de que, en estos casos, es la ONU la que financia este tipo de audiencia, lo que reduciría los gastos para ambos países.   De igual forma, la ONU también tiene destinado un fideicomiso para costear algunos gastos legales que beneficiarían tanto a Guatemala como Belice.   Por otro lado, si se optara por un tribunal arbitrario, los dos países deben correr con los gastos y deben acordar quiénes integrarían ese organismo, para cuyo último caso conseguir el consenso puede ser complicado.
Salta a la vista que Belice, al aceptar discutir el caso ante la CIJ, estaría discutiendo ante un tribunal internacional tanto la Convención de Límites de 1859 como su norma constitucional interna.   Pese a ello, le conviene resolver la controversia con Guatemala, a fin de tener fronteras definidas y estables, asegurándose, además, la cooperación y la buena fe de Guatemala, sin tener que depender constantemente de acuerdos políticos con otros países.
También el ejemplo de los países centroamericanos es fundamental.   El Salvador y  Honduras resolvieron su conflicto territorial y marítimo insular en la CIJ en 1992.  Este conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador provocó una breve guerra, en 1969, que se conoció como “La Guerra del Fútbol”.  El Salvador  planteó una revisión a la sentencia del 11 de septiembre de 1992, habiendo la CIJ formado una cámara especial para conocer el caso.  La Sala, de seis magistrados, se negó a revisar el límite entre Honduras y El Salvador, en respuesta al pedido presentado por autoridades salvadoreñas, con cuatro votos en su contra.
Por su parte, Nicaragua ha tenido tres juicios con Honduras ante la CIJ en las últimas cuatro décadas:   El primero fue en los años setenta cuando ambos países se disputaron la posesión de la Mosquitia, la cual Honduras ganó al obtener la soberanía sobre una buena parte de los territorios indígenas.  El segundo, se desarrolló en los años ochenta cuando el primer gobierno de Daniel Ortega acusó a Honduras de promover actividades militares transfronterizas contra su administración al prestar su territorio a los “contras” patrocinados por Estados Unidos.  Las Partes desistieron del proceso.   En el tercer juicio, Nicaragua demandó a Honduras por un diferendo territorial de 130 mil kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, una vieja disputa en que ambos países se comprometieron a acatar el fallo de la CIJ y en el que ese tribunal, en octubre de 2007,  dio la razón a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Caribe en disputa con Nicaragua, aunque estableció una nueva frontera marítima que reconoce parte de los reclamos de Managua.
Asimismo, Nicaragua tiene otro juicio contra Colombia en la que se reclama, nada menos que la soberanía nicaragüense sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo cual implica también cuestionar la validez del tratado que otorgó a Colombia soberanía sobre dicho territorio insular, el Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928-1930.    Es probable que  un diferendo sobre el Río San Juan que Nicaragua mantiene con Costa Rica sea resuelto por la misma vía.  Nicaragua y Costa Rica mantienen diferencias sobre la interpretación del Tratado Cañas-Jerez, que suscribieron en 1858 y que definió la soberanía nicaragüense sobre el río, pero otorgó el derecho de navegación a Costa Rica con objetos de comercio.
El uso del instrumento jurisdiccional para resolver este tipo de conflictos es entonces no sólo la fórmula más aconsejable conforme al Derecho Internacional, sino que se basa también en el ejemplo centroamericano.  Como es ampliamente conocido, la importancia de la jurisprudencia de la CIJ radica en el hecho que los fallos de la Corte siempre toman en consideración las resoluciones de casos anteriores, es decir, la llamada jurisprudencia. 
Lo que los Gobiernos de Belice y Guatemala deben considerar ahora es  la posibilidad de un referéndum para que se apruebe llevar el caso a la CIJ, como medio para poner fin a la controversia territorial.    El fallo sería definitivo, inapelable y obligatorio. Hacemos votos porque se encuentre una solución al conflicto y que sucesivas generaciones tengan la suerte de no conocerlo y evitar así un estéril distanciamiento que ha durado más de 150 años.
El interés nacional demanda que los países mantengan relaciones amistosas, en el marco de una situación de paz con fronteras debidamente reconocidas por ambos Estados.   De igual manera la solución pacífica de controversias ha de prevalecer sobre cualquier conflicto y, en ese sentido, Centro América, en pleno, ha dado muestras contundentes de ello con el fin de sus conflictos armados y los deseos de superación de la dicotomía entre la integración política y la económico-comercial de la mayoría de sus países.   Para continuar robusteciendo y materializando esos deseos integracionistas centroamericanos en este Siglo XXI, se impone que los gobiernos guatemalteco y beliceño continúen trabajando para solucionar este añejo  conflicto, el más antiguo del continente americano, que perjudica el futuro de paz y prosperidad a que tienen derecho nuestros pueblos.

CONCLUSIONES
El diferendo territorial Guatemala-Belice es un conflicto añejo, complejo, intrincado, superficial y parcialmente conocido en la fase contemporánea.   Históricamente, este conflicto se encuentra falto de estudio sistematizado y ordenado.   Asimismo, es un contencioso heredado y ocasionado por el colonialismo y los apetitos inter-imperiales sucesivos de Inglaterra y Estados Unidos en Centroamérica.
El principal factor de complejidad radica en que es un conflicto muy antiguo y difícil de comprender porque  desde su inicio y ascendentemente abarca diferentes áreas:  la política, legal, internacional y económica.    Asimismo, se hace necesario conocer, en primera instancia, la parte histórica, que precisamente ha sido poco estudiada, para comprender el escenario contemporáneo donde cambian los principios internacionales y, consecuentemente, transforman de manera profunda el curso de los acontecimientos.
Otro aspecto de complejidad radica en que se le ha querido dar solución de tipo político a un problema que tiene base legal, lo cual provocó prolongadas e infructuosas negociaciones con variadas fórmulas políticas de solución por más de 100 años.
Fueron los intereses expansionistas en el continente americano los que motivaron la presencia de Gran Bretaña en América.  Inglaterra, a través de sus colonos, no pretendía permanecer transitoriamente en el territorio beliceño, concedido en usufructo por el Reino de España al de Inglaterra a través de los Tratados de 1783 y 1786.  La excusa de permanecer temporalmente por parte de la potencia imperialista inglesa fue  para perpetrar una invasión, quedarse y afianzarse en un territorio que prometía mucho, especialmente por la futura construcción en él de un canal interoceánico que en ese momento se disputaban Estados Unidos e Inglaterra, esta última poseedora, en aquella época, de la marina de guerra y mercante más grande y poderosa del mundo.
A partir de entonces se desarrolló un conflicto desigual entre Guatemala y el Reino Unido, en el que no existió equivalencia entre las fuerzas políticas de los Estados en pugna, lo que determinó que Guatemala se encontrara en una condición de evidente desventaja e inferioridad ante Inglaterra; alternativamente, tampoco existía un órgano internacional ante el cual llevar la reclamación.  
Esa ha sido una de las causas por las que Guatemala ha permanecido aferrada a su reclamación porque, con independencia de los errores cometidos en las negociaciones con Inglaterra, a lo largo de más de cien años, no claudicó en su empeño por encontrar una solución al mismo, a pesar de que el balance le fue siempre adverso por tratarse de una situación completamente asimétrica entre una potencia imperial colonizadora y una pequeña ex colonia, recién nacida a la vida independiente.  
No es casual que desde 1859, cuando se firmó el leonino Tratado de Límites entre ambos países, hasta que Belice obtuvo su autogobierno, en 1964, hayan transcurrido 105 años de innumerables e infructuosas negociaciones con Inglaterra, donde no se llegó a acuerdos significativos, como quedó demostrado a lo largo de la presente investigación.
Adicionalmente, se suma a la complejidad el hecho de que la reclamación no solamente es de orden territorial, sino insular y marítima.    Se hace necesario distinguir entre, por un lado, el diferendo territorial terrestre (continental) y, por otro, el diferendo insular y marítimo.  El diferendo territorial terrestre planteado actualmente, se explica en que Guatemala, que reconoció la existencia de Belice en 1991, no solo considera que la frontera entre los dos países no ha sido delimitada, sino que objeta la extensión territorial de éste, que incluye un territorio que representa aproximadamente la mitad de la superficie que reivindica.   Se trata de un litigio territorial sobre la elección entre dos fronteras posibles:  aquella que resulta del usufructo de 1783-1786 o la resultante del Tratado de Límites de 1859, lo cual es el eje del diferendo.   En relación al diferendo marítimo e insular, la decisión dependerá de la localización de la frontera terrestre y traerá como consecuencia la soberanía de las islas y cayos adyacentes a la costa.   Belice se basa en el primer artículo del Tratado de Límites de 1859 y esta Convención no toma en cuenta, de manera expresa, a las islas del entorno. 
Entre los factores que han marcado el curso del conflicto relacionado al territorio beliceño se encuentran, además de que la relación entre Inglaterra y Guatemala fue desigual y asimétrica, el hecho de que entre 1945 y 1980 los principios internacionales cambiaran, debido al proceso de descolonización, prevaleciendo el derecho de autodeterminación de los pueblos sobre las disputas territoriales entre los Estados.   Las fuerzas principales que apoyaban el movimiento descolonizador, así como la independencia de Belice,   consideraron más adecuado inclinarse por recomendar la independencia beliceña y diferir a posteriori la solución del diferendo.  Así, Belice fue beneficiado con su autogobierno en 1964 y posteriormente con la independencia, en 1981.
Existe un desconocimiento histórico profundo relacionado a la primera fase del conflicto, la concerniente a los Siglos XVII al XIX, en la cual se firmaron acuerdos importantes y en donde no solo el colonialismo inglés sino el estadounidense tenían marcada presencia e interés en Centroamérica.   En esta fase existe evidencia histórica de violación de acuerdos importantes, así como un lenguaje de vaguedad, ambigüedad e imprecisión en otros instrumentos antiguos que provocaron confusión y que deben conocerse y aclararse, especialmente previo al fallo de la CIJ, a efecto de que éste refleje equilibrio e imparcialidad.
En la fase contemporánea, a partir de mediados del Siglo XX, cuando el tema del conflicto cae en el ámbito de las Naciones Unidas, se ha cuestionado y adversado por muchos la reclamación territorial guatemalteca,  calificándola como anacrónica y señalando a Guatemala como un país que se opuso a la independencia y autodeterminación de Belice.  
De igual manera, también encontramos factores internos que contribuyeron a retrasar la solución, como ha sido la utilización del diferendo territorial como un trampolín político para hacer un llamado al nacionalismo entre los guatemaltecos y los beliceños, a pesar de que los organismos internacionales han requerido a los líderes y políticos en ambas naciones no utilizar ese tema como plataforma en las campañas electorales.  
A su vez, dentro de los factores externos se encuentra el que, lamentablemente, por ser Centro América área natural de influencia de la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos, se han desarrollado allí contiendas ideológicas y particularmente en Guatemala, que han entorpecido los esfuerzos para encontrarle una solución al diferendo territorial, dentro de ellos se cuenta el sangriento conflicto armado que  vivió el país durante varias décadas.    
Desde que Belice obtuvo su independencia e incorporación a las Naciones Unidas, en 1981, y a pesar de que Guatemala atravesaba por la fase más crítica de su conflicto armado interno en la década de los ochenta, las negociaciones bilaterales directas entre ambos países han avanzado sustancialmente, las conversaciones entre las Partes fueron más beneficiosas, habiéndose logrando no sólo que Guatemala reconociera a Belice y estableciera relaciones diplomáticas con él en 1991  -dejando pendiente la resolución del diferendo existente con base en el principio de integridad territorial-, sino que la misma comunidad internacional apoyara el camino a la solución de la añeja disputa, inclusive buscando la mediación de la OEA.  
El retorno a la democracia en Guatemala, los gobiernos democráticamente electos y la firma de los Acuerdos de Paz en  1996 influyeron positivamente para que se le diera un impulso importante a la búsqueda de la solución negociada del conflicto territorial.   Las negociaciones bilaterales avanzaron más con gobiernos democráticamente electos que con dictaduras militares. 
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, tanto el Gobierno beliceño como el guatemalteco han dado muestras de querer encontrar una solución definitiva a este diferendo que los ha tenido de espaldas uno a otro.    A pesar de los obstáculos, ambos países siempre han estado anuentes a continuar las negociaciones para hallar la manera negociada de ponerle fin al conflicto territorial.   El proceso de negociación entre Belice y Guatemala se ha facilitado enormemente porque han llegado a una fase en que la comunicación es fluida y constante, demostrando, de esa manera, buena fe de querer poner fin a la contienda.   
Convencida de que, en lo esencial, la controversia guatemalteca con la Gran Bretaña (y después con Belice como estado sucesor) se origina en el tratado de  1859, pienso que es en torno a la validez o no de dicho instrumento legal que debe dirimirse el diferendo y solamente un juez puede decidir tal controversia.   El sometimiento a la Corte Internacional de Justicia  es la opción  más recomendable para resolver el conflicto territorial existente entre Belice y Guatemala, previo cumplimiento de sus respectivos requerimientos constitucionales, ya que el fallo de tan alto organismo será definitivo, inapelable y obligatorio para ambas partes.    La decisión conjunta de llevar ante ese alto tribunal su diferendo y resolver así la larga disputa, no solamente es la fórmula más aconsejable, conforme al Derecho Internacional, sino que es el medio que el resto de los países centroamericanos han utilizado para resolver sus conflictos.   Consecuentemente, el laudo de este alto tribunal permitiría ipso facto poner fin de manera honorable al diferendo y proceder, entonces sí, a la demarcación de fronteras con las consecuencias positivas que en materia de seguridad y defensa que esto traería para ambas partes y para la paz en América.  
Los derechos legales de Guatemala, aunque se encuentren plenamente justificados por la historia y la justicia, han sido  perjudicados por acciones cometidas por gobiernos pasados.   Si bien estamos conscientes de las posibles limitaciones que tendría la reclamación guatemalteca en el área territorial, la jurisprudencia de la CIJ permite pensar que hay una razonable posibilidad que Guatemala tenga éxito en lo que concierne a su reclamación insular, dado que el Tratado de Límites de 1859 no hace referencia a las islas y, consecuentemente, también en lo relacionado a las pretensiones guatemaltecas de ampliar su frontera marítima, con las consiguientes ventajas en cuanto a sus derechos de soberanía sobre una mayor zona económica exclusiva en el Mar Caribe. 
Igualmente importante es que, si la CIJ declara la plena vigencia del Tratado de Límites de 1859, esto abriría la puerta para que Guatemala reclamara, especialmente a Inglaterra, daños y perjuicios por haber incumplido la Cláusula VII, es decir, la que imponía la obligación de construir la carretera,  ya que, en el supuesto de que fuera acogido por la Corte, representaría una cuantiosa indemnización para Guatemala.    La construcción en Guatemala del Ferrocarril del Norte en 1908 fue en sustitución a la inejecución del compromiso inglés e introdujo un cambio sustancial en las relaciones jurídicas entre Guatemala e Inglaterra, orientándose Guatemala, desde ese instante, a acentuar el incumplimiento inglés.
El diferendo territorial Belice-Guatemala es una cuestión crucial en la historia de esos dos Estados.  Ambos pueblos y gobiernos han estado atados a este conflicto que los ha subyugado, separado y limitado en sus relaciones bilaterales, lo cual influyó negativamente en la subregión y retrasó la incorporación beliceña al proceso de integración centroamericana por muchos años, provocando que durante el primer decenio de vida independiente, Belice enfatizara más su lado caribeño y sus vínculos con la Gran Bretaña que con el resto de los países centroamericanos.
 
En la actualidad, Belice ha revitalizado su lado centroamericano y poco a poco ha consolidando su incorporación a los mecanismos de integración económica y política de Centroamérica, sumándose, como miembro pleno del SICA en diciembre de 2000.   Destaca muy positivamente el hecho de que actualmente Belice y Guatemala, a pesar de su diferendo, hayan decidido iniciar negociaciones bilaterales paralelas a la del conflicto territorial,  pero mayormente el haber arribado a acuerdos bilaterales conjuntos, que reflejan sus intereses comunes y valores compartidos.   En la práctica se demuestra la necesidad de fortalecerse y beneficiarse mutuamente; sus características históricas, con raíces multiétnicas y pluriculturales, demandan una reflexión y actuación basadas en la cultura de la unidad en la diversidad.      
 
Resolver definitivamente dicha controversia se impone y, por lo tanto, se convierte en la forma de iniciar una nueva era de amistad y cooperación entre los dos países, lo cual redundará positivamente en apoyo e impulso  a las aspiraciones integracionistas de orden económico y político y contribuirá a que Centro América se proyecte como una región más sólida de cara al Siglo XXI.

El único futuro posible de los países, es la unión de todos ellos en una gran nación, que siempre fueron.
 
FUENTES CONSULTADAS

Fuentes documentales:

1)   Acuerdos de Paz Firme y Duradera; Gobierno de Guatemala, 1996.
2)   Acuerdo sobre el Procedimiento para Tratar los Aspectos Sustantivos del Diferendo Territorial y otros Asuntos de Procedimiento (Washington, 7 febrero 2001).
3)   Acta correspondiente a la 2ª. Sesión de Negociación a Nivel Ministerial en cumplimiento del Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza entre Belice y Guatemala del 7 de septiembre de 2005.  Sede de la OEA, 10 febrero 2006, Washington, DC.
4)   Acta correspondiente a la Primera Sesión de Negociación a Nivel Ministerial, celebrada los días 14 y 15 de noviembre de 2005 en la localidad de San Pedro, Belice, en cumplimiento del Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la confianza entre Belice y Guatemala del 7 septiembre 2005.
5)   Belize, Decolonization and the Border Dispute with Guatemala.  (Source:  U.S. Library of Congress – Ver:  http://countrystudies.us/belize/14.htm)
6)   Belize Foreign Policy Yearbook 2004, 
7)   Belice: Nueva Realidad de las Américas; Gobierno de Belice, Belmopan, 1977.
8)   Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, S.E., Jorge Briz Abularach, al Director del Diario guatemalteco El Periódico.  Guatemala, 23 de mayo 2005.
9)   Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, S.E., Eduardo Stein Barillas, al Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Excmo. Sr. Said Musa.  Guatemala, 18 octubre 1999.
10)    Comunicado de Prensa:  Belice y Guatemala firman Acuerdo en la OEA, 7 febrero 2003, OEA.
11)    Comunicado de Prensa:  Consejo Permanente de la OEA Reafirma su Apoyo a Solución Pacífica del Diferendo entre Belice y Guatemala, 12 febrero 2003, OEA.
12)    Comunicado de Prensa:  Diferendo Territorial entre Belice y Guatemala, 29 agosto 2003, OEA.
13)    Comunicado de Prensa:  Cancilleres de Belice y Guatemala se Reúnen en la OEA, 3 mayo 2004, OEA.
14)    Comunicado sobre Reunión de Negociación Belice-Honduras-Guatemala.  Ciudad de Guatemala, 23 y 24 de marzo 2006. (ww.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=2)
15)    Comunicado 213-2007 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala:  Secretario General de la OEA recomienda que Guatemala y Belice acudan a la Corte Internacional de Justicia para resolver su añejo diferendo territorial.  Guatemala, 20 de noviembre de 2007.
16)    Conferencia Nobel “La Novela Latinoamericana - Testimonio de una Época” de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967.  De Les Prix Nobel en 1967, Editor Ragnar Granit, Nobel Foundation, Stockholm, 1968.
17)    Discurso de Miguel Ángel Asturias en el Banquete Nobel ofrecido en el City Hall en Estocolmo el 10 de diciembre de 1967.  De Les Prix Nobel en 1967, Editor Ragnar Granit, Nobel Foundation, Stockholm, 1968.
18)    Discurso en la OEA del Canciller de Guatemala, Gabriel Orellana Rojas, en la Ceremonia de Conclusión del Proceso de Conciliación del Diferendo Territorial entre Guatemala y Belice, en la sede de la Organización de Estados Americanos, 30 septiembre 2002 – Washington, DC. 
19)    Discurso en la OEA del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, Ceremonia de Culminación del Proceso de Conciliación entre Belice y Guatemala, 30 septiembre 2002 – Washington, DC,
20) El Proceso de Conciliación del Diferendo Territorial Guatemala-Belice, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, julio 2005.
21)    Guatemala-Belize Language Exchange Project (LX Project), (http://www.guatemalabelize.com/).
22)    Guatemala-Belize settlement sets example.  Special to A.M. Costa Rica.  Washington, DC, (http://www.amcostarica.com/100102.htm)
23)    International Support:  Non Aligned Foreign Ministries maintain strong support for Belize’s position on border dispute with Guatemala, Ministry of Foreign Affairs of Belize, Belmopan 11 April 2000.  (En: http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/f_ministers.html)
24)    International Support:  UK/Caribbean Forum 2000 London, 11-12 May 2000.  Joint Communiqué
(En:  http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/uk_carib_forum.html)
25)    International Support:  Belize Religious Community Declaration, (http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/religious.html)
26)    International Support:  Written Answers to Questions; Thursday 11 January 2001, Belize and Guatemala, (http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/answers.html)
27)    International Support, Office of the Prime Minister; Prime Minister Said Musa Meets British Foreign Secretary Robin Cook.  Belmopan, 14 June 2000. (En:  http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/musa_meets_cook.html)
28)    International Support:  Recent British support to Belize, 2000, (http://www.belize-guatemala.gov.bz/support/british.html).
29)    Interview with PM Rt. Said Mussa on the Process to Solve the Belize/Guatemala   Differendum –Vídeo-, (http://www.youtube.com/watch?v=1vBBCKB2gCY)
30)    Negociaciones Belice/Guatemala:  Plan de Acción para la Aplicación del Acuerdo sobre Medidas de Fomento de la Confianza de 8 de noviembre de 2000.  Comunicado de la OEA No. C-10-01 del 18 de enero de 2001.
31) Lauterpacht, Elihu; Orrego Vicuña, Francisco; Rosenne, Shabtai; Schwebel, Stephen; Legal Opinion on Guatemala’s Territorial Claim to Belize; The Government Printer, Belmopan, Belize, November 2001.
32)    Lineamientos de la Política Exterior de Guatemala durante el Periodo 2008-2012; Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, octubre 2008.
33) Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; El Diferendo Territorial de Belice (Sinopsis histórica); Comisión de Belice, Guatemala, 2000.
34) Organización de Estados Americanos (OEA), Carta de la OEA.
35) Organización de las Naciones Unidas; Carta de la ONU; Departamento de Información Pública, Nueva York.
36) Organization of American States (OAS); Agreement on a Framework for Negotiations and Confidence Building Measures between Belize and Guatemala.  Washington, DC, September 7, 2005.
37) Proposals from the Facilitators, The Belice-Guatemala-Honduras Ecological Park, Basic Elements of Tripartite Agreement, Government of Belice, (http://www.belize-guatemala.gov.bz).
38) Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala; Libro Blanco, Controversia entre Guatemala y la Gran Bretaña relativa a la Convención de 1859, sobre asuntos territoriales.  Cuestión de Belice,  Guatemala, 1938.
39) Speech of the Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Belize, Assad Shoman, Ceremony Marking the Receipt of the Facilitators’ Proposals to End the Belize-Guatemala Territorial Differendum, September 30, 2002 – Washington, DC. Organization of American States.
40) Speech of the US Secretary of State, Colin L. Powell, Belize-Guatemala Facilitation Process, September 30, 2002, Washington, DC.  Organization of American States.
41) Status of the Belize-Guatemala Negotiations, (http://www.belize-guatemala.gov.bz)
Terms of Reference of the Belize-Guatemala Development Trust Fund, (http://www.belize-guatemala.gov.bz/press_releases)
42) The Guatemalan Claim:  Origins, Negotiation, Solution, (http://www.belize-guatemala.gov.bz) 
43) The Belize Position,  Government of Belize, 2006, (http://www.belize-guatemala.gov.bz) 
44)    Toriello Garrido, Guillermo; Discurso del Jefe de la Delegación de Guatemala en la X Conferencia de la OEA.  Caracas, Venezuela.
45)    Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); Registro ONU 12/20/48, No. 324, Vol. 21.
46)    UK in Belize, Bilateral Relations; Bilateral Programme Budget Scheme 2008-9,       Foreign & Commonwealth Office, 2008, (http://ukinbelize.fco.gov.uk)


Fuentes Bibliográficas:

47) Asociación de Amigos del País:  Historia General de Guatemala, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Guatemala, 1995.
48) Bancroft, Hubert Howe:  History of Central America, A.I. Bancroft & Company, Publishers, San Francisco, 1886-1887.
49) Barbé, Esther:  Relaciones Internacionales, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), Madrid, España, 2001.
50) Bolland, O. Nigel:  Struggles for Freedom (Essays on Slavery, Colonialism, and Culture in the Caribbean and Central America),  The Angelus Press Ltd, Belize.  First Edition, May 1997.
51) Bosch, Juan:  De Cristóbal Colón a Fidel Castro, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007.
52) Cardoza y Aragón, Luis: La Revolución Guatemalteca, Editorial del Pensativo, Guatemala, 2004.
53) Carpio Nicolle: Roberto: Hacia dónde va Belice, Editorial Girblán y Cía Ltda.  Guatemala, 1977. 
54) __________:  Belice punto y aparte.  Editorial Girblán y Cía Ltda.  Guatemala,  1981. 
55) Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.
56) Del Cid F., Enrique: Infundada Pretensión Mexicana sobre el Territorio de Belice, Editorial del Ejército, Guatemala, 1962.
57) Encyclopaedia Britannica, Inc.:  The New Encyclopaedia Britannica, Fifteenth Edition, 2005.
58) Frías Valenzuela, Francisco: Historia Universal, Empresa Editora Zig-Zag, S.A., Santiago de Chile, 2002.
59) Gall, Francis:  Belice: Tierra Nuestra, Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, Guatemala, 1962.
60) Galich, Manuel:  Nuestros Primeros Padres, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2004.
61) Gleijeses, Piero: La Esperanza Destrozada – La Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos 1944-1954,  Editorial de Ciencias Sociales; La Habana, Cuba, 2004.
62) Guerra Vilaboy, Sergio: Cinco Siglos de Historiografía Latinoamericana, Editorial Félix Varela; La Habana, 2003.
63) __________:  Historia Mínima de América, Editorial Pueblo y Educación, Cuba, 2003.
64) Historia Universal, Editorial Océano,  Madrid, España, 2007.
65) Herrarte, Alberto: Colonialismo Territorial en América:  El Caso de Belice,  Editorial José de Pineda Ibarra, Guatemala, 1979.
66) __________: El Caso de Belice y la Mediación de Estados Unidos, Editorial Académica Centroamericana, 1980. 
67) __________: La Cuestión de Belice/Estudio Histórico-Jurídico de la Controversia, Guatemala, 2000.
68) __________: La Conducta de Gran Bretaña ante el Diferendo sobre Belice,  Editorial Oscar de León Palacios; Guatemala, 2006.
69) Humphreys, R.A.:  Diplomatic History of British Honduras 1638-19, Royal Institute of International Affairs/Oxford University Press, 1961.
70) Ibarra Guitart, Jorge Renato: El Tratado anglo-cubano de 1905, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.
71) Juarros y Montúfar, Domingo: Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala, Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 2000.
72) Martí, José: Guatemala, Edición Especial del Comité Pro Centenario de Martí,  Editorial de Educación Pública, Guatemala, Centroamérica, 1953. 
73) Mendoza, José L.: Inglaterra y sus Pactos sobre Belice, Secretaría de Relaciones Exteriores, Guatemala, 1942.
74) Morley, Sylvanus G.:  La Civilización Maya,  Fondo de Cultura Económica, México, 1961.
75) Prieto, Alberto: Historia Contemporánea de América Latina -  De la Revolución Cubana a la Actualidad,  La Habana, 2008.
76) Shoman, Assad:  13 Chapters of a History of Belize,  The Angelus Press, Belize,  Fourth Printing, June 2000.
77) Sylvestre, Janine: The Cost of Conflict, The Anglo-Belize/Guatemala Territorial Issue,  May, 1995.
78) Toriello Garrido, Guillermo: Guatemala, Más de 20 Años de Traición,  Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981.
79) Toussaint, Mónica:  Belice, Textos de su historia, 1670-1981, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México,  Primera Edición, 2004.
80) Vives, Pedro A.:  Los Virreinatos Americanos, Biblioteca Básica de Historia, Dastin Export, S.L., Madrid, 2004.



Fuentes publicísticas:
81) Aguilera, Gabriel:  Belice: entre Centroamérica y el Caribe”,  Nueva Sociedad Nro. 115, Septiembre-Octubre 1991. (www.nuso.org/upload/articulos/2022_1.pdf)
82) __________: “Sísifo Revisado:  Conflictos y conflictividad en Centroamérica”,   The International Development Research Center, Canadá, 2004. (http://www.idrc.ca/en/ev-114299-201-1-DO_TOPIC.html)
83) Bernier, Ivan & Latulippe, Nathalie:  “The International Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, Conciliation as a Dispute Resolution Method in the Cultural Sector”, s/f, (http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/document_reflexion_eng.pdf)
84) Cárdenas, Gustavo:  Territorial Dispute between Guatemala and Belice:  A Cultural and Historial Perspective”,  Chapter 1, Colonialism and Independence.  HACIA Education, Boletín Conferencia Panamá 2006.  
85) Domínguez, Jorge I.:  Boundary Disputes in Latin America”,  United States Institute of Peace, Peaceworks No. 50, First Published September 2003. (www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks50.pdf)
86) Gálvez Valega, Arturo:  El uti possidetis juris y la Corte Internacional de Justicia”, Revista de Derecho, Universidad del Norte, 21: 131-138, Barranquilla, Colombia, 2004.
87) Gorina-Ysern, Montserrat:  OAS Mediates in Belize-Guatemala Border Dispute”,  December, The American Society of International Law, Washington, DC, 2000.
88) Hudson, Tim & Burr, J. Millard:   The Sapodilla Cays:  Geopolitical Asterisk in the Bay of Honduras”,  Department of Geography, University of Southern Mississippi.  (http://sites.maxwell.syr.edu/clag/yearbook1986/hudson.pdf)
89)    Reynolds, Louisa:  Diferendo podría llevarse a una corte internacional”, Inforpress, C.A.,  Guatemala, diciembre 2007.
90) Ley del  24 de enero de 1992 referente al Mar Territorial, las Aguas Interiores y la zona Económica Exclusiva de Belice y a Asuntos Conexos,  Ley de Zonas Marítimas (Maritime Areas Act, 1992)”,  Gobierno de Belice, 2006.
91) Orellana Portillo, Gustavo Adolfo:   Situación Jurídica y Fáctica del Mar Territorial Guatemalteco en el Océano Atlántico”, Tesis de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1989.
92) Padilla Menéndez, Luis Alberto:  Caso Belice:  Análisis y recomendaciones”,  La Haya, agosto 2002. 

93) Quenan, Carlos:  Belice:  Causas y perspectivas de una independencia tardía”,  Revista Nueva Sociedad No. 59, Marzo-Abril 1982. (www.nuso.org/upload/articulos/949_1.pdf).
94) Ramírez, Freda Jean:  La Problemática Limítrofe Histórica Belice-Guatemala:  ¿Solución Inminente?”,  Boletín Electrónico No. 4, Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, La Habana, mayo-junio 2004. (http://www.isri.cu/Paginas/Boletin/bolet_int.htm)
95) Rangel González, Edgar J.:  La OEA en el diferendo Belice-Guatemala”,   VIII Seminario Internacional de Verano Caribe:  Economía, Política y Sociedad, Universidad de Quintana Roo, México,  13-15 junio 2007.
96) “Sapodilla Cays Geopolitics Bay Honduras”, s/f
97) Sagastume Gemmel, Marco Antonio:   Síntesis Histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, Guatemala.  s/f
98) Setzekorn, William David:   A Profile of the New Nation of Belize”,  Ohio University Press, Chicago, 1981.
99) “The Implications of taking the Belize-Guatemala Differendum to the I.C.J., Pros, Cons, Risks, Precedents”; Presentation at the 17th Annual Signa Yorke Memorial Lecture, April 23rd, Holy Redeemer Parish Hall, Belize City.   s/f
100)              Villagrán Kramer, Francisco:  Elementos para el Análisis del Caso de Belice”, Guatemala, 1997.
101) Video documental “Revolución del 20 de octubre de 1944”, Cinemateca Universitaria de Guatemala “Enrique Torres”, USAC.
102) Video documental “La Caída de Árbenz”, Cinemateca Universitaria de Guatemala “Enrique Torres”, USAC.
Fuentes electrónicas:

103)              http://www.un.org
104)              http://www.oas.org
105)              http://www.sica.int/sgsica
106)              http://www.acs-aec.org
107)              http://www.nobelprize.org
108)              http://www.amandala.com.bz
109)              http://www.belizetimes.bz
110)              http://www.guardian.bz
111)              http://www.prensalibre.com
112)              http://www.elperiodico.com.gt
113)              http://www.belize-guatemala.gov.bz
114)              http://www.nuso.org




[1] Doctora en Historia e Internacionalista.
[2] Juarros y Montúfar, Domingo: Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala,  Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Guatemala, 2000, p. 11.
[3] Morley, Sylvanus G.:  La Civilización Maya, México, 1961.
[4] Galich, Manuel:  Nuestros Primeros Padres, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2004, p.116.
[5] Guerra Vilaboy, Sergio:  Cinco siglos de historiografía latinoamericana,  Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, pp. 53 y 55.
[6] Guatemala cuenta con tres declaraciones de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad, a saber:   Antigua Guatemala, Quiriguá y Tikal.
[7] El Papa Inocencio XI emite la Bula Ex-Suprema el 18 de Julio de 1687, en la cual se otorga a la Universidad de Guatemala el título de Pontificia, quedando en forma definitiva el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Carlos, en honor a San Carlos de Borromeo, santo que dedicó su vida a la vocación de servicio comunitario.
[8] Humphrey, R.A.:  The Diplomatic History of British Honduras, 1638-1901 (1961), p. 17.
[9] Lauterpacht, Schwebel, Rosenne y Orrego Vicuña: Opinión Legal sobre el Reclamo Territorial de Guatemala a Belice, 2002; párrafo 102, página 38.
[10] Op. Cit., p.14
[11] Herrarte, Alberto:  La Conducta de Gran Bretaña ante el diferendo sobre Belice, Guatemala, 2006, p. 37.
[12] Op cit, p.27.
[13] Los Virreinatos, desde su creación, fueron las demarcaciones más significativas desde el punto de vista peninsular; las más globalizadoras también.   Pero la auténtica articulación de las extensas tierras americanas fue realmente efectiva a partir del segundo escalón institucional:  la Audiencia.   Por su origen, la Audiencia tenía verdaderamente idéntico rango que el virrey en cuanto delegación de poder del monarca, diferenciándose básicamente por su carácter colegiado y por su fundamental función de administrar justicia en nombre del rey.  (Los virreinatos americanos; Biblioteca Básica de Historia, España, 2004, p. 67).
[14] Herrarte, Alberto:  La Cuestión de Belice – Estudio Histórico-Jurídico de la Controversia, Guatemala, 2000, p.2.
[15] Cabe mencionar la siguiente diferencia:  a)  Pirata:  Persona que se enriquecía robando.  b)  Filibustero:  Pirata que operaba en el Siglo XVII en las Antillas.  Numerosos aventureros franceses, ingleses y neerlandeses se instalaron en las islas de Santo Domingo, Jamaica, Tortuga dedicándose a la piratería.  Los más famosos fueron los ingleses Dracke y Morgan y los franceses Pierre le Grand de Dieppe y Nau L’Olonnais.  C)  Corsario:  El que manda una embarcación armada en corso con patente de su gobierno.  D)  Bucanero:  Corsario que en los Siglos XVII y XVIII se entregaba al saqueo de las posesiones de ultramar. (The New Encyclopaedia Britannica, 2005).
[16] Martí, José; Guatemala.  Edición especial del Comité Pro Centenario de Martí, 1953.  Editorial de Educación Pública; Guatemala, Centroamérica.
[17] Bancroft, Hubert Howe, History of Central America, San Francisco, s.e., 1886-1887, 3 vols.
[18] También conocido como Ralegh (nació aprox. en 1554 y murió en Londres el 29 octubre 1618); aventurero y escritor inglés, fue la gran figura inglesa de los intentos de colonización en el Siglo XVI y el último gran pirata del Renacimiento; fue, igualmente, el  favorito de la Reina Isabel I, quien lo nombró Sir.  Entre 1584 y 1589 organizó una expedición a América, cerca de la Isla Roanoke (Carolina del Norte), a la cual bautizó como Virginia, en honor a su soberana (Reina Virgen).   En 1616 obtuvo el permiso del rey Jacobo I para establecer una colonia en la Guayana, pero le fue prohibido por el Monarca realizar piraterías ya que había firmado la paz con España.  En 1617 dispuso un plan, en Trinidad, para apoderarse de Guayana y en 1618 volvió a Inglaterra, donde el monarca inglés mandó ahorcarle por pirata.  Raleigh sobrevive como una interesante y enigmática personalidad, más que como un peso o  fuerza en la historia.
[19] A principios del Siglo XVI el intercambio comercial entre Guatemala y España se estableció a través del entonces llamado Golfo Dulce (Lago de Izabal).   La piratería marítima en el Golfo de México y las incursiones a Guatemala por el Río Dulce, hizo necesaria la defensa del paso hacia el Lago de Izabal, donde se encontraban las bodegas de almacenamiento de mercancías que ingresaban y salían para España, construyéndose en 1560 el Castillo de San Felipe de Lara.
[20] El pirata Morgan logró con el asalto a Panamá la mayor gloria que ninguno de sus compañeros.  En 1670, después de una larga carrera de pirata, Morgan tomó Portobelo, cruzó el istmo y asaltó la ciudad de Panamá, donde se apoderó de la plata que iba a ser enviada a España.  Saqueó e incendió la ciudad, que abandonó el 24 de febrero de 1671, llevando consigo 175 mulas cargadas de oro, plata y joyas, amén de unos 600 prisioneros.  Carlos II le recompensó nombrándole Caballero y Teniente de Gobernador en Jamaica.
[21] Islas de Barlovento, nombre genérico que designa al conjunto de islas de las Antillas Menores, o Pequeñas Antillas, que se extienden formando un gran arco desde el este de Puerto Rico hasta la isla de Trinidad. Situadas entre el mar Caribe y el océano Atlántico.   Cabe señalar que la clasificación anglosajona establece una división diferente de las Antillas Menores: el paso de Dominica, entre esta isla y Guadalupe, marcaría el límite entre las islas de Sotavento, al norte, y las de Barlovento, al sur.  
[22] Secretario de Relaciones Exteriores; Libro Blanco, Controversia entre Guatemala y la Gran Bretaña relativa a la Convención de 1859, sobre Asuntos Territoriales.  Cuestión de Belice.  Tipografía Nacional.  Guatemala, 1938.
[23] Op. Cit.
[24] Bosch, Juan: De Cristóbal Colón a Fidel Castro – El Caribe, Frontera Imperial, Editorial de Ciencias Sociales, cuarta edición, 2007, p. 274.
[25] Honduras Británica fue el antiguo nombre de Belice; se le conoció así cuando el territorio era parte de la Corona británica.  Inglaterra proclamó a Belice como la colonia de Honduras Británica en 1862 y como  colonia de la Corona inglesa en 1871.  Honduras Británica permaneció subordinada a Jamaica hasta 1884, cuando adquirió una administración colonial separada al nombrársele un gobernador.  En 1964 Honduras Británica obtuvo su autogobierno; el nombre del territorio cambió a Belice en 1973.  
[26] Bosch, Juan; Op. Cit. p.288.
[27] Carpio Nicolle, Roberto:  Hacia Dónde va Belice, Ediciones Pop, Editorial Girblán y Cía Ltda, Ciudad de Guatemala, 1977, p.21.
[28] Toussaint, Mónica:  Belice, Textos de su historia, 1670-1981,  Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, Primera edición, 2004, p. 25.
[29] República Bátava (1795-1806), estado implantado en los Países Bajos y supeditado al control del gobierno revolucionario francés.
[30] Mendoza, José Luis:  Inglaterra y sus pactos sobre Belice, Capítulo III, p.75.
[31] Op.Cit., p.75
[32] Gall, Francis:  Belice:  Tierra Nuestra, segunda parte, p.61.
[33] Las Conferencias Unionistas Centroamericanas en el Siglo XIX son:  Convención de Chinandega, 1842; Conferencia de Guatemala, 1842; Dieta de Sonsonate, 1846; Dieta de Nacaome, 1847; Conferencia de León, 1849; Proyecto Iglesias, 1862; Conferencia de La Unión, 1872; Iniciativa Fish, 1873; Conferencia de Guatemala, 1876; Intentona de Barrios, 1885; Iniciativa Zaldívar, 1885; I Congreso Centroamericano, 1887; II Congreso Centroamericano, 1888-1889; III Congreso Centroamericano, 1889; Proyecto de Dieta Arbitral Centroamericana, 1891-1892; Conferencia Presidencial de Amapala, 1895; Tratado de Unión Centroamericana, 1897.
[34] República de Guatemala, Bases de su reclamación territorial, marítima e insular sobre el territorio de Belice, presentadas el 30 de marzo de 2001; Proceso de Conciliación, p. 17 y 18.
[35] Op. Cit., p. 19.
[36] Fue en la Costa de los Mosquitos donde, con el objeto de legalizar su presencia, Inglaterra creó un reino indígena con el que celebró supuestos tratados.   Aunque fue visitada por Cristóbal Colón en 1502, los europeos tuvieron poco contacto con el área hasta la llegada de los bucaneros en el Siglo XVII, después de lo cual los ingleses establecieron un protectorado sobre los indios misquitos, de donde esa región obtuvo su nombre.   España, Nicaragua y los Estados Unidos se disputaron dicha área hasta que finalmente el Gobierno de Nicaragua la ocupó y también se firmara el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 entre Estados Unidos y Gran Bretaña.   La principal ciudad de la Costa de los Mosquitos es Bluefields.

[37] Bosch, Juan; Op. Cit. 451.
[38] Rodríguez de Pozuelos, Carmen:  Relaciones entre España y Guatemala,  Historia General de Guatemala, Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Tomo IV, Guatemala, 1995, p.171. 

[39] Carpio Nicolle, Roberto, Op. Cit, p.44.
[40] Guerra Vilaboy, Sergio:   Historia Mínima de América, Editorial Pueblo y Educación, Cuba, 2003, pág. 159-160.
[41] Herrarte, Alberto:  Guatemala e Inglaterra (Belice), Historia General de Guatemala, Academia de Geografía e Historia de Guatemala.  Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Tomo IV,   Guatemala, 1995,p. 217.

[42] Herrarte, Alberto; Op. Cit., p.16.
[43] Op. Cit., p. 87 y p.48.
[44] Carpio Nicolle, Op.Cit., p.48
[45] Tratado Aycinena-Wyke 1859; Convención entre la República de Guatemala y su Majestad Británica, relativa a los Límites de Honduras Británica.   El texto del artículo primero de la Convención fue reproducido de manera tal que se respetara la ortografía propia de la época.
[46] Libro Blanco, Op.Cit., p.243.
[47] Op.Cit., p.66.
[48] En efecto, el artículo 6º, que establecía que el Presidente de la República era el Primer Magistrado y representaba la autoridad gubernativa de la nación, únicamente autorizaba a éste a celebrar tratados de alianza, amistad y comercio con otros gobiernos.
[49] Libro Blanco; Op. Cit.
[50] Villagrán Kramer, Francisco:  Elementos para el Análisis del Caso de Belice, 1997,  p.132.
[51] Op. Cit. Pág. 222.
[52] Locución latina que significa “como poseéis” y que consiste en la regla que prescribe que los Estados hispanoamericanos han heredado los territorios pertenecientes a la antigua potencia colonial dentro de los límites establecidos por aquella.
[53] Op.Cit., p.xi.
[54] Op. Cit., p.13, versión en idioma español.
[55] Op. Cit, p. 118.
[56] Orrego Vicuña; Lauterpacht; Shabtai Rosenne & Schwebel; Op. Cit., p. 17- 23.

[57]  “Según lo bueno y equitativo”,  “de la equidad y la conciencia”.   En el contexto del arbitraje, se refiere a la facultad de los árbitros de dispensar, tomando en cuenta la ley y considerando solamente lo que estimen justo y equitativo en el caso que se encuentren tratando.    El Artículo 38 (2) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia menciona que la Corte puede decidir casos bajo el principio ex aequo et bono, pero solamente cuando las partes así lo acuerden.

[58] Libro Blanco, 1938.
[59] Meers, Sharon I.: Triángulo de las Relaciones entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Guatemala, 1945-1954, Historia General de Guatemala, Tomo VI, p.41.
[60] Whitehall:  es el nombre de la calle en Londres donde se encuentran los ministerios.  Es usual aplicar ese apelativo al gobierno británico.  Se refiere, en esta investigación, al Foreign Office (FO).
[61] Op. Cit. p.41
[62] Op. Cit., p.41.
[63] Por ejemplo, en 1945, Arévalo presentó una resolución ante la Conferencia Interamericana de Chapultepec, México, en la que hacía un llamado a todas las naciones a “abstenerse de reconocer y mantener relaciones con los regímenes antidemocráticos… especialmente (aquellos) … que llegan al poder a través de un golpe de estado en contra de un gobierno democráticamente electo”. 
[64] Op. Cit., p. 42. 
[65] Cardoza y Aragón, Luis:  La Revolución Guatemalteca, Editorial del Pensativo, Guatemala, 2004, p. 61 y 63.
[66] El Artículo 36 (3) de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, se refiere en el Capítulo VI al Arreglo Pacífico de Controversias, así:    Artículo 33  l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.   2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen  sus controversias por dichos medios.  Artículo 36   1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.   2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.   3. Al hacer  recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

[67] Villagrán Kramer,  Op. Cit., p. 119.
[68] Op. Cit. p.42
[69] Op. Cit, p.42
[70] Op. Cit. p.42
[71] Op Cit., p.42.
[72] La UFCO se unió al conflicto “anticomunista” cuando la administración de Arévalo promulgó un nuevo Código de Trabajo, el cual era (según los parámetros estadounidenses) una ley inocua que no hacía más que delinear los derechos básicos del trabajador.  Ni siquiera se atrevía a fijar un salario mínimo.   Sin embargo, la UFCO era la mayor propietaria de tierras en Guatemala; esta empresa luchó contra el Código de Trabajo y lanzó una intensa campaña para desacreditar al gobierno de Arévalo en Estados Unidos.   Con la ayuda de expertos en cabildeo, la UFCO intentó convencer a Washington de que el código “discriminaba” en contra de las empresas estadounidenses, especialmente la citada.
[73] Op. Cit., p.43
[74] La UFCO controlaba directa o indirectamente cerca de 40,000 empleos en Guatemala.   Sus inversiones en el país estaban valuadas en aproximadamente US$600 millones, controlaba cerca de 225,000 hectáreas de tierra, de las cuales apenas explotaba 15%.   Funcionaba como un Estado dentro de otro Estado; poseía teléfonos y telégrafos de Guatemala; administraba el único puerto de importancia en el Atlántico y monopolizaba sus exportaciones de banano (plátano).   La subsidiaria de la compañía, la International Railways of Central America, IRCA, poseía 1500 kilómetros de líneas férreas en Guatemala, casi todas las del país.
[75] Op. Cit, p. 44.
[76] Op. Cit. 44. 
[77] Op. Cit..
[78] El discurso es un documento histórico sumamente valioso y es el que le valió el título de “canciller de la dignidad” al Dr. Guillermo Toriello Garrido (1911 – 1997), quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz; también ocupó diversos cargos en el servicio exterior de Guatemala:  fue Embajador en Estados Unidos, Embajador ante la OEA, Presidente de la delegación de Guatemala ante la ONU.  
[79] Op. Cit., p. 44.
[80] Op. Cit.
[81] Op. Cit., p.47.
[82] Gleijeses, Piero:  La Esperanza Destrozada, la Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos 1944-1954, Prólogo a la edición en español, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004, p.XXX.
[83] Op. Cit., p.XXXI.
[84] Op. Cit., p.50.
[85] Herrarte, Alberto; Op.Cit., p.179.
[86] El lease back  es el contrato por el cual el propietario de un bien inmueble lo vende a otra persona, la cual se lo cede en arrendamiento el vendedor, concediéndole, además, un derecho de opción de compra a ejercitar transcurrido determinado período de tiempo. 

[87] La Resolución declaraba lo siguiente:   …que la sujeción de los pueblos a una subyugación, a una dominación o a una explotación extranjera constituye una denegación de los derechos fundamentales del hombre, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación internacionales; que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación; que la falta de preparación política, económica o sociales no debe ser tomada como pretexto para retrasar la independencia; que se tomarían acciones inmediatas en los territorios no autónomos, sujetos a administración fiduciaria o cualesquiera otros que todavía no han accedido a la independencia, para transferir el poder a los pueblos de esos territorios, sin ninguna condición de reserva, y que cualquier tentativa dirigida a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los fines y principios de las Naciones Unidas.”
[88] El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) es un grupo de Estados que se formó durante la segunda mitad del siglo XX, en la época de la Guerra Fría, que se manifestó con el enfrentamiento indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.  La finalidad del MNOAL era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya nombradas.   Aunque haya caído el Muro de Berlín (1989) y la URSS se haya disuelto (1991), la organización continúa vigente.   El MNOAL tiene su antecedente originario en la Conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, que reunió a 29 Jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales.   En esa conferencia se enunciaron los Diez Principios de Bandung, que fueron adoptados posteriormente como los principales fines y objetivos de la política de no alineamiento y los criterios centrales para la membresía del Movimiento.   Con el paso del tiempo, el Movimiento evolucionó desde una neutralidad pasiva hacia un activismo de no alineación que le llegó a dotar de una importante fuerza internacional.  
[89] Díaz Lezcano, Evelio:  Breve Historia de Europa Contemporánea (1914-2000), El desplome del Imperio Británico.   La Habana, 2008.
[90] Neocolonialismo es el control indirecto que ejercen las antiguas potencias coloniales sobre sus antiguas colonias o, en sentido amplio, los Estados hegemónicos sobre los subdesarrollados.   Estos países no disfrutan de una independencia plena, sino que están sometidos a los dictados culturales, políticos, lingüísticos y, especialmente, económicos, de otro.
[91] Herrarte, Alberto:  El Caso de Belice, Historia General de Guatemala, Academia de Geografía e Historia, Tomo VI, Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, Guatemala, 1995, p.174.
[92] Los Miembros de la Mancomunidad de Naciones y fecha de membresía son:   Reino Unido (1931), Canadá (1931), Australia (1931), Nueva Zelanda (1931), Sudáfrica (1931, salió en 1961 y volvió en 1994), India (1947), Pakistán (1947, salió en 1972 y volvió en 1989), Sri Lanka –antigua Ceilán- (1948), Ghana (1957), Malasia –antigua Malaya- (1957), Nigeria (1960), Chipre (1961), Sierra Leona (1961), Tanzania (1961), Jamaica (1962), Trinidad y Tobago (1962), Uganda (1962), Kenia (1963), Malawi (1964), Malta (1964), Zambia (1964), Gambia (1965), Singapur (1965), Guyana (1966), Botsuana (1966), Lesoto (1966), Barbados (1966), Mauricio (1968), Nauru (1968, se unió como miembro especial, miembro pleno en 1999), Suazilandia (1968), Tonga (1970), Samoa –antigua Samoa Occidental- (1970), Fiji (1971, salió en 1987 y volvió en 1997), Bangladesh (1972), Bahamas (1973), Granada (1974), Papúa Nueva Guinea (1975), Seychelles (1976), Islas Salomón (1978), Tuvalu (1978, se unió como miembro especial, miembro pleno en 2000), Dominica (1978), Kiribati (1979), Santa Lucía (1979), San Vicente y las Granadinas (1979, se unió como miembro especial, miembro pleno en 1985),  Vanuatu (1980), Belice (1981), Antigua y Barbuda (1981), Malvinas (1982, se unió como miembro especial, miembro pleno en 1985), San Cristóbal y Nevis (1983), Brunei (1984), Namibia (1990), Camerún (1995) y Mozambique (1995).
[93] La esencia de los “pactos de contrahendo” es que se trata de acuerdos de principios y las Partes se obligan, de manera muy seria, a llevar a cabo tratativas y negociaciones con el objeto de celebrar a futuro un contrato definitivo.
[94] Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Bases de Entendimiento, 1981.
[95] Herrarte, Alberto: El Caso de Belice y la Mediación de Estados Unidos, Editorial Académica Centroamericana, Guatemala, 1980, p.309.
[96] Toriello Garrido, Guillermo:  Guatemala, más de 20 años de Traición,  Editorial de Ciencias Sociales,  La Habana, 1981, p. 116.
[97] Resolución 35/20 “Cuestión de Belice”, fue emitida el 11 de noviembre de 1980, en la 57ª. Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU.
[98] República de Guatemala, Bases de su reclamación territorial, marítima e insular sobre el territorio de Belice, presentadas el 30 de marzo de 2001; Proceso de Conciliación. Pág. 39.
[99] Op. Cit., p.116.
[100] La versión completa de esta comunicación oficial puede consultarse al final, como Anexo No. VII.
[101] Artículo 36 de la Carta de la ONU señala:  “1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.   2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.   3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.”  
Artículo 26 de la Carta de la OEA señala:   “Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución.”
[102] Bases de su Reclamación Territorial, Marítima e Insular sobre el Territorio de Belice, presentadas el 30 de marzo de 2001, Proceso de Conciliación, Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Guatemala, p.8.
[103] En las “Bases de Entendimiento” de 1981,  que nunca se llevaron a la realidad, se incluyó en el numeral segundo “el otorgamiento a Guatemala de aquellas aguas que le aseguraran un acceso permanente a la alta mar, juntamente con derechos sobre el lecho marino subyacente”, lo cual posteriormente fue considerado en Guatemala como en contra del Derecho Internacional vigente, porque todo Estado tiene el derecho de acceso a la alta mar, por lo que no depende del reconocimiento de ningún otro Estado.   Asimismo, en el numeral tres de dichas Bases, se estipulaba “el uso y disfrute de los cayos de Ranguana y Zapotillo y derechos en aquellas áreas del mar adyacente en los cayos, según convenga”.  
[104] Carta del Vicepresidente de Guatemala, Dr. Eduardo Stein, enviada al Gobierno de Belice en octubre de 1999.
[105]  Traducido por la autora.
[106]  Traducido por la autora.
[107] Op. Cit., p. 32.
[108] Una de las críticas fundamentales  al ALCA es que más parece un tratado de adhesión y una herramienta más del imperialismo para la explotación de América Latina y fue condicionado a la eliminación, por parte de los Estados Unidos, de los subsidios a la agricultura; otro tema polémico fue el relacionado a los derechos de propiedad intelectual y patentes, como también el que se tomara en cuenta las necesidades primordiales de todos los socios.  Como contrapropuesta a este modelo, Venezuela presentó la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

[109]  Lineamientos de la Política Exterior de Guatemala durante el Periodo 2008-2012, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, octubre 2008, p.19.
[110] En relación a los procedimientos judicial y arbitral, es preciso señalar que la CIJ es también llamada Tribunal Internacional de Justicia y es el principal órgano judicial de la ONU.   Fue establecida en La Haya, Holanda en 1945, siendo la continuadora, a partir de 1946, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, instituida por la Sociedad de Naciones en 1919. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los Estados (procedimiento contencioso) y emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (procedimiento consultivo).     Cabe mencionar, a su vez, que, en derecho, las cuestiones esenciales no difieren si se analizan por un arbitraje o con una regulación jurídica por la CIJ.  Sin embargo, las resoluciones de la CIJ presentan ventajas sobre las de un tribunal de arbitraje, ya que se trata de un órgano dotado de un reglamento y de un procedimiento ya probado, con un cuerpo experimentado; en consecuencia, recurrir a la CIJ es menos costoso para las Partes que a un tribunal ad hoc, donde cada Parte afronta sus propios gastos procesales y los concernientes al establecimiento y funcionamiento de un tribunal de arbitraje.  Los gastos que están relacionados al funcionamiento de la CIJ provienen de un presupuesto de las Naciones Unidas.   Asimismo, se le confiere una gran autoridad a los veredictos de la CIJ ya que, hasta el presente, la casi totalidad de ellos se han ejecutado sin problemas y por estar beneficiados con el prestigio del órgano judicial principal de las Naciones Unidas (Artículo 92 de la Carta de la ONU).